Monitoreamos 02 de mayo de 2024
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El
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
presentó este lunes su Informe
Anual 2023 número 35, en el que advierte sobre una sistemática
vulneración de los derechos humanos en Venezuela bajo la gestión de
Nicolás Maduro, que ya suma 10 años en el poder.
Provea denunció que el régimen de Maduro sofocó los derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad personal con ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. Solo entre 2013 y 2023 se registraron: 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.
De
acuerdo a los registros de Provea, entre 2013 y 2023, al menos 10.085
personas fueron asesinadas por agentes de seguridad, la mayoría de estos casos
continúan sin ser investigados. Esta crisis ha significado que desde
mediados de 2015 diversos mecanismos de Naciones Unidas para la promoción y
protección de los derechos humanos, sigan con preocupación la crisis en
Venezuela y su impacto en la garantía de los derechos económicos, sociales,
culturales, ambientales, civiles y políticos.
Las
violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos han revelado la
existencia de una política o plan de Estado orientado a “promover, tolerar y
encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante
prácticas encaminadas a causar terror en la población”. Esta
advertencia ha sido una de las principales realizadas por la comunidad
internacional de los derechos humanos.
Emergencia
humanitaria compleja
Provea
también denunció que en 10 años de gestión, Maduro impidió un entorno favorable
para superar la pobreza y enaltecer el valor de los derechos humanos y la
democracia, desconociendo sus obligaciones respecto a la garantía de los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la población.
La ONG
aseguró que las políticas de Maduro han profundizado una crisis económica que
mantiene a la población en pobreza extrema, con más del 45% de los
hogares enfrentando inseguridad alimentaria y un salario mínimo
estancado en 130 Bs. (4 USD mensuales) que no cubre las necesidades
más básicas de una persona.
A
juicio de Provea, el deliberado estancamiento del ingreso mínimo de los
trabajadores forma parte de una política asumida por la gestión de Maduro para
desalarizar el trabajo, profundizando la precarización del empleo y
extinguiendo la capacidad de ahorro de las familias.
El
resultado de este panorama de alta inflación, bajos ingresos y débil protección
social es devastador, de acuerdo con diversos indicadores que detalla la
ONG: solo el 16% de los hogares consume una cantidad suficiente de
alimentos; 50,6% dedican casi todo su presupuesto a alimentos, y 45,2% de la
población está en inseguridad alimentaria.
En
materia de acceso a servicios básicos, las cifras son también alarmantes: 69%
de la población sufre severas restricciones para el acceso a agua potable,
61,9% enfrenta graves fallas de electricidad y 49,4% tiene escaso acceso a
servicios de transporte.
Entre
2015 y 2022 Venezuela cayó 39 puestos en la medición de Índice de Desarrollo
Humano (IDH) que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Al cierre de 2022, el organismo registró un IDH de 0,699 lo que
sitúa al país en el puesto 119 de 193 países analizados, entre los más
bajos de América Latina.
En los
últimos años, Venezuela ha sufrido una caída de más del 80% de su
Producto Interno Bruto (PIB), una de las mayores contracciones registradas
en las últimas décadas a nivel mundial, ocasionando un daño a la capacidad
productiva del país.
Además,
Provea precisó que, a pesar de las afirmaciones de los voceros oficiales sobre
el impacto de las sanciones financieras – impuestas a partir del 2017-, estas
fueron posteriores al inicio de la crisis económica que estalló con mayor
fuerza desde 2014.
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