Trino Márquez 03 de noviembre de 2021
@trinomarquezc
La
visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a Venezuela
transcurrió en una atmósfera de secretismo y misterio, como todo lo que rodea
al régimen de Nicolás Maduro. El mismo gobierno que exigía que las
negociaciones con la oposición en México se realizaran frente a una cámara de
televisión, para que todo el país se enterara de lo que ocurría en ese
cónclave, optó por mantener en la semiclandestinidad al Fiscal. Incongruente
aunque comprensible, ¿verdad?
Desde que la exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda, señaló en noviembre de 2020, poco tiempo antes de abandonar el cargo, que existían fundamentos razonables para creer que el gobierno venezolano había cometido crímenes de lesa humanidad, Maduro se tomó muy en serio las demandas introducidas en la Corte por los familiares de las víctimas sobre los excesos de las fuerzas represivas durante las manifestaciones de 2018, y por allegados de los presos políticos que acusaron al régimen de tratos crueles e inhumanos en las cárceles venezolanas. Desde entonces ha tratado de reducir los daños, atenuando el peso de su responsabilidad en la ejecución de esos delitos, que desde la aprobación del Estatuto de Roma en 1998, se consideran graves e imprescriptibles. Preocupado por las consecuencias que esas denuncias pueden tener para él y el grupo que lo rodea, le ordenó a Tarek William Saab, el fiscal designado por la Constituyente dirigida por Diosdado Cabellos, que reconociera que el concejal Fernando Albán, el capitán Rafael Acosta Arévalo y el joven Juan Pablo Pernalete, habían sido asesinados por los cuerpos policiales que los custodiaban (en los casos de Albán y Acosta Arévalo, pues Pernalete fue abatido en una manifestación por la Guardia Nacional).
Durante
la permanencia de Kharim Khan en Venezuela, numerosas oeneges quisieron reunirse
con él para que el fiscal conociera de forma directa los argumentos y quejas de
las víctimas por la violación de los derechos humanos. No fue mucho lo que se
logró. El gobierno asumió el control de la visita para que todo quedara como
una especie de tour, de viaje turístico por una nación que cuenta con la mayor
cantidad de presos políticos, junto a las otras dos dictaduras del continente:
Cuba y Nicaragua. El régimen se propuso que el fiscal tuviese una visión
‘oficial’, por lo tanto, amable y placentera, de lo que ocurre en Venezuela.
Cuando el fiscal Khan presente el informe de su visita a Venezuela, podremos
saber cuáles fueron en realidad sus conclusiones. Recuerdo que cuando estuvo en
el país la primera comisión enviada por Michelle Bachelet para evaluar el
estado de los derechos humanos, el gobierno aplicó la misma táctica de
maquillaje y encubrimiento de la situación real. Se imaginó que el informe de
ese grupo iba a ser condescendiente y comprensivo con el régimen. La decepción
fue absoluta. El largo reporte elaborado por la comisión fue categórico: los
derechos humanos en Venezuela se violan de forma sistemática. A partir de ese
minucioso trabajo, la doctora Bachelet tuvo una intervención en la ONU en la
cual desnudó al régimen. Algo parecido podría ocurrir en esta oportunidad,
aunque la estadía de Khan fue solo tres días.
Provea,
Cofavic y el Foro Penal, entre otras organizaciones, han insistido en que
Nicolás Maduro se ha limitado a castigar a los eslabones más débiles, en el
caso de los crímenes que ha admitido. Sn embargo, ha protegido la cadena de
mando, que llega hasta las altas autoridades del ministerio de la Defensa y del
ministerio del Interior y Justicia. Esta conducta es la forma de Maduro
protegerse a sí mismo, pues si admite que en los crímenes cometidos, la
responsabilidad fundamental recae en las cabezas de esos despachos, de donde
salen las órdenes, la cadena causal tendría que seguir subiendo hasta la
presidencia de la República. Precisamente, este desenlace es el que quiere evitar.
La
presencia del fiscal de la CPI estimuló los reclamos de justicia de los
familiares del general Raúl Baduel y de grupos como Médicos Unidos de
Venezuela, que considera que Maduro debe ser enjuiciado por su desidia para
resguardar la vida del personal de salud. Venezuela es el país de América
Latina con el mayor porcentaje de decesos entre los médicos y paramédicos, a
pesar de la cantidad de contagios relativamente baja que se ha registrado, si
se le compara con otras naciones del continente.
Con un
Defensor del Pueblo sumergido en las catacumbas, con un fiscal general como
Tarek William y una Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial
presidida por Diosdado Cabello, es muy poco lo que puede esperarse en materia
de protección a los derechos humanos, el castigo a los verdaderos responsables
de los abusos y crímenes cometidos, y el resarcimiento de las víctimas y sus
familiares.
Hay
que esperar el balance de Kharim Khan y, simultáneamente, seguir organizándose
y presionando en Venezuela para que el régimen se vea obligado a respetar los
derechos de los venezolanos. El informe del fiscal de la CPI puede contribuir a
desprestigiar aun más a Maduro. Podría ser un folio más en su expediente, pero
será la fuerza interna de los sectores democráticos la que logre los cambios.
Trino Márquez
@trinomarquezc
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico