Jesús
Elorza Lunes, 27
de febrero de 2012 en Analitica.com
El Gobernador del Estado estaba sumamente nervioso y desesperado por los resultados
de la acción policial ordenada por él contra la Junta Electoral de Primarias
Convocó
de urgencia una reunión en su despacho a los asesores jurídicos del régimen
para el análisis de la situación y diseñar una política que lo dejara libre de
culpa.
El primero en tomar la palabra,
consideró oportuno argumentar con un lenguaje de guerra de clases y señaló que
todo estaba bien que la culpa había que echárselas a los escuálidos por haber
desacatado la orden del TSJ. Vamos por ellos, localicemos sus conchas,
allanemos sus hogares, sembrémosles armas y drogas. Mostrémosmolos esposados a
los medios de comunicación. Procedamos a presentarlos ante los jueces
revolucionarios para que en juicios express los condenen a cadena perpetua.
Tembloroso, el gobernador preguntó
¿Y que decimos con respecto a la muerte del estudiante? La respuesta de la foca
del derecho, no se hizo esperar: Podemos decir que un manifestante lo empujó y
cayó entre las ruedas. También podemos usar un argumento genérico que señale
“que fue sin querer". El chofer de la grúa pensó que la banda de
contrarrevolucionarios lo iban a matar y aceleró el vehículo para huir de las
hordas. Dejemos en claro que tocó repetidas veces la corneta para pedir paso.
En ese momento, los medios de
comunicación repetían sin cesar el video que mostraba el trágico suceso. En ridículo quedó el abogado
guerrerista.
Haciendo uso del derecho, otro de
los jurisconsultos, intentó hacer un análisis objetivo de los hechos para
llegar a una conclusión. En primer lugar, debo decir que no debemos seguir
utilizando el argumento del TSJ, por cuanto en el mismo dictamen se ordena al
Ministerio de la Defensa la búsqueda de los cuadernos electorales y no a la
policía del Estado, el gobernador no forma parte del Plan República y se
extralimitó en sus funciones. En segundo lugar, el allanamiento a la sede de la
Junta Electoral se hizo sin las respectivas órdenes emanadas de un tribunal. La
detención y posterior retención de un vehículo privado sin la respectiva orden
de captura configura el delito de secuestro policial. Es evidente, por ser
público y notorio que las acciones producidas por parte de la comisión policial
que actuó en el trágico suceso donde perdiera la vida un ciudadano, configura,
sin lugar a dudas el delito de homicidio intencional.
Luego, haber manipulado el material encontrado en el vehículo secuestrado, representa un delito electoral.
Por último, lo mas grave que tengo
que decir, pero es mi deber decirlo, es que la policía estadal es un organismo
de seguridad comandado por el gobernador. En consecuencia, es responsable
directo de la autoría intelectual de todo lo acontecido.
Con una respiración acelerada, ojos
llorosos y a punto de desmayarse el gobernador sacó fuerzas para preguntar….
¿yyyyy qqquuue hhhhaaagggo?
Bueno, finalizó explicando el
abogado tenemos varias salidas: Renunciar al cargo, pedir asilo en la Embajada
de Cuba, someterse a un juicio y pasar el resto de su vida en Tocorón o quizás
la salida mas revolucionaria de todas seria acusar a los policías y al gruero,
entregarlos a la justicia y en un acto nunca visto de celeridad judicial
declararlos inocentes con el argumento sentimental mas no jurídico… que fue sin
querer.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico