Expertos en materia internacional y de derecho sostienen que el Gobierno de Estados Unidos responde a diversas estrategias para propiciar el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
A finales de julio de este año, Didier Casimiro, exdirectivo de la empresa rusa Rosneft Trading, fue removido de la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El Gobierno estadounidense acusó en 2020 a Rosneft de negociar la venta y transporte de petróleo venezolano.
También en las postrimerías del mes pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) sacó de su listado de sancionados al exministro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Carlos Rotondaro. El exgeneral fue incluido en la nómina de castigados por “poner de relieve la mala gestión económica y la corrupción endémica que han sido características definitorias del gobierno de Nicolás Maduro”.
En junio de 2022, la OFAC excluyó de su lista de sancionados al extesorero nacional y sobrino de Cilia Flores, Carlos Malpica Flores. El también exvicepresidente de finanzas de Petróleo de Venezuela, S.A. (Pdvsa) fue sancionado en 2011 por supuesto blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
De igual forma, la OFAC levantó las sanciones personales a Cristopher Figuera, exdirector general del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), asilado en territorio americano.
Aunado a esto, en octubre del año pasado, el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos liberó a los sobrinos de Cilia Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, juzgados y condenados por delitos de narcotráfico a cambio de siete estadounidenses encarcelados en Venezuela, entre ellos cinco ejecutivos de la filial petrolera nacional en suelo norteamericano, Citgo.
De acuerdo con el abogado especialista en derecho internacional, Mariano de Alba, el levantamiento de sanciones a exfuncionarios del régimen madurista podría formar parte de negociaciones para avanzar en la agenda hacia el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
“Cada caso tiene su propia historia, pero si hablamos en términos generales, creo que es una señal de la disposición del Gobierno estadounidense a revisar y levantar sanciones en el marco de cambios de circunstancia o incluso negociaciones políticas”, dijo De Alba.
La internacionalista Elsa Cardozo indicó que las sanciones personales impuestas por la OFAC no son meras medidas de castigo.
“Aunque en efecto imponen costos de diversa naturaleza al sancionado e indirectamente a la institución a la que responden, hay razones, motivaciones, propósitos diferentes en cada caso. Su objetivo principal es lograr cambios de conducta en el régimen político y rupturas con él”, explicó.
Cardozo agregó que es cuesta arriba determinar a ciencia cierta qué hay detrás de un levantamiento de sanciones a personas.
“Cada caso debe ser evaluado en específico, con la dificultad de que no es posible conocer sus condiciones con certeza”, agregó.
Para De Alba, la eliminación de sanciones a un funcionario en específico podría responder a una estrategia para fracturar la estructura de un gobierno.
“Hay que mencionar que en algunos casos el Gobierno estadounidense levanta sanciones o deja de sancionar a ciertas figuras, tratando de generar discordia o desconfianza en los gobiernos donde funcionarios han sido incluidos en la lista”, comentó.
El retoño de Flores
Tanto Cardozo como De Alba coinciden en que en el caso de Malpica Flores y los llamados “narcosobrinos” hubo una negociación entre Caracas y Washington.
“Los casos de sanciones levantadas a parientes tan cercanos a Maduro y Flores parecen haber tenido el propósito de abrir el canal de comunicación directo, incentivar el reinicio de negociaciones políticas y facilitar la liberación de rehenes estadounidenses en Venezuela”, sostuvo Cardozo.
La internacionalista añadió que el de Rotondaro pareciera obedecer a su ruptura y denuncias contra el manejo de la salud por parte del régimen madurista.
“Y quizás por algún ofrecimiento de información al Gobierno de Estados Unidos”, agrega.
“Rotondaro tiene mucho tiempo que no forma parte del Gobierno venezolano y más bien desde su exilio se ha manifestado contra Maduro y en su momento apoyó con algunas declaraciones al expresidente interino, Juan Guaidó”, manifestó De Alba.
Sanciones levantadas no se traducen en bienestar
Para De Alba la remoción de sanciones personales no genera beneficio alguno para los venezolanos, la sociedad civil o la oposición.
“Pero sí es cierto que el levantamiento de sanciones puede ser parte de un acuerdo o un paquete de concesiones mutuas que contenga otras acciones o medidas que generen algún impacto para los venezolanos”, agregó.
De Alba puso como ejemplo a la petrolera Chevron.
“La renovación de la licencia a Chevron para sus operaciones en Venezuela ha permitido que esa empresa agregue al mercado cambiario una cantidad importante de dólares, ayudando a cierta estabilización de la economía y cierto freno a la inflación. Sin la licencia a Chevron, la economía venezolana se hubiera deteriorado mucho más en el primer semestre de este año”, expuso.
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