Voz de América 28 de agosto de 2024
En una
reunión del Consejo Permanente de la OEA, la Comisión Interamericana de DDHH
presentó un informe sobre las más preocupantes violaciones a los derechos
fundamentales en Venezuela al cumplirse un mes de las elecciones
presidenciales.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó el miércoles al
gobierno de Venezuela a cesar la represión y liberar a los detenidos de manera
arbitraria, en la presentación ante la Organización de Estados Americanos (OEA)
de un informe sobre las violaciones más preocupantes a los derechos
fundamentales documentadas en el mes transcurrido desde las elecciones
presidenciales en el país.
Durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA solicitada por doce países, la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, reiteró que desde el pasado 28 de julio han registrado el uso injustificado de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, persecución judicial, el hostigamiento contra personas percibidas como opositores, así como censura y restricciones a las libertades de expresión y asociación.
Clarke
dijo que entre el 28 y el 30 de julio se denunciaron actos de violencia contra
las manifestaciones que causaron la muerte de al menos 23 personas, y que la
información preliminar da cuenta de que "10 de las muertes son atribuibles
a fuerzas del Estado, ocho a fuerzas militares, dos a la policía y seis" a
los colectivos que, afirmó, actúan con el consentimiento gubernamental.
La
reacción de EEUU
El
embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, dijo a la Voz
de América que más allá del "fraude" electoral, la
jornada del organismo analizó el tema de "las violaciones de los DDHH.
Mora
catalogó de "muy detallado" el informe de la CIDH. "Es
espeluznante el tipo de abusos que estamos viendo", dijo Mora en alusión
al centenar de niños y adolescentes detenidos por participar en las protestas
posteriores a las elecciones.
"Tenemos
la responsabilidad de apoyar al pueblo venezolano (...) insistiendo en que la
voluntad del pueblo venezolano que se expresó el 28 de julio", afirmó
Mora.
De
acuerdo con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ninguna de las
27 muertes reportadas en el contexto de las protestas contra los disputados
resultados electorales que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro y
que la oposición considera fraudulentos, son atribuibles a los cuerpos de
seguridad. Señaló como responsables a los "comanditos", una red
ciudadana de protección de los votos de la oposición.
Clarke
se refirió a la denominada Operación “Tun-Tun”, un término acuñado por altos
miembros del gobierno que, de acuerdo con familiares de quienes lo han vivido,
se traduce en la “visita” de miembros de las fuerzas de seguridad a viviendas
de aquellos percibidos como opositores, defensores de DDHH y testigos
electorales, para arrestarlos con o sin órdenes judiciales.
Además,
expuso que la relatoría especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha
recibido informes sobre una escalada de la represión y ataques sistemáticos en
Venezuela contra periodistas, detenciones arbitrarias, así como acusaciones por
incitación al odio y terrorismo.
También
resaltó que han registrado la cancelación de pasaportes a por lo menos 36
defensores, comunicadores y sus familiares, así como cierre de medios,
confiscación de equipos y bloqueos digitales.
Una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
calificada como nula por la oposición, y que fue rechazada por varios países, convalidó los
cuestionados resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó a
Maduro como ganador.
Un mes
después del proceso, el CNE no ha divulgado los resultados desglosados,
mientras que la oposición publicó copias de las actas que conservaron sus
testigos que demostrarían que el triunfo corresponde al candidato Edmundo
González Urrutia con más del 67 % de los votos.
Los
embajadores ante la OEA de países como Canadá, Paraguay, Perú, Costa Rica,
Panamá, República Dominicana, Guatemala, Chile, Estados Unidos, Argentina y
Uruguay entre otros, alertaron que las denuncias evidencian el deterioro de la
institucionalidad democrática en Venezuela y que no pueden ser ignoradas por la
comunidad internacional.
El
embajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, denunció que en Venezuela se
aplica el Zippenhaft, método usado en la Alemania nazi para perseguir a los
familiares de los judíos, en referencia al caso de la periodista Ana Guaita,
quien según dijo fue detenida para canjearla por su madre, Xiomara
Barreto, una dirigente política opositora en el estado La Guaira.
Abdala
pidió "respeto" y "solidaridad" con los venezolanos.
"Alguien puede animarse a ubicarse del lado de la barbarie en Venezuela?
No cabe ya ningún tipo de razonamiento ni de izquierda, ni de derecha, ni de
centro, esto trascendió completamente lo ideológico", expresó el embajador
uruguayo al calificar a Maduro como dictador y pedir firmeza en las posiciones.
Tal y
como han expuesto decenas de países, el embajador de Uruguay ante la OEA,
aseguró que “no hay otro camino que la publicación cuanto antes de las actas
electorales y que se proceda a la verificación imparcial e independiente de los
resultados de las elecciones”.
Hace
poco más de dos semanas la OEA aprobó, por consenso, una resolución que urgía
al organismo electoral venezolano publicar las actas desglosadas por mesa de
votación y respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de
la verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia,
credibilidad y legitimidad de las elecciones.
Venezuela
salió de la OEA en abril de 2019, luego de que el gobierno de Maduro denunció,
en 2017, la Carta de la OEA, documento fundacional del organismo.
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