ANDRÉS CAÑIZÁLEZ 24 de marzo de 2016
El
escenario fue un pueblo minero. 17 personas murieron tras recibir disparos a
quemarropa, 16 de ellos le dieron un balazo en la cabeza. Los cuerpos fueron
ocultados en un lodazal en una zona boscosa. Los familiares encabezaron una protesta
para exigir una investigación y la primera reacción del gobernador regional fue
decir que se trataba de una maniobra política “de la derecha” que había
generado una “masacre virtual”.
Tumeremo,
que así se llama el pueblo ubicado en el sureño estado Bolívar, sólo fue
noticia durante una semana a inicios de este mes de marzo. Ya luego la sociedad
venezolana y el sistema periodístico pasaron a ocuparse de otras cosas. La
violencia, incluso en un caso como éste, parece estar metabolizada entre los venezolanos.
De
acuerdo con los datos del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en
2015 ocurrieron 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, con lo cual
Venezuela se coloca entre los dos países más violentos del mundo, junto con El
Salvador. Sobre la violencia, como en muchos otros tópicos sensibles para el
régimen chavista, no hay información oficial. El OVV es una iniciativa en la
que confluyen académicos de diversas universidades y de diferentes regiones y
es, en este momento, una referencia para entender el fenómeno de la violencia
en Venezuela.
Lo
ocurrido a inicios de marzo en Tumeremo simboliza sin duda cómo el poder
político y la sociedad en su conjunto procesan casos sin duda dramáticos, que
eventualmente en otros países hubiesen generado consecuencias políticas,
institucionales o sociales. En Venezuela sencillamente nada de eso pasó. Salvo
que una combinación de presión por parte familiares junto a la cobertura de una
activa (aunque no tan potente) prensa independiente logró que al menos se
identificaran las víctimas y que recibieran la debida sepultura y duelo por
parte de sus familias.
El
gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, descalificó abiertamente
a familiares y diputados de oposición, que en un primer momento denunciaron lo
que sin duda fue una masacre. Una semana después, cuando la realidad se impuso
sobre el discurso oficial y aparecieron los 17 cuerpos, Rangel Gómez
cínicamente dijo que él había denunciado los hechos. El caso no tuvo
consecuencia alguna para él.
La
fiscal general Luisa Ortega Díaz esgrimió la tesis de que los muertos habían
sido víctimas del enfrentamiento entre bandas. Esta frase usada hasta la
saciedad por el poder para explicar los hechos que pueden salpicarle,
sencillamente le dice a la sociedad: no tienes por qué preocuparte, ya que los
muertos estaban involucrados en algún hecho delictivo.
El
defensor del pueblo, Tarek William Saab, apenas puso un pie Tumeremo adelantó
que los responsables eran extranjeros (ecuatoriano, colombiano), lo cual
termina siendo otro subterfugio del poder para explicar la violencia que devora
al país: los hechos violentos los generan delincuentes importados.
La
prensa independiente, en tanto, si bien puso el foco sobre Tumeremo en las
primeras de cambio y su papel fue importante en llamar la atención sobre la
gravedad de lo ocurrido, luego de dictarse la versión oficial dio por cerrado
el asunto. No se detuvo, siquiera, en lo que a todas luces era una tentadora
contradicción (para un trabajo periodístico de investigación) ya que por un
lado la fiscal dijo que la investigación había concluido, mientras que el
defensor insistía en que posiblemente existían otras fosas comunes, y por tanto
debía continuar la investigación criminal.
La
violencia en Venezuela se hizo el pan de cada día en esta década y media en la
que ha gobernado el chavismo. Aunque debe decirse que el número de homicidios
era ya preocupante en 1998, antes de que Hugo Chávez llegase al poder por
primera vez. Según el OVV, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes
pasó de 20 (1998) a 38 (2002) en los primeros años del chavismo. El crecimiento
ha sido constante aunque se han registrado picos que a cualquier gobierno y
sociedad alarmarían: la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes dio un
salto en el último lustro, al pasar de 57 (2010) a 90 (2015).
En
cualquier país esta problemática serían motivo de una cruzada nacional, en
Venezuela la violencia parece estar metabolizada, sencillamente asimilada por
la sociedad y especialmente interpretada por el poder, a su conveniencia.
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