Gustavo Ocando Alex 02 de agosto de 2023
@gusocandoalex
No es
momento de expandir negocios en Venezuela, aconseja el economista Carlos Ñáñez.
La caída de la economía por 2 trimestres consecutivos ocurre en medio de una
inflación de más de 108 puntos en ese mismo período. Otro entuerto es la
inestabilidad cambiaria.
“Venezuela
se arregló” fue una frase repetida desde el año pasado en ciertos análisis
políticos y publicaciones de redes sociales, para vender la idea de que ese
país había superado su larga crisis económica. Ahora, los expertos apuntan que
aquella noción de mejoría se ha terminado de derrumbar en medio de una nueva
recesión.
La economía nacional cayó 7 puntos en el primer semestre de 2023, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, que se ha convertido en una referencia independiente ante la falta de data frecuente de organismos oficiales, como el Banco Central de Venezuela.
Ese
desplome de la actividad económica se ha traducido en “precariedad” en el
consumo y la calidad de vida del venezolano promedio, advierte el economista
Luis Crespo.
“Son
mayores niveles de pobreza para los venezolanos en un contexto muy difícil de
carestía y colapsos de servicios públicos. Atrás quedó la consigna de que
‘Venezuela se arregló’”, comenta el profesor de la Universidad Central a
la Voz de América.
Según
Crespo, expertos como él no veían alguna variable económica que “pudiera ser
sostenible” en el tiempo en medio de un colapso del aparato productivo
nacional, inflación elevada e “inestabilidad” del tipo de cambio oficial y de
mercados paralelos.
La
caída de la actividad económica en Venezuela fue “alarmante” en los dos primeros
trimestres del año, según las investigaciones del economista y profesor Carlos
Ñáñez.
De
acuerdo con sus apuntes, la economía venezolana registró menos 7,6 % entre
enero y marzo y menos 6,3 % entre abril y junio. Esas cifras son “una recesión
técnica”, que ocurre cuando un país acumula al menos dos trimestres en
registros nulos (cero) o negativos, dice.
¿Mejora o pobreza?
La
idea de un país que presuntamente se compuso no persiste ni en los escasos
reportes oficiales. El Banco Central, por ejemplo, ha indicado que la inflación
entre enero y junio fue de 108,4 puntos porcentuales y la acumulada en el
último año fue de 404,4 %.
El
mismo presidente Nicolás Maduro desacreditó la viral frase que proclamaba una
presunta mejoría económica. “Alguna gente ha salido a decir que 'Venezuela se
arregló'. No, no se ha arreglado. Está mejorando, Venezuela va a mejorar,
crecer, pero falta mucho por hacer”, dijo en junio del año pasado en un acto
oficial con emprendedores.
Un año
luego, el economista y diputado José Guerra, miembro del Observatorio
Venezolano de Finanzas, subraya que otra recesión hace “cada vez más pobre” al
país.
La
economía de Venezuela ya había caído de forma inédita para un país de la región
entre 2013 y 2021, cuando su producto interno bruto se desplomó en 75 puntos,
de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las
Naciones Unidas (CEPAL).
“En
recesión, caen el ingreso y la producción y está coincidiendo con una
aceleración de la inflación y lo hace peor”, dice Guerra a la VOA.
Políticas “sucias”
El
volumen de liquidez monetaria para financiar el gasto público en Venezuela ha
aumentado de forma “contundente” en los últimos meses, dice Ñáñez: en junio,
creció 19,21 %; en julio, hizo lo propio en 26,8 %, de acuerdo con sus
investigaciones.
Mientras,
el financiamiento del BCV a la estatal petrolera PDVSA ha incluso duplicado las
reservas internacionales totales del país: solo en mayo, fue de 10.117 millones
de dólares.
También
es clave el tipo de cambio en un país como Venezuela, donde el dólar desplaza
al bolívar como moneda referencial de precios e incluso en las transacciones
comerciales.
El
gobierno de Maduro, al que economistas como Ñáñez llaman “régimen” por sus
políticas “autoritarias”, ha ejecutado este año un total de 2.361 millones de
dólares en intervenciones cambiarias “sucias” por parte del Banco Central de
Venezuela.
Se
conoce así a la compra y venta de divisas extranjeras por parte de las
autoridades monetarias de una nación para influir en la tasa de cambio libre.
Esas
intervenciones son parte de una “conducta de volatilidad” cambiaria que aún
prevalece en el país suramericano, advierte Ñáñez.
El
precio oficial de un dólar era de 29,5 bolívares, la tarde del lunes 31 de
julio. Según Ñáñez, esa tasa puede marcar de 63 a 100 bolívares por dólar en
diciembre.
Economía entrampada
Manuel
Sutherland, economista y director del Centro de Investigación y Formación
Obrera (CIFO) de Caracas, coincide en que es “difícil” hacer un pronóstico
claro de la economía de cara al segundo semestre de 2023.
El
gobierno de Nicolás Maduro no ayuda a solucionar ese escenario si mantiene lo
que Sutherland llama “el encaje legal más alto del planeta” y limita así los
créditos.
El
experto acota que una recesión implica que “la economía está en una crisis
importante” que, en el caso de Venezuela, debe atenderse con un plan de
estabilización macroeconómica pactado entre diferentes actores políticos y
económicos, aumentando el gasto público, oficializando nuevos subsidios e
incrementando los préstamos, entre otras medidas.
Otra
consecuencia de la recesión es “la mayor mortalidad” o cierre de negocios y
menos oportunidades de aquellos emprendimientos que surgieron en medio de una
“burbuja” y de la especulación de un supuesto crecimiento de la economía,
advierte Ñáñez.
Venezuela
tiene hoy una economía “muy densa y opaca” cuyo destino inmediato, al menos de
cara al cierre del año, es prácticamente impredecible, según el investigador de
la Universidad de Carabobo.
De lo
que sí está seguro es de que “no es el momento” de expandir negocios, apunta el
especialista.
Ñáñez,
especialista en gerencia pública y magíster en finanzas de la Universidad
Central de Venezuela, asegura que la crisis del consumo es “evidente” mientras
los salarios básicos permanecen “anclados” desde hace más 1 año o
complementados con bonificaciones por parte del Estado.
Crespo,
por su parte, recuerda que 4,8 millones de jubilados y pensionados y 2,5
millones de trabajadores del sector público reciben ingresos en bolívares que,
como base mínima, apenas superan los 5 dólares y no cubren sino 12 % de la
cesta básica alimentaria.
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