Marta de la Vega 17 de abril de 2024
@martadelavegav
Mientras
estamos en un proceso electoral para la presidencia de la república que está
erizado de obstáculos, con insólitos chantajes y condiciones antidemocráticas
por parte del régimen violatorias del acuerdo de Barbados firmado con garantes
y acompañantes internacionales entre los representantes del régimen madurista y
los negociadores de las fuerzas democráticas, ocurren graves situaciones,
imposibles de obviar. Entre ellas, quisiéramos destacar dos hechos. La
publicación de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de los venezolanos
(Encovi 2023), presentada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) el 13
de marzo de 2024 y la aprobación el 3 de abril en la asamblea nacional
oficialista de un proyecto de ley supuestamente contra el fascismo.
Aunque ha habido una leve mejoría de algunos indicadores, seguimos en una emergencia humanitaria compleja. La realidad económica y social de Venezuela exige que haya políticas públicas coherentes y efectivas para solucionar aspectos de urgente atención por parte del Estado. ¿Qué esperar de un Estado que ha desertado de sus obligaciones e incumple los mandatos constitucionales vigentes que lo definen como un Estado Social de Derecho? ¿Qué prioridades hoy interesan a un Estado disuelto en intereses encontrados para acaparar lo que queda del erario público cual botín de guerra y cuyas estructuras de poder han sido asaltadas y usurpadas por una camarilla militar civil mafiosa y criminal?
¿Cómo
pretender que el país se haya arreglado, si en el plano geopolítico los aliados
estratégicos del gobierno actual no solo son de la cruzada anti-Occidente sino
los peores regímenes autocráticos, Irán, Rusia, China, Siria, Turquía, Corea
del Norte y en nuestra América, Cuba y Nicaragua, y Venezuela se halla en este entramado
como parte de un juego de poder que nos domina en el que somos los peones de
ajedrez?¿Cómo olvidar que el gobierno hoy es parte del crimen organizado
transnacional, que buena parte del territorio sirve de refugio y está tomado
por grupos terroristas de Hezbollah, Hamas, ELN, disidencias de las FARC y
carteles del narcotráfico y pretendamos que se le vaya a dar prioridad al
bienestar social y a las carencias de la gente cuando lo que importa es
preservar el poder a cualquier precio y utilizar para ello terrorismo de
Estado, persecución, miedo y represión?
La
radiografía de la crisis es desoladora. Hubo 16.212 hogares encuestados a
escala nacional. Entre los datos, 10% de los hogares más pobres reciben 10 U.S.
dólares al mes y 6 de cada 10 hogares se encuentran en pobreza extrema. Un
tercio de la población sufre de inseguridad alimentaria, 68% de los hogares
venezolanos dejaron de comer alimentos saludables y el 80% de las familias
temen no tener alimentos. Solo 6 de cada 10 estudiantes asiste a clases
diariamente. Entre las causas están inasistencia de maestros, desmotivación y
poca utilidad para colmar las necesidades cotidianas, falta de comida,
enfermedad y las deficiencias de servicios públicos. De cada 10 madres entre 15
y 19 años, 8 están fuera del sistema educativo, lo cual incrementa sus niveles
de pobreza. De las personas encuestadas con problemas de salud, el 40% se
automedicó o no acudió a consulta por no tener los recursos para pagarla en un
centro de salud.
Muchos
venezolanos han emigrado en busca de mejores oportunidades económicas y
condiciones de vida. Esto ha generado importantes flujos migratorios tanto
dentro del país como hacia el exterior. La crisis ha exacerbado las
desigualdades sociales y económicas en Venezuela y afecta de manera
desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población. Urge un
cambio de rumbo en el país y un nuevo gobierno que priorice la solución de los
múltiples problemas que enfrenta la población y ofrezca igualdad de
oportunidades para todos los venezolanos.
En su
afán de control totalitario y hegemonía de la autocracia venezolana, para
influir negativamente en la gente y organizaciones de la sociedad civil,
incrementar la represión y el miedo, el proyecto de ley contra el fascismo,
neofascismo y expresiones similares busca imponer la discrecionalidad para
su aplicación. Con un difuso marco de prohibiciones donde cabe todo lo que
moleste o agreda la sensibilidad del poder dominante, este proyecto de 30
artículos, sin ni siquiera respetar el principio de legalidad, no tipifica con
claridad en qué consiste en términos técnicos el fascismo. Irónico que sea este
gobierno autocrático que ejerce violencia de toda índole contra ciudadanos
inermes el que pretenda castigar la supuesta violencia de quienes se le oponen.
Recomiendo
el ensayo de Umberto Eco sobre el “Ur-fascismo”, publicado en Cinco
Escritos Morales, Buenos Aires, Lumen, 1997 y la carta abierta a Delcy
Rodríguez del colega amigo Humberto García Larralde, un estudioso del tema y de
su expresión venezolana. Un proyecto de ley que no respeta el principio de
legalidad debilita los fundamentos democráticos del país al permitir la
arbitrariedad y el autoritarismo en la aplicación de la ley. Su objetivo
es reprimir la disidencia política y limitar las libertades individuales. Esto
socava aún más la confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho, hoy
inexistente en Venezuela.
Queremos
votar, no como farsa o fraude, sino para elegir un nuevo rumbo, con un
liderazgo renovado, un nuevo gobierno y un nuevo modelo, que abra el horizonte
de la transición hacia una democracia con decencia, dignidad, respeto a los
otros y a los derechos de todos, tolerancia y libertades.
Marta
de la Vega
@martadelavegav
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