LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa del pueblo venezolano, de la
Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho
ACUERDO QUE CONTINE
EL PLEIGO NACIONAL DE CONFLICTO QUE UNIFICA LA LUCHA POR EL RESTABLECIMIENTO DE
LA
DEMOCRACIA
Y EL RESCATE DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS, CIVILES, POLITICOS Y ECONOMICOS DEL
PUEBLO VENEZOLANO
Considerando
Que
el régimen usurpador se niega a que los venezolanos podamos decidir nuestro
propio destino y ha proscrito de nuestro texto constitucional el derecho a la
participación política, el derecho al sufragio, nuestro derecho a elegir, el
derecho de asociación con fines políticos y el derecho a la manifestación y la
protesta;
Considerando
Que
los derechos sociales constitucionalmente protegidos han sido conculcados y
secuestrados por el régimen usurpador e incumple con todos sus deberes
comenzando por el sagrado derecho a la salud de todos los venezolanos, así como
los derechos a un trabajo digno y a un salario que cubra las necesidades de la
familia;
Considerando
Que
hizo inexistente el derecho a las prestaciones sociales, secuestró el derecho a
la contratación colectiva, desconoce el derecho a la sindicalización y a la
democracia sindical y pretende que todos los sindicatos permitidos sean
patronales;
Considerando
Que
eliminó por la vía de los hechos el derecho a la seguridad social y la
protección a los ancianos con pensiones de hambre, no cumple con su deber de
proteger a la familia, ni a los niños ni a los adolescentes;
Considerando
Que
el derecho a tener educación de calidad, plural e integral ha sido pulverizado,
así como violentada la autonomía universitaria interviniendo en sus procesos
internos y negándoles un presupuesto digno que cubra las necesidades de la
comunidad universitaria para el cumplimiento de sus deberes de formación;
Considerando
Que
ha atentado y violado la libertad económica, ha confiscado la propiedad
privada, acabó con la producción industrial y agropecuaria, no respeta la libre
empresa para la generación de riqueza y la generación de fuentes de trabajo de
calidad;
Considerando
Que
acabó con los servicios públicos de calidad a los que está obligado conforme al
texto constitucional, incumpliendo incluso con los servicios mínimos como el
servicio eléctrico, el suministro de agua potable, todo el sistema nacional de
transporte público, las vías de penetración rurales, el gas doméstico para la
familia venezolana, entre otros servicios públicos fundamentales para la vida
de nuestro pueblo;
Considerando
Que
son inexistentes los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la libertad
personal, la integridad de las personas, la prohibición de realizar torturas o
recibir tratos crueles o inhumanos, la inviolabilidad del hogar, el debido proceso
que contiene el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho al
juez natural, como también son inexistentes el acceso a sistema judicial que
brinde al pueblo la posibilidad de resolver sus controversias;
Considerando
Que
ha anulado mediante vías de hecho la libre expresión del pensamiento y el
derecho a la libre información;
Considerando
Que
utiliza todo el sistema público de comunicaciones para violentar el derecho al
honor y reputación de las personas;
Considerando
Que
no es capaz de proteger la vida de los ciudadanos y que por el contrario ha
convertido a los principales cuerpos de seguridad del estado en órganos para la
represión y hasta para la comisión de delitos con total impunidad;
Considerando
Que
el régimen usurpador favorece y es partícipe en delitos graves que involucran
tanto el narcotráfico como el terrorismo, convirtiendo a nuestra patria en una
amenaza constante tanto para sus propios ciudadanos, como para la comunidad
internacional;
Considerando
Que
el régimen usurpador es incapaz de cumplir con ninguna de sus obligaciones
esenciales en materia política, económica, social y humanitaria;
Considerando
Que
el régimen usurpador es incapaz de asegurar la eficiencia del aparato estatal,
así como tampoco la defensa y el resguardo de nuestra soberanía territorial o
de la población; la productividad y el crecimiento económico, la salud, la
alimentación del pueblo venezolano;
Considerando
Que
el régimen usurpador carece de legitimidad política interna y de reconocimiento
internacional, convirtiendo al Estado venezolano en un Estado débil, frágil e
inestable;
Considerando
Que
todo lo anterior, por responsabilidad del régimen usurpador, ha convertido al
estado venezolano en un estado fallido que ha fracasado en el desempeño de sus
funciones básicas y no es capaz de asegurarle a la población venezolana la
satisfacción de sus más básicas necesidades;
Acuerda
Primero: Consientes
de que llego el momento de unir todas las luchas en una sola lucha, se aprueba el presente Pliego Nacional de
Conflicto que determina la necesidad de acumular todas las fuerzas de todos los
sectores del país para la liberación del pueblo venezolano que ha sido sometido
por un régimen usurpador y tiránico que ha secuestrado no sólo a las
instituciones democráticas, la libertad y el derecho de nuestra gente a decidir
su propio futuro, si no que, para mantenerse en el poder, ha violado el más
sagrado de los derechos de todo ser humano, la vida.
Segundo: La vía
constitucional y democrática para la restitución de los derechos del pueblo de Venezuela la constituye una
elección presidencial libre, justa y verificable, por lo que asumimos la tarea
de hacer confluir todos nuestros esfuerzos para la consecución, en el menor
plazo posible, de esa eleccion presidencial, en el cual la soberanía popular
pueda manifestar, mediante el voto, su deseo y necesidad de cambio.
Tercero: Son
condiciones innegociables para la celebración del proceso electoral presidencial de manera libre, justa y
verificable la existencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral imparcial que
sea designado por ésta legítima Asamblea Nacional como lo ordena la
Constitucional Nacional, la rehabilitacion de todas las organizaciones
políticas incostitucionalmente canceladas por el régimen, la habilitación y el
retorno de todos los derechos políticos de todos los ciudadanos conforme a la
ley para el ejercicio del sufragio pasivo y activo, el cese de las
persecuciones y la judicialización de la política, así como las inhabilitaciones
inconstitucionales, la garantía del derecho al voto para todos los venezolanos
que han tenido que emigrar de nuestra patria por la innmesa crisis humanitaria
causada por el régimen tiránico, la presencia de observadores internacionales
con credibilidad en todas las etapas del proceso electoral para garantizar el
cumplimiento de todas las reglas que permitan una competencia electoral en
igualdad de circunstancias, sin menospreciar el resto de las condiciones
necesarias para la trasparencia del proceso.
Cuarto: Es
necesario el recate del resto de los poderes públicos cuyos integrantes han renunciado a los mandatos
constitucionales de independencia y autonomía en sumisión absoluta a la
tiranía, o han sido designados en violación flagrante a los procedimientos y
requisitos establecidos en nuestra Carta Magna, para que se constituyan nuevos
poderes públicos garantes de todos los derechos políticos, sociales y
económicos del pueblo venezolano en su conjunto y hagan respetar su voluntad
soberana manifestada en el voto.
Quinto: Nos
oponemos a cualquier intento que realice el régimen para, por medio de procesos fraudulentos, amañados y sin
ninguna garantía, ejecutados mediante falsos diálogos en donde sólo negocia
consigo mismo, obtener una pretendida legitimidad democrática ante el país y el
mundo. No aceptaremos, avalaremos, ni participaremos en ningún proceso
electoral que no cuente con las condiciones necesarias para ser libre, justo y
verificable.
Sexto: Lucharemos
incansablemente hasta rescatar el orden constitucional y la democracia en nuestro país, única vía para que
nuestro sufrido pueblo venezolano pueda salir con esfuerzo y constancia, de la
crisis humanitaria en la que lo ha sumido el régimen autocrático que, mediante
la represión, la persecución, el chantaje, el miedo y la violación sistemática
de todos los derechos fundamentales inherentes a la diginidad del ser humano,
ha violentado.
Séptimo: Dar
publicidad al presente acuerdo.
Dado, firmado y sellado en la
avenida Principal de las Mercedes, municipio Baruta, estado Miranda, sede de la Asamblea Nacional, por decisión de
la Junta Directiva, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del Reglamento de Interior y de Debates
de la Asamblea Nacional, motivado por la usurpación que la dictadura de Nicolás
Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo, al décimo día
del mes de marzo de 2020. Años 209 de la Independencia y 161 de la Federación.
JUAN
GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ
Presidente de la Asamblea Nacional
JUAN PABLO
GUANIPA CARLOS
EDUARDO BERRIZBEITIA
ÁNGEL
PALMERI BACCHI JOSÉ LUIS
CARTAYA PIÑANGO
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