Infobae 28 de enero de 2023
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El ex presidente del Tribunal Supremo de
Justicia utilizó fondos derivados de actividades ilícitas para comprar
propiedades en todo el mundo, incluida una villa en la Toscana, en Italia, por
2,4 millones de euros y una mansión en La Romana, República Dominicana, por 1,5
millones de dólares
La fiscalía
federal del Sur de la Florida (EEUU) acusó este jueves al ex
presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel
Moreno, por recibir sobornos a cambio de utilizar su cargo para resolver
casos civiles y penales.
Moreno fue imputado por conspiración para cometer blanqueo de capitales, encubrimiento y por participar en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas.
El
magistrado del régimen chavista, recibió más de 10 millones de dólares
en sobornos de contratistas venezolanos que tenían convenios con
entidades propias de la dictadura de Nicolás Maduro.
En
2014, antes de su nombramiento como presidente del Tribunal Supremo, recibió
un millón de dólares a través de transferencias bancarias por parte de
un contratista venezolano por resolver futuros casos penales a favor de esta
persona.
Según
la fiscalía de Florida, Maikel Moreno también lavó dinero de un
empresario acusado en Estados Unidos de un esquema de fraude
multimillonario para que se desestimara la causa.
Aceptó,
además, autorizar el embargo judicial de una fábrica de automóviles de
General Motors (valorada en unos 100 millones de dólares)
a cambio de un porcentaje de interés en los beneficios de la venta de la
compañía.
Moreno
utilizó el dinero de los sobornos para comprar o renovar
propiedades en todo el mundo, incluida una villa en Toscana,
Italia, por 2,4 millones de euros, una mansión en La
Romana, República Dominicana, por 1,5 millones de dólares, un
edificio en Las Mercedes en Caracas, Venezuela, por 1,3
millones de dólares, y un apartamento en Miami por 1,3
millones de dólares.
También
utilizó los ingresos de los sobornos para comprar carros de lujo, costearse
viajes para él y su familia, además de gastar más de 300.000 dólares
para una actuación musical en su boda.
Durante
su gestión como máximo magistrado del Tribunal Supremo, Moreno influyó
en las decisiones judiciales en Venezuela, ya que tenía la autoridad
para determinar el jurado que conocía los casos dentro del
organismo y el poder de nombrar o destituir a los jueces de tribunales
inferiores, según la acusación penal presentada por la fiscalía de Florida.
Esta actividad se prolongó desde 2014 hasta marzo de 2019.
Cada
uno de los delitos de blanqueo de capitales se castiga con una pena máxima de
20 años, y cada uno de los cargos de participación en transacciones con bienes
derivados de actividades delictivas conlleva una pena máxima de 10 años.
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