OSWALDO BARRETO 20 de octubre de 2014
El "Grupo de
trabajo de detenciones arbitrarias", organismo de la ONU, se dirigió el
pasado 23 de septiembre al Gobierno de Venezuela para exigirle tanto la
inmediata puesta en libertad de Leopoldo López como que "se le otorgue una
reparación integral, incluida la compensación de carácter indemnizatorio y
moral, así como medidas de satisfacción como pudiera ser una declaración
pública de desagravio a su favor"
En las últimas Coordenadas, que
escribimos cuando ya oscurecían el horizonte de nuestras ya menguadas
actividades las nefastas amenazas sobre la supervivencia de Tal Cual,
anunciamos lo que se nos antojaba el tema prioritario para esta columna:
suministrar las Coordenadas de la resolución de un organismo de la ONU
exigiendo la libertad inmediata de Leopoldo López.
Varias semanas han transcurrido desde
entonces y a lo largo de ellas hemos vivido asuntos que han sacudido la opinión
de todos nuestros sectores sociales y por tanto temas legítimos y quizá hasta
de mayor urgencia para estas páginas. Pero la misma forma como se han vivido estos
acontecimientos nos retrotraen a nuestro propósito inicial.
El "Grupo de trabajo de
detenciones arbitrarias", organismo de la ONU, fundado en 1991 y
ratificado en 2006 por la Comisión de Derechos Humanos de lo que sigue siendo
la suprema instancia del derecho y la convivencia internacional activa, se
dirigió el pasado 23 de septiembre al Gobierno de Venezuela para exigirle tanto
la inmediata puesta en libertad de Leopoldo López como que "se le otorgue
una reparación integral, incluida la compensación de carácter indemnizatorio y
moral, así como medidas de satisfacción como pudiera ser una declaración
pública de desagravio a su favor" Difundida esta comunicación como una
respuesta del mencionado organismo a la detención arbitraria de López, una lectura
más cuidadosa del mensaje nos muestra que el Grupo ha formulado esta petición
al Gobierno venezolano porque en el caso de López "el derecho a un justo
juicio ha sido tan gravemente violado que invalidó la posterior detención"
Despojada de toda ambigüedad, la exigencia del organismo de la ONU se presenta,
entonces, por una parte, como un acontecimiento único en la historia de este
país y, por la otra, como un inesperado procedimiento que acarrearía
consecuencias de incuestionable validez para modificar radicalmente la
situación política actual. Y, por ambas razones, por lo insólito del
acontecimiento y por su alcance, nos vemos obligados a indagar sobre su origen,
su validez y su real alcance
¿SUPREMA
BENDICIÓN O ILUSIONES COMUNES?
Imaginemos por un instante que el
Gobierno actual hubiera respondido a tan civilizado y legítimo mensaje
acogiendo positivamente todo cuanto se le exige. Imaginemos que Nicolás Maduro
hubiera ordenado la inmediata puesta en libertad de López y hubiera llevado su
rehabilitación en todos lo planes a las que acceden aquellos injustamente
condenados a quienes se les devuelven todos los derechos y libertades propios
de todos ser humano. Imaginar tal cosa significa, bien lo sabemos, imaginar una
revolución copernicana como se han dado muy pocas en la historia.
¿Soñaban, deliraban, entonces, en un
acto no de imaginación sino del más crudo realismo, los que elaboraron
semejante pliego de peticiones? Y al plantearnos esto nos vemos obligados a
indagar qué seres humanos conforman ese grupo cuyas actividades excluyen todo
candor o fantasía para regirse estrictamente por el principio de realidad?
Gracias a Internet y a los archivos del propio GTDA llevados a lo largo de dos
décadas de trabajo, nos enteramos de que este tipo de exigencias liberar a
detenidos, han sido comunicadas por el grupo a varios otros Estados.
Sucintamente, el GTDA ha pedido la liberación de detenidos a Turquía, Armenia
Israel, Egipto y Colombia.
A los Estados de los tres primeros
países el GTDA ha solicitado en diversas ocasiones que aquellos detenidos por
razones de conciencia moral o religiosa, objetores de conciencia, sean puestos
de inmediato en libertad. Al Estado egipcio, el GTDA se ha dirigido en varias
ocasiones con el mismo tipo de exigencia y más recientemente para reclamarle la
puesta en libertad de Maihel Nabil Sanad, un "bloguista", como la
cubana Yoani Sánchez, que critica severamente a los militares. Y a Colombia, la
exigencia era distinta, aunque también ligada con los militares, el GTDA le pidió
al Estado colombiano que lieberara a todos aquellos que hayan sido detenidos en
las "batidas" o redadas que suele practicar el Gobierno como método
de recluta militar.
Esas incursiones del GTDA en la vida
penitenciaria o en los procedimientos penales de Estados soberanos tienen dos
características de hecho que las justifican o, por lo menos, las aclaran
perfectamente. Por un lado, las peticiones que hacen que pueden ser acogidas
por los Estados a quienes se les hace (como efectivamente parece que lo han
sido en varias ocasiones), sin que tal aceptación perturbe para nada la
estabilidad y el soberano funcionamiento de esos Estados y de quienes los
gobiernan. Y, por el otro lado, los GTDA proceden a formular tales peticiones
cuando son reclamadas por organizaciones de cada nación, bien sean partidos
políticos u organizaciones de la sociedad civil.
LOS
VERDADEROS RESPONSABLES
Quiénes, entonces, son responsables de
aquellos sueños y aquellas ilusiones. Sé que esta pregunta no es pertinente
para todos los que piensan que denunciar a un gobierno que sistemáticamente
viola los derechos del hombre y pisotea las libertades públicas es una de
nuestras primeras necesidades.
Pero si nos situamos en el terreno de
la lucha real, de la economía que tenemos que tener en el empleo de los
recursos con que contemos y, sobre todo, en el cuidado de arrastrar al combate
efectivo a todos los que efectivamente padecen esta situación, creemos que no
es absurdo afirmar que también nosotros, los de oposición, nos comportamos tan
irresponsablemente como se comporta el gobierno ante las exigencias de nuestro
orden democrático y ante el orden mundial.
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