Luis Loaiza Rincón 28 de marzo de 2016
“Renunciar
a la libertad es renunciar a ser un hombre, equivale a firmar la rendición de
los derechos de la humanidad, e incluso de sus deberes” (J.J. Rousseau. El Contrato
Social).
En las
democracias no puede haber presos políticos. La democracia, la libertad, los
derechos y la tolerancia constituyen eslabones de una sola cadena civilizatoria
construida durante siglos para asegurar la dignidad de las personas ante
cualquier poder.
Sin
embargo, ningún régimen no democrático acepta de buena forma ni abiertamente
que mantiene presos políticos. Por el contrario, son precisamente los regímenes
de dudosa naturaleza democrática, los que en su intento de cuidar las
apariencias ante la comunidad internacional, terminan ocultando el carácter
político de muchos de sus presos. En otras palabras, donde hay presos
políticos, los procedimientos legales utilizados para mantenerlos injustamente
en la cárcel, están diseñados para ocultar esa condición con recursos que van
desde la invención de cargos criminales hasta la obstrucción del debido proceso
con el retardo, desnaturalización y negación de los derechos y beneficios
contemplados en la Constitución y en las leyes.
La
libertad está íntimamente ligada con la ley y con la democracia. Por ello
resulta sencillamente criminal que por razones políticas o subalternas se
manipule la ley para privar de su libertad a cualquier ser humano.
La
historia ha dejado en evidencia la anormalidad de consentir un gobierno que,
apartado de la Constitución y las leyes, se dedique a someter al pueblo que
tendría que defender. Las sociedades se dan gobiernos para hacer prevalecer y
respetar los derechos de sus miembros, no para negar o perder esos derechos.
Por tanto, la instrumentalización política del poder judicial significa la
muerte del Estado de Derecho, de la Libertad, la Democracia y, por tanto, de la
dignidad del ser humano. El caso es que frente al oprobio, los pueblos siempre
sobresalen retornando a la Libertad y a la Democracia.
Desde
hace tiempo se viene observando la existencia de presos políticos en Venezuela
y que su número aumenta mes a mes. Desde hace tiempo se viene denunciando esta
grave situación y cada día hay más atención internacional sobre la violación de
los derechos humanos que estamos sufriendo cada vez más venezolanos. Especial
mención nos merece el caso de nuestro compañero y amigo, Manuel Rosales
Guerrero, fundador y líder del partido demócrata social “Un Nuevo Tiempo”.
Manuel
Rosales es un preso de conciencia del régimen porque se le mantiene en la
cárcel por sus ideas y por su incuestionable compromiso con la democracia en
virtud del cual contribuyó decisivamente a derrotar electoralmente a ese mismo
régimen en el Estado Zulia y en toda Venezuela en varios procesos
fundamentales. No hay otra razón. Todo lo demás se ha caído por su propio peso.
En su expediente sólo sobresalen los vicios de un proceso en el que se demuestra
la existencia de pruebas forjadas, falsas acusaciones y una vil componenda
delatada por sus propios autores.
No
cabe duda que los presos políticos pagan con sus vidas el más alto precio para
que los demás podamos tener algo de lo que ellos carecen en absoluto, que es su
libertad. De allí la importancia de no olvidar ese sacrificio, de no olvidar a
sus familias y de no olvidarnos de la precariedad de nuestra propia libertad.
Son
fascistas los gobernantes que consideran que los derechos humanos son concesiones
o privilegios otorgados desde el poder, que se dan o retiran a conveniencia. A
ellos se les olvida que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que la
justicia divina tarda pero no perdona.
Luis
Loaiza Rincón
Diputado
ante el PARLASUR
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