Voz de América 29 de agosto de 2024
El
Consejo Europeo acordó no reconocer la legitimidad de Nicolás Maduro como
presidente electo de Venezuela, tras los cuestionados resultados de las
elecciones del mes pasado que son considerados fraudulentos por la
oposición.
El Consejo Europeo acordó este jueves no reconocer la “legitimidad” Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del mes pasado, anunció Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, quien sostuvo Maduro se mantendrá como “presidente de facto”.
“Hemos
estado pidiendo por las actas una y otra vez, pero un mes después no hay
esperanza de que Maduro presente las actas, es muy tarde para seguirlas
pidiendo”, manifestó Borrell tras una reunión de ministros de Relaciones
Exteriores de la UE.
“En
vista de que no hay actas, de que no hay verificación y de que tenemos que
nunca la habrá, no podemos aceptar la legitimidad de Maduro como presidente
electo. El Consejo decidió que Maduro no tiene legitimidad democrática como
presidente, él se mantendrá como presidente de facto, pero negamos la
legitimidad democrática basándose en un resultado que no se puede verificar”,
continuó.
Borrell
reconoció que la decisión del jueves no tendrá consecuencias prácticas
inmediatas, ya que la UE no ha impuesto sanciones por las elecciones.
Sin
embargo, dijo que la medida era una "declaración firme" de la UE, que
representa a unos 450 millones de personas.
El
Consejo Europeo es la institución de la UE que define las orientaciones y las
prioridades políticas generales de la Unión Europea.
Un mes
después de que Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales,
el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no ha publicado los resultados
desglosados a pesar de las reiteradas peticiones de la comunidad internacional
que ha exigido una verificación independiente.
La
oposición, por su parte, publicó copias de las actas que conservaron sus
testigos en los centros de votación en una página web y que confirmarían la
victoria del candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, un embajador
retirado de 75 años que fue respaldado por María Corina Machado, ganadora de la
primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos.
González
Urrutia participó este jueves por videoconferencia en una reunión de ministros
de cancilleres de la UE para presentar un cuadro de la situación que vive el
país.
Antes
de la reunión, el canciller de España, José Manuel Albares, había dicho que ante
las evidencias de que el gobierno de Maduro no tiene “voluntad” de divulgar las
actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio, su país solicitaría a
la UE evaluar “qué hacer” para que la voluntad democrática de los venezolanos
“triunfe”.
González
Urrutia no ha acudido a dos citaciones de la fiscalía que lo investiga por la
publicación de las actas que las autoridades consideran “usurpación de
funciones”, argumentando que no cuenta garantías y que el fiscal general “se ha
comportado reiteradamente como un acusador político”.
El
candidato fue citado a declarar por tercera vez ante el Ministerio Público,
pero Machado dijo que no acudirá a la citación, porque que en el país hay un
sistema “totalitario”.
En
2013 el partido de gobierno publicó copias de sus actas digitalizadas tras las
elecciones presidenciales en las que Maduro se impuso por estrecho margen sobre
el excandidato Henrique Capriles, sin que hubiera acciones judiciales.
Decenas
de países han condenado una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo
de Justicia que falló convalidando los resultados electorales, tras un recurso
interpuesto por Maduro, que de acuerdo a juristas no existe en el marco legal
venezolano.
El
informe preliminar del Panel de Expertos Electorales de la ONU, que en
principio sería confidencial y que finalmente fue publicado, expuso que la
gestión de resultados de la autoridad electoral no cumplió con los “requisitos
básicos de transparencia e integridad” esenciales para celebrar elecciones
creíbles. El gobierno de Maduro afirmó que el documento está “plagado de
mentiras”.
Los
resultados electorales provocaron protestas que, en algunos casos terminaron en
violencia y vandalismo, y que dejaron 27 muertos y unos 2400 detenidos.
El
gobierno acusa a la oposición de haber promovido actos violentos, mientras que
la oposición sostiene que se busca imponer la narrativa para justificar
detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas e intimidación contra la
disidencia.
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