Por
Natalia Matamoros
“70%
de los centros penitenciarios están bajo el dominio de los pranes, quienes
manejan no sólo el negocio de la venta de droga dentro del penal, sino también
la trata de blancas”. Así de contundente son las cifras que maneja el
criminólogo Fermín Mármol García.
El
abogado, experto en seguridad ciudadana y miembro del Consejo del Instituto de
Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela,
asegura que de los 38 penales existentes en el país, 26 son controlados por
pranes.
Sus
tentáculos se extienden al sicariato, secuestros, robo de vehículos, la
organización de fiestas de negocios en las comunidades como otra forma de ganar
dinero para la compra de armas y droga.
“Además
de que en la mayoría de los casos son los que planifican los desmembramientos
de algún integrante de su organización o de otra rival y dominan las zonas de
paz, ubicadas en el municipio Acevedo del estado Miranda”, expresó.
Esta
figura criminal ha encontrado terreno propicio para crecer apoyado en unas
políticas penitenciarias que le favorecen y que dan forma a una imagen
distorsionada de lo que debe ser aplaudido y lo que no, convirtiendo en héroe a
quien cumple con todos lo requisitos contrarios.
“el
conejo era un líder, ayudaba a los presos, les daba privilegios. Fui a visitar
varias veces a mi hijo en la cárcel y tenía todas las comodidades: había
piscina, discoteca, una sala de entretenimiento. Los fines de semana hacían
parrilla para que ellos pudieran compartir con la familia. A mi muchacho, que
estaba desde hace cuatro años preso en el penal de San Antonio, no le faltaba
nada”, señala Yusleidy Zambrano, madre de un recluso del penal de San Antonio,
en Porlamar, el cual fue cerrado recientemente luego de un tiroteo que se
produjo para honrar a “el conejo”, expran que fue asesinado de cinco tiros el
24 de enero de 2016, cuando salía de una discoteca en la avenida 4 de mayo.
“el
conejo” estuvo más de una década recluido en ese centro por tráfico de drogas,
extorsión y desvalijamiento de vehículos. Él controlaba el negocio de la venta
ilícita de sustancias en la isla. Amasó una fortuna de la que presumía con
lujosos vehículos, continuos viajes y escoltas, que no lo dejaban solo porque
sabían que tenía enemigos.
Para
García, la figura del pran se ha convertido en el país en una industria
criminal que además de beneficiar a la población reclusa, que forma parte de
este negocio, favorece a militares y civiles.
“En
otras naciones como en República Dominicana y Colombia esta figura se ha
debilitado por la imposición de controles: el bloqueo de llamadas telefónicas,
el paso de armas y la construcción de nuevas cárceles, convertidas en centros
de reinserción social. En Colombia, los pranes son llamados ‘caciques’ y están
en peligro de extinción”.
Negocian
con el gobierno
Para
el también criminólogo Javier Gorriño, el pranato actúa bajo el amparo del
gobierno central, que lo protege y negocia con los líderes.
“El
gobierno dice ‘no nos metemos con ustedes, siempre y cuando no permitan que se
registren motines’. Les da a los pranes el poder de hacer remodelaciones en las
cárceles, de cobrar a aquellos que quieren estar en una habitación de lujo que
incluya televisor, aire acondicionado, Blue Ray y otros servicios hasta 80 mil
bolívares. Este tipo de cobro lo llaman ‘la causa’. También les brinda apoyo en
las fiestas, donde una botella de whisky puede costar hasta 90 mil bolívares y
el servicio de prostitutas hasta por cuatro horas podría valer entre 20 y 25
mil bolívares, dependiendo de la vedette”.
Para
que el esposo de Luisa Contreras, recluido desde hace tres años por el delito
de robo en el Internado Judicial Rodeo II de Guatire, estado Miranda, pueda
convivir tranquilo, debe pagarle mil bolívares mensuales al pran 20.
“Si no
cancela religiosamente ese monto le hacen la vida imposible, lo torturan, le
roban la poca ropa que tiene, hasta le impiden la visita. Es una víctima
constante de amenazas. Tengo que ingeniármelas para conseguir esa plata cada
mes y no se puede atrasar en las cuotas”, refirió la mujer.
De
acuerdo con Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones,
cada vez que ocurren situaciones irregulares en las cárceles provocadas por
pranes, el Ministerio para el Servicio Penitenciario, sólo opta por vaciar los
centros, tal como ocurrió con el tiroteo que hubo en el penal de San Antonio, a
causa de la muerte de ”el conejo” y que devino en la reubicación de los
internos hacia otras instituciones.
Un
panorama similar reflejó la extinta cárcel de Sabaneta, en Maracaibo, que fue
desocupada luego de un motín liderado por “el mocho edwin” para tener el
control del centro.
“No
hay políticas concretas para erradicar el pranismo, sino una actitud de
complicidad”.
Sugirió
mejoras en los sueldos de los funcionarios dedicados a la custodia de los
internos para evitar la complicidad y la corrupción interna y abogó por la
eliminación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, y en sustitución
sugirió el fortalecimiento de programas que permitan la reinserción social de
los reos, mediante talleres educativos y de capacitación laboral.
Estos
a su juicio, fueron sustituidos por la implementación del orden cerrado en los
centros que funcionan bajo el Nuevo Régimen Penitenciario, “cuyos resultados
han sido nefastos porque en lugar de formar al hombre nuevo, se han convertido
en focos de violencia”.
10
años de auge en Venezuela
Carlos
Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, asegura que la
figura del pran se ha ido consolidando en Venezuela desde hace 10 años.
Comenzó
con el otorgamiento de privilegios a un grupo de internos, a través de la
entrega de armas, permisos para hacer fiestas y flexibilizando las visitas.
Con el
paso del tiempo, al gobierno central se les fue de las manos el control de los
centros de reclusión, al extremo que los directores de los penales y retenes
deben pedirle al pran su autorización para ingresar. No hay normas, ni leyes de
comportamiento que no las otorgue el líder.
“Los
pranes nunca trabajan solos, ellos tienen sus luceros o mano derecha, que
colaboran y participan activamente en los crímenes que planifican dentro y
fuera de la institución… Tienen buenos contactos con los funcionarios
penitenciarios que les permitan manejar sin reparos el negocio de la venta de
droga y compra de armas dentro y fuera del penal”.
Propuesta
Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones, insiste en que el camino más idóneo para depurar las cárceles de pranes y controlar el ingreso de armas, es que la Comisión de Asuntos Penitenciarios de la Asamblea Nacional promueva la descentralización carcelaria, que estos centros pasen a manos de los gobiernos regionales como lo expresa la Constitución Nacional y se imponga la custodia de un funcionario de seguridad por cada 10 reos. Aunado a ello, propuso la construcción de cinco cárceles de máxima seguridad, así como también la limpieza del poder judicial con la incorporación de jueces de ejecución y de fiscales fundamentales que vigilen el régimen penitenciario y que acusen formalmente a quienes permitan el acceso de armas de alto calibre a las cárceles.
24-03-16
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