Paulina Gamus 29 de enero de 2023
Gracias al link que me envió un amigo, pude ver en mi computadora la extraordinaria película «Argentina 1985», dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín. Los sentimientos al verla, la emoción y el suspenso en la medida en que se va desarrollando, son muy intensos aunque no puedan compararse con los del público argentino que ha ovacionado de pie, en los cines, el final de ese prodigio fílmico sobre los horrores de la dictadura militar argentina y la valentía moral del fiscal Julio César Strassera y del fiscal adjunto Luís Moreno Ocampo, para enjuiciar y lograr las condenas a varios de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983)
Ese
juicio fue posible gracias al recién electo presidente Raúl
Alfonsín quien ordenó someter a juicio sumario a los militares de las
tres armas miembros de esas Juntas: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón
Agosti, Emilio
Eduardo Massera, Roberto Eduardo
Viola, Omar
Graffigna, Armando
Lambruschini y Leopoldo
Fortunato Galtieri. El tribunal que los enjuició fue integrado por
civiles quienes sumados al fiscal Strassera y a su adjunto Moreno Ocampo,
utilizaron como base probatoria el informe Nunca más realizado
por la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) también creada
por el presidente Alfonsín.
El
Tribunal federal condenó a cadena perpetua a jefes militares por
crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura entre los años 70 y
80. La sentencia se produjo dos años más tarde de la apertura del proceso oral.
El tribunal examinó los procedimientos de los conocidos como ‘vuelos de la
muerte’ desde Campo de Mayo y comprobó que se produjeron torturas,
homicidios y secuestros de niños. Videla y Massera fueron condenados a
reclusión perpetua. Viola, a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años y Agosti
a 4 años y 6 meses, todos con destitución.
La
descripción de los crímenes e inimaginables torturas, lanzamiento al mar de
prisioneros desde aviones en vuelo, violaciones, robo de bebés a madres que
daban a luz en cautiverio y luego eran asesinadas, mostró al mundo que
no había intocables, que la justicia tardó pero llegó.
Como
continuación de ese primer juicio, el 29 de noviembre de 2017 otro tribunal
argentino condenó a cadena perpetua a 29 militares acusados de crímenes contra
la humanidad durante la dictadura militar (1976-1983). Los fiscales juzgaron a
54 militares por la muerte o la desaparición forzada de 789 personas y
presentaron los testimonios de más de 800 testigos. «Nunca hubo un
proceso por derechos humanos tan grande en Argentina.» (La Nación del
29 de noviembre de 2017).
Cuando
desfilaban por la pantalla a los actores que representaron a los militares
enjuiciados, sentí un escalofrío al ver a quien hace las veces de Jorge Rafael
Videla, tan parecido al original. Recordé que en su visita a Caracas en mayo de
1977, me vi obligada a estrechar la mano de ese hombre flaco, largo y de mirada
gélida, en la recepción que ofreció la embajada argentina. Yo era vice ministra
de Información y Turismo y en ese momento encargada del ministerio por ausencia
del titular. El día anterior había recibido una llamada telefónica de mi
hermano quien me pedía intervenir con el ministro Diego Arria para que no
deportaran al Ingeniero argentino Julio Bruner, exiliado en Caracas, quien
había sido presidente de un equivalente a Fedecámaras en su país. Se lo
llevarían en el avión de Videla. Las gestiones de Diego Arria
resultaron infructuosas.
El
salvador al final fue el máximo dirigente de URD, Jóvito Villalba, quien
recibió una llamada de Ricardo Balbín líder máximo del partido Radical
argentino para que intercediera ante el presidente Carlos Andrés Pérez con el
fin de impedir la deportación de Julio Broner. Broner estuvo retenido un tiempo
en la Jefatura Civil de Sabana Grande en Caracas. Al salir en libertad fue un
exitoso y muy respetado empresario hasta su regreso a la Argentina cuando ganó
la presidencia Raúl Alfonsín. Su nieta, Tamara Taraciuk Broner nacida
en Caracas, es una destacada defensora internacional de los Derechos Humanos.
«¡Ustedes
no tienen ningún derecho a hacer esto, no pueden arrestarme! ¡Yo estoy aquí en
una misión secreta!», exclamó
el dictador chileno Augusto
Pinochet, a sus 82 años, cuando la noche del 16 de octubre de
1998 fue
detenido en la London Clinic de la capital británica, era un viaje
privado y no se había informado al Reino Unido. Un casi desconocido juez
español, Baltazar Garzón, emitió una orden internacional de detención y
solicitó su extradición a España por una querella criminal en
el marco de la Operación Cóndor, la combinación de las dictaduras
latinoamericanas para perseguir y eliminar opositores. La detención de Pinochet
mostró que los jueces pueden actuar contra violadores de los derechos humanos
de terceros países y que es posible buscar la justicia de forma transnacional.
Víctimas de conflictos de vieja data y abogados empezaron a llevar casos a
tribunales extranjeros, como los de Bélgica o España.
En
mayo de 2000, dos meses después del regreso de Pinochet a Chile, la Corte de
Apelaciones de Santiago aprobó su desafuero como senador vitalicio y el militar
pudo ser investigado y procesado por la Justicia local. Aunque fue sobreseído
por supuestas dolencias mentales, se produjo en el poder judicial chileno un
cambio radical. Desde julio de 2010 la Corte Suprema de Chile finalizó 214
causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Pinochet, con
532 agentes involucrados. Las condenas de cárcel fueron 462. Pinochet y
sus esbirros también se creían intocables.
Lo
que enseña «Argentina 1985» y lo que se desprende del caso Pinochet,
es que quienes asesinan, encarcelan injustamente, torturan y desaparecen a sus
perseguidos políticos pueden ser militares o civiles, pero no son intocables.
Todos actúan con la certeza de que el régimen al que pertenecen es infinito y
su impunidad absoluta. La justicia tarda pero muchas veces llega.
Paulina
Gamus
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