RELE 23 de agosto de 2024
La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las detenciones arbitrarias
de periodistas y la persecución sistemática de medios y voces disidentes en
Venezuela durante el período poselectoral. La RELE llama a la comunidad
internacional a rechazar las medidas de censura y prácticas represivas
ejercidas como parte del patrón que busca generar terror en la población
venezolana; asimismo, le llama a exigir la liberación inmediata de las personas
detenidas arbitrariamente por el régimen.
Detenciones
arbitrarias
Durante
el período poselectoral, la Relatoría Especial ha documentado numerosas
detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas que ejercen
legítimamente su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica contra
los resultados electorales presentados por el Consejo Nacional Electoral. Desde
las elecciones del 28 de julio hasta el 19 de agosto, se han registrado
alrededor de 1,505 detenciones, incluyendo a activistas, defensores de derechos
humanos, líderes opositores, testigos electorales y periodistas. Entre las
personas detenidas, la RELE ha registrado al menos 2 líderes y activistas
LGBTI+ y 10 periodistas, de los cuales 4 enfrentan acusaciones infundadas de
terrorismo por cubrir manifestaciones. Estas detenciones suelen estar
precedidas por allanamientos y hostigamiento por parte de las fuerzas de
seguridad.
La
Relatoría Especial ha seguido de cerca el caso del periodista Roland Carreño,
detenido el 2 de agosto en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN), sin que se tenga conocimiento de su paradero. El SEBIN y la Dirección
General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) niegan tenerlo bajo su custodia;
asimismo, las autoridades se habrían negado a recibir una denuncia y habeas
corpus presentado en su favor. Roland Carreño es beneficiario de una medida cautelar de la CIDH otorgada
debido a la gravedad de su situación y la urgencia del riesgo de daño
irreparable a sus derechos.
Según
la información de sociedad civil, las detenciones y procesos penales contra
periodistas y activistas se llevan a cabo bajo la "Ley Contra el
Odio", sin garantías judiciales y con severas restricciones al derecho de
defensa. Los cargos comunes incluyen terrorismo, incitación al odio, instigación
pública, asociación ilícita, alteración del orden público y obstrucción de la
vía pública. También se reportan alegaciones de manipulación o fabricación de
pruebas por parte de las autoridades. Además, la RELE ha recibido informes
sobre las dificultades que enfrentan los familiares de personas detenidas, como
la dificultad para localizarlos, requisitos excesivos para visitas y extorsión
por parte de funcionarios. Las familias de periodistas acusados de terrorismo
enfrentan obstáculos adicionales, incluyendo dificultades para trasladarse al
área metropolitana de Caracas, donde se encuentran los tribunales
especializados.
Persecución
y criminalización de la prensa
La
RELE alerta a la comunidad internacional sobre el aumento de la represión del
régimen venezolano contra periodistas y medios de comunicación en el contexto
poselectoral. Las agresiones comunes incluyen allanamientos, cierre de medios,
confiscación de equipos, deportación de prensa internacional, anulación de
pasaportes, amenazas, despidos injustificados, censura, perfilamiento en grupos
de chat y extorsión. Estos actos han generado un clima de miedo entre las
personas trabajadoras de la prensa, quienes se han visto obligadas a tomar
medidas de seguridad para su autoprotección, tales como refugiarse en sus
residencias, limitar su actividad en redes sociales y evitar cubrir temas de
alto interés público.
A
nivel local, la Relatoría ha recibido reportes de amenazas de criminalización
contra periodistas por parte de alcaldes, gobernadores y grupos
"colectivos". También se ha denunciado la circulación de listas con
nombres, fotos e información personal de líderes, miembros de mesas
electorales, testigos y periodistas para facilitar su detención. Estas acciones
forman parte de una creciente estigmatización de periodistas y medios
independientes, quienes son calificados por funcionarios públicos como
"golpistas", "cómplices", "operadores de la derecha
fascista" y "terroristas financiados".
Debido
al creciente temor y la amenaza de criminalización en Venezuela, la RELE
conoció que al menos 6 periodistas y trabajadores de la prensa han decidido
exiliarse por razones de seguridad.
Represión
digital y cierre de espacios informativos
La
Relatoría Especial advierte sobre la criminalización y represión de las
expresiones en redes sociales, así como el uso de tecnología de vigilancia para
perseguir y censurar. Según información pública, altos funcionarios han acusado
a plataformas accesibles de ser "multiplicadores del odio" y
promueven leyes que etiquetan a quienes critican el régimen en línea como
"fascistas", "neofascistas" o "ciberfascistas".
Además, se han bloqueado selectivamente al menos 107 sitios web, incluidos 63 medios
y 9 plataformas de derechos humanos. En una transmisión en vivo, Nicolás Maduro
también ordenó el bloqueo y desinstalación de aplicaciones, fomentando
herramientas que comprometen la seguridad y privacidad de las personas
usuarias. Esta situación ha obligado a que periodistas eviten mostrar los
rostros en manifestaciones y a adoptar medidas para proteger su identidad y
mantener el anonimato.
Igualmente,
la CIDH y su RELE han
sido informadas sobre campañas de propaganda oficial y militar que
incluyen perfilamiento y ciberpatrullaje contra quienes critican al régimen en
redes sociales o participan en protestas. Además, se han denunciado la
producción de contenidos audiovisuales que retratan a críticos como criminales,
quienes también serían obligados a emitir mensajes de arrepentimiento frente a
cámaras de organismos de inteligencia, como actos de escarnio público.
El
bloqueo extensivo de sitios web ha impuesto un cerco informativo que limita el
acceso a contenido crítico y favorece la versión oficial de los resultados
electorales. Esta censura afecta la viabilidad económica de los medios y
restringe gravemente el ecosistema informativo en Venezuela. En este contexto,
la deportación de equipos de prensa internacionales, como el de TVN de Chile, y
las acusaciones de Nicolás Maduro contra la prensa internacional, exacerban la
opacidad y deterioran la pluralidad informativa. La RELE advierte que la
presencia de medios internacionales es crucial para garantizar la transparencia
electoral y movilizar el apoyo diplomático y humanitario necesario para abordar
la crisis de derechos humanos en el país.
La
RELE condena el abuso de poder del régimen venezolano, que emplea mecanismos
institucionales para silenciar y reprimir a quienes critican o disienten,
especialmente en relación con el proceso electoral. Estas prácticas de
violencia institucional y terrorismo de Estado no solo están dirigidas a la
persecución de sectores específicos, sino que instauran un clima de miedo e
intimidación generalizado, con el objetivo de perpetuar el régimen autoritario
oficialista en el poder. A esta grave situación se suma la reciente sanción de
la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las
organizaciones no gubernamentales y afines”.
Por lo
tanto, la Relatoría Especial insta a la comunidad internacional, y en
particular a los Estados de la región, a que exhorten al Estado venezolano a:
1. Liberar
a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales a la
libertad de expresión, participación política, prensa, asociación y reunión
pacífica;
2. Garantizar
que los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos
tengan acceso inmediato y sin restricciones para visitar a las personas
detenidas arbitrariamente y a sus familiares;
3. Poner
fin a la censura y a la represión masiva contra la ciudadanía que protesta, así
como a la persecución dirigida contra sectores específicos, incluyendo a
periodistas y medios de comunicación;
4. Garantizar
el ejercicio pleno del periodismo, incluyendo el acceso libre y seguro de las
corresponsalías internacionales;
5. Poner
fin al bloqueo de sitios web, al uso indebido de tecnologías de vigilancia y a
la represión digital, y proteger y garantizar el espacio cívico digital en y
sobre Venezuela.
No.
R190/24
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