Yeny García 04 de mayo de 2024
Un
panel de expertos de la OEA encontró que en el 70 % de las denuncias de ejecuciones
extrajudiciales y el 83 % de los 1.500 casos documentados de tortura, la
justicia en Venezuela no ha procesado a ningún responsable. El grupo pidió
acción una vez más a la Corte Penal Internacional.
El
panel independiente de expertos internacionales de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) sobre la posible comisión de crímenes de lesa
humanidad en Venezuela denunció este viernes la impasibilidad de las
autoridades venezolanas ante la gran mayoría de los delitos documentados
y reiteró su pedido de acción a la Corte Penal
Internacional.
En el
70 % de los casos de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales la Justicia
venezolana no ha señalado a ningún responsable, lo mismo ocurre con el 83 % de
al menos 1.500 casos documentados de tortura, indica el tercer informe del
grupo, presentado en la sede de la OEA en Washington, junto a testimonios de
víctimas y familiares de personas cuyos asesinatos todavía continúan impunes.
Estos resultados son “sorprendentes”, dijo a la Voz de América el jurista Santiago Cantón, presidente del panel, que durante seis años ha documentado la existencia de crímenes de lesa humanidad cometidos por o con complicidad del gobierno venezolano - ejecuciones extrajudiciales, violaciones, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y persecución política-, así como la posterior inacción contra los responsables.
El
grupo de expertos señala como principales culpables de esta impunidad y demoras
en los procesos judiciales, “a la cúpula del gobierno de Venezuela”, con
Nicolás Maduro a la cabeza.
“Este
tercer informe ahora lo que busca es demostrar que en los crímenes de lesa
humanidad, incluso en casos emblemáticos que han sido denunciados y que se
conocen claramente, no existe absolutamente nada hecho por parte de la Justicia
Penal venezolana, por lo tanto, lo único que corresponde es que la fiscalía de
la Corte Penal Internacional (CPI) actúe en esos casos”, destacó Cantón.
Según
el también secretario general de la Comisión Internacional de Juristas,
llevarán estos nuevos hallazgos ante la CPI. “El fiscal actual ha dado los
pasos correctos a lo largo de los últimos años, tal vez nos gustaría que actúe
más rápidamente”, agregó.
“En
este caso en particular creemos que ya debería actuar, porque hay algunos casos
claramente que son delitos de lesa humanidad, donde no se está haciendo
absolutamente nada y claramente debería actuar, para evitar que continúe la
persecución política que está teniendo lugar en estos momentos”, dijo Cantón en
referencia a las venideras elecciones en Venezuela.
Caracas
niega estas acusaciones y califica a la OEA como una entidad al servicio de EEUU
que busca promover la desestabilización del país.
El
secretario general de la OEA, Luis Almagro, insistió este viernes en la
necesidad de hacer justicia. "Necesitamos un hemisferio libre de crímenes
de lesa humanidad", apuntó al inaugurar el evento.
Esperanza
"sembrada en los organismos internacionales”
Víctimas
de represión y sus familiares protagonizaron un momento emotivo en la sesión.
Visiblemente afectados, hicieron un recuento de sus vivencias en prisiones
venezolanas, la persecución por parte del gobierno y, como en el caso de Olga
González, el momento en que encontró baleado y muerto a su esposo Leonardo
González Barreto.
“Mi
esposo fue asesinado en el contexto de las protestas, cuando salió a protestar
por querer un país diferente y se encontró con funcionarios policiales que
atacaron su vehículo. 21 impactos de balas fueron los que le dieron al vehículo
donde él se trasladaba. Una de esas balas atravesó su espalda y lo mató”, narró
conteniendo lágrimas a la VOA.
Desde
ese momento y a pesar de residir todavía en Venezuela, González ha denunciado
el asesinato de su esposo ante varios organismos internacionales como
representante de la Alianza de Familiares y Víctimas 2017.
“Queremos
un país donde se respete la libertad de expresión. Y mi esposo, junto con
tantos jóvenes que salieron en ese año 2017 a protestar, pues quería eso. Sin
embargo, lo que encontró en el camino fue bala, pero aún así no han logrado
silenciar el grito de cada uno de ellos, porque nosotros sus familiares
seguimos luchando por ellos”, aseguró.
Para
González, la “esperanza está puesta en los organismos internacionales” porque
advirtió que en “Venezuela no va a haber justicia” para estos crímenes. “En
Venezuela se premia la impunidad, se dan ascensos a las personas que cometen
crímenes y nosotros vamos a llevar nuestro mensaje y nuestros testimonios a
cada rincón del mundo”, remarcó.
El
panel escuchó también los testimonios de exprisioneros y víctimas de torturas
que han contribuido a la documentación de crímenes recogidos en los informes.
“Estamos aquí para hablar por los que no pueden, por los que están siendo
torturados ahora mismo”, dijo el joven Nixon Leal, quien tuvo que salir al
exilio bajo amenazas contra su vida.
“Es
muy importante que la gente sepa que en Venezuela hay alrededor de 280 presos
políticos y que la persecución se está exacerbando dentro del país”, insistió a
la VOA Víctor Navarro. “Estar aquí hoy es seguir
alertando de las atrocidades que pasan. Por qué nuestro rol es que no se
normalice la tortura ni la persecución”.
El
joven venezolano se apoyó en su experiencia como exprisionero político en el
Helicoide, la famosa cárcel en forma de pirámide de tres lados, para crear el
proyecto “La memoria está viva", una suerte de museo de realidad virtual que
busca educar sobre las serias violaciones a los derechos humanos en el país
suramericano, con el que han viajado ya a 20 países.
Las
víctimas y sus familiares no han recibido “ninguna compensación, ninguna
preparación, ya sea colectiva o individual, para abordar la grave crisis, el
grave trauma sufrido a lo largo de los últimos 10 años”, precisó Joanna Frivet,
miembro del panel, quien insistió en el llamado a la Corte Penal Internacional
para llevar justicia a cientos de venezolanos.
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