Luis Almagro 28 de enero de 2023
El
actual escenario regional y mundial es complejo y cambiante, como nunca antes
en la historia, caracterizado por una concurrencia de crisis tanto endógenas
como exógenas que se proyectan como son: la pandemia del covid-19, la invasión
rusa a Ucrania, el cambio climático, la desigualdad, la pobreza, la pérdida del
empleo y la crisis alimentaria; junto con una creciente erosión del Estado de
derecho, el debilitamiento institucional y la presencia del autoritarismo.
Específicamente, el autoritarismo en América Latina es un tema muy vigente en la agenda regional, que plantea enormes desafíos a la democracia, a los países, gobiernos y a todos los ciudadanos del hemisferio; incidiendo directamente en el desarrollo y estabilidad de nuestras democracias, la gobernabilidad de nuestros países, la prosperidad de nuestras economías y sobre todo el bienestar y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de la región.
Lamentablemente,
nos ha tocado ser testigos -de forma excepcional- de cómo los regímenes
autoritarios buscan amordazar a los pueblos, quebrarlos y mantenerlos en la
miseria, pero, asimismo, de muchas otras diversas formas de ataques a la
democracia.
Obviamente,
el encarcelamiento de opositores rompe el tejido social, acrecienta y ensancha
las diferencias, polariza y radicaliza las posiciones políticas, obstaculizando
la existencia de acuerdos mínimos que mejoren la calidad de vida y el bienestar
de los ciudadanos.
La
existencia de presos políticos es una afrenta intolerable para la democracia de
nuestro continente. Ignorar o tolerar este tipo de prácticas autoritarias es
una infamia que no tiene espacio en este momento de nuestra historia. Las
dictaduras no son compatibles con los valores y principios de la Carta
Democrática Interamericana. Denunciar estas violaciones es un deber democrático
al que no podemos abdicar.
Es
evidente ante la región y el mundo cuando se mantiene secuestrada la
democracia, cuando no existe respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales; si el acceso al poder y su ejercicio no se ajustan a derecho; si
se oprime a los partidos y organizaciones políticas; cuando no hay separación e
independencia de los poderes públicos; si existe una institucionalidad
capturada y maniatada con la intencionalidad de perennizarse en el poder de
forma arbitraria, todas variables que buscan consolidar un Estado criminal y
dictatorial.
Una
de las características principales y esenciales de un Estado de derecho es la
limitación y el control del poder, que se efectúan por medio de su división.
Lord Acton decía: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe
absolutamente”.
La
limitación al poder es justamente la división de poderes, división que funciona
como pesos y contrapesos políticos y jurídicos en la gobernabilidad de un país.
Los
controles y contrapesos, también conocidos como controles y equilibrios y
balances, –checks and balances-, son relaciones mutuas de autoridad que
les permiten a los poderes controlarse unos a otros y resistir recíprocas
intromisiones, limitando a todos dentro de sus propias esferas.
El
autoritarismo es un cóctel peligroso que ha demolido sistemáticamente a las
instituciones democráticas a través de discursos populistas, soberanistas,
nacionalistas, cargados de retórica ideológica de sus gobernantes, quienes
lejos de solucionar los problemas de sus naciones los han acrecentado y
agudizado, lesionando gravemente la capacidad de las personas de acceder a una
vida digna y en libertad en estos países.
La
cooptación del poder público en cabeza del gobierno y la erosión del Estado de
derecho generan un ambiente propicio para la comisión sistemática de graves
violaciones de derecho humanos.
A
esto se le suma en los regímenes autoritarios regionales un prolongado
debilitamiento de las instituciones democráticas por la concentración del poder
en el Ejecutivo, la falta de independencia del Poder Judicial y los ataques al
Legislativo, la instalación del estado policial en que los opositores políticos
son reprimidos por fuerzas de seguridad y grupos paramilitares afines.
La
expresión más extrema de esta carencia de libertades y el colapso democrático
frente al autoritarismo en estos países de América Latina es la presencia de
presos políticos, con la finalidad de ocultar y acallar a las voces críticas,
encarcelando a sus adversarios y opositores, como también someterlos a procesos
penales carentes de garantías procesales y en los que se les imponen penas
desproporcionadas e ilegítimas.
La
tendencia es preocupante. Los presos políticos, en la región, quienes sufren
actos de hostigamiento, persecución a través de medios de comunicación,
destitución de cargos públicos a políticos disidentes, inhabilitación política,
allanamientos irregulares a la propiedad privada y aquiescencia frente a actos
violentos en contra de miembros de la oposición y, en general, de quienes
expresan su disenso.
La
presencia de los regímenes autoritarios no solo ha afectado negativamente a
esos países, sino que sus efectos se han proyectado a la región en su conjunto.
Un
efecto principal del autoritarismo es la generación de una ola migratoria sin
precedentes en la región, en la cual los ciudadanos de esos países se han
desplazado masivamente a los diversos países de la región a causa de la crisis
económica, política y social en sus respectivas naciones.
Frente
a esto, es necesario desarrollar mecanismos de articulación y cooperación entre
los países de las Américas, que otorguen a los migrantes derechos y una vida
digna, la articulación de sistemas nacionales de asilo viables y eficientes,
con apoyo técnico y financiero, los cuales aseguren una migración bajo los
principios de humanidad, corresponsabilidad entre los Estados, e integración
socioeconómica de los migrantes en las comunidades de acogida.
El
afianzamiento de la relación entre democracia y desarrollo asegura que los
ciudadanos defiendan y protejan a las instituciones democráticas fundamentales
y el Estado de derecho, frente a la emergencia de discursos populistas y
demagógicos que esconden pretensiones autoritarias y antidemocráticas, como
dijo el expresidente de República Checa y fundador de Forum 2000, Václav Havel:
“La primera pequeña mentira que se contó en nombre de la verdad, la primera
pequeña injusticia que se cometió en nombre de la justicia, la primera
minúscula inmoralidad en nombre de la moral, siempre significarán el seguro
camino del fin”.
Sin
bien América Latina de manera mayoritaria es una región democrática, la
resiliencia democrática regional debe orientarse no solo a la organización
periódica de procesos electorales, sino al fortalecimiento del acceso y ejercicio
de los derechos y libertades fundamentales que aseguren una vida cívica bajo
parámetros de libertad y pluralidad y a la vez la posibilidad de una vida digna
y un desarrollo integral para los ciudadanos de nuestra región.
No
se puede concebir una democracia resiliente que no sea dialogante en esencia.
Por ello, el diálogo es un pilar fundamental del sistema democrático,
constituyendo un antídoto efectivo frente a la polarización, el fanatismo y el
extremismo, que busca posicionarse en América Latina.
Lo
hemos dicho antes y lo ratificamos hoy, la democracia regional demanda
fortalecer su esencia. Los problemas de la democracia solo pueden ser resueltos
con más democracia, nunca con menos; tampoco podemos permitir que normalicen
las posturas autoritarias, autocráticas y totalitarias; permitir eso sería
perder nuestra dignidad como seres humanos y nuestra libertad como bien
supremo.
En
términos amplios, es importante considerar nuevas y más profundas formas de
participación, la horizontalidad y la emergencia de nuevos derechos, el valor
de lo local, la solidaridad y la cercanía en la toma de decisiones; todos estos
aspectos complementan y fortalecen una democracia más plena y sustantiva.
Nuestra
democracia regional necesita reforzar permanentemente la calidad y
transparencia de las elecciones, como la vía idónea a través de la cual la
ciudadanía expresa sus decisiones respecto a la elección de sus gobernantes y a
los asuntos de interés general para una sociedad.
Luis
Almagro
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