Por Fernando Pereira
Un
estudio reciente realizado en el Reino Unido encontró que los niños que
experimentan abuso sexual o físico o que sufrieron negligencia infantil tienen
más probabilidades de morir prematuramente como adultos.
Nina
Rogers, médica de la Universidad de Londres, encabezó un equipo de
investigadores que analizó los datos de 9310 personas nacidas en el año 1958 y
las siguieron durante años de su vida. Los investigadores examinaron los factores
socioeconómicos y relacionados con la salud que podrían explicar por qué las
personas que fueron abusadas o sufrieron negligencia y descuidos en la
infancia, o que nacieron en desventaja económica, tenían más probabilidades de
morir en la mediana edad.
¿Qué encontraron?
- Los adultos que informaron
haber experimentado abuso sexual a la edad de 16 años, tenían un riesgo
2.6 veces mayor de morir en la mediana edad, es decir, entre los 45 y los
58 años, que aquellos que no informaron haber sufrido abuso sexual.
- Adultos que informaron
experimentando abuso físico a los 16 tenían un riesgo 1,7 veces mayor de
muerte prematura.
- Las personas que experimentaron
negligencia (evaluada utilizando respuestas de cuestionarios recopilados
de los padres y maestros de los encuestados durante su infancia) tenían un
riesgo 1,4 veces mayor.
Según
Rogers, haber encontrado que los niños que no reciben los cuidados necesarios
tienen un 43% más de riesgo de morir temprano en la edad adulta, destaca
un componente crítico del maltrato infantil. Este trabajo muestra las
consecuencias duraderas que pueden tener tipos específicos de abuso y
negligencia infantil.
Fuera de la agenda política
La
entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y
Adolescente (2000) le dio competencias a los gobiernos municipales y regionales
y dinamizó su rol en la protección de ese sector de la población. La creación
del sistema de protección, consejos de derechos, consejos de protección,
defensorías de la niñez posibilitó la capacitación de miles de funcionarios en
todo el país y la creación de programas de atención.
Ese
esfuerzo se comenzó a debilitar con la primera Reforma de la ley (2007) donde
se limitaron las competencias legales de los municipios y se eliminaron los
consejos estadales. Al impacto del centralismo se sumó la emergencia
humanitaria compleja para debilitar, desinstitucionalizar y
desprofesionalizar el entramado social que se había gestado.
No
puede extrañar entonces que los candidatos y candidatas a ocupar cargos de
elección en los comicios regionales del 21 de noviembre no planteen propuestas
dirigidas a la protección de la niñez. Hecho que contrasta con una realidad
donde cada día se presentan casos y denuncias sobre malos tratos, abuso y
violencia hacia niños y niñas.
De ahí lo pertinente del llamado que hace la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) a los participantes en la contienda electoral, a sus equipos y partidos.
Propone
la Redhnna que:
–
Cada gobierno apruebe y ejecute una Política Pública de Protección Integral de
los derechos de niños, niñas y adolescentes asignando recursos financieros
suficientes para el funcionamiento de los servicios, instituciones y programas
que se requieren para proteger la vida, la salud y el desarrollo de los niños,
niñas y adolescentes.
–
Exista un sistema de información robusto y transparente sobre la situación
de la niñez y la adolescencia en las localidades, así como los recursos
técnicos y financieros para brindar una atención especializada a NNA víctimas
de abusos y violencia, o sin cuidado de sus padres, madres o familias.
– Las
familias que afrontan situaciones difíciles debido al desempleo, la crisis
económica, la separación de familiares, los desastres naturales, enfermedades o
muerte, reciban el apoyo que, como lo establecen la CSDN, la Constitución y la
LOPNNA, el Estado está obligado a brindar para que puedan cumplir con su labor
en la formación, manutención y cuidado afectuoso, equitativo y sin violencia,
de sus hijas e hijos.
– Se
fortalezcan las instituciones y proveedores de servicios públicos para
garantizar el acceso universal y masivo a toda la población y que las entidades
que conforman el Sistema de Protección cuenten con la infraestructura, recursos
humanos y financieros, así como programas adecuados para garantizar la
protección y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia en
Venezuela.
11-11-21
https://efectococuyo.com/opinion/prematura-desproteccion/?tztc=1
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