Ismael Pérez Vigil 28 de enero de 2023
@Ismael_Perez
Cada
cierto tiempo resucita en el país y en la Asamblea Nacional, la electa en 2020,
algún proyecto de ley o intentona para limitar la cooperación internacional a
las oenegés venezolanas que se dedican a la actividad de defensa de derechos
políticos, derechos humanos, asistencia humanitaria, etc. El año pasado,
resucitaron el llamado Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que había
sido enterrado hacía un año en alguna gaveta del Palacio Federal y que
desapareció nuevamente en poco tiempo.
En
esa oportunidad, además de los intentos de criminalización de
la actividad de las oenegés, la Asamblea Nacional electa en 2020 (AN2020), con
el proyecto de Ley mencionado, pretendía regular las actividades −y sobre todo
el financiamiento internacional− de las oenegés; el Proyecto tuvo una sola
discusión en la Asamblea, se paralizó su aprobación y fue enterrado no se sabe
dónde, durante más de un año. Ahora, nuevamente el régimen viene por sus fueros
con otro proyecto, al parecer distinto a aquel. Esas arremetidas son periódicas
y continuas y al igual que los anteriores, del actual proyecto de ley, no es de
esperar ninguna buena intención o la solución de algún problema.
SC y TSJ.
La
“intención del legislador” en la Constitución Bolivariana en cuanto al papel
que le atribuye a la sociedad civil, se ha ido “desfigurando”, al irse
confiscando o menoscabando sus funciones con varias sentencias del TSJ,
dictadas por la Sala Constitucional. En dichas sentencias se busca restringir
la participación ciudadana y hasta quitarle el carácter de sociedad civil,
contemplados en el artículo 70 de la Constitución y preparar el terreno para
que, eventualmente, a futuro −como podría ocurrir de aprobarse este nuevo proyecto
de ley− prácticamente ninguna organización pueda considerarse como parte de la
sociedad civil u obtener financiamiento interno o externo.
Hasta
el momento las sentencias del TSJ, en realidad, no restringen, ni prohíben la
posibilidad de actuar o de constituir oenegés o que la sociedad civil se
organice u obtenga financiamiento interno o externo. Pero sí limitan las
posibilidades de actuar en el contexto de la Constitución Bolivariana; lo que
no es poca cosa, pues eso abre la puerta para declararlas ilegales en cualquier
momento y así impedir, entre otras cosas, que puedan actuar en alguno de los
comités o actividades señaladas en la Constitución en los que se necesite para
ello la calificación de organización de la sociedad civil. Es decir, como se
señala más arriba, se trata de la confiscación legal o el menoscabo de un
derecho por una interpretación del TSJ, pero no se trata, de señalar que su
actividad sea ilegal, ni su organización, ni su financiamiento. Las
organizaciones de la sociedad civil y quienes las apoyan podrían seguir en su
empeño y luchas por los derechos humanos y continuar contando con el apoyo
financiero para ellas. Por lo menos, por ahora.
“Nueva”
Ley.
Pero
la arremetida actual, de concretarse la Ley de Fiscalización, Regularización,
Actuación y Financiamiento de las ONG, que fue presentada el martes 24 de Enero
en la AN2020, iría mucho más allá de las arremetidas del TSJ y las anteriores
de la Asamblea Nacional contra la sociedad civil. En anteriores oportunidades
la AN limitó algunas actividades y participación a la sociedad civil; por
ejemplo, en el Comité de Postulaciones para designar el CNE, favoreciendo una
mayor participación de los partidos políticos. Y aunque lo anterior iba contra
sentencias dictadas por el propio TSJ −como la del 21 de noviembre de 2000− que
señala que las organizaciones y partidos políticos “… no conforman la
sociedad civil, sino la sociedad política cuyos espacios están delimitados por
la Constitución y las leyes…”, se limitaba a ese comité de
postulaciones, no arremetía contra las funciones, objetivos y recursos
financieros de las oenegés.
Los
intentos en 2021 y 2022.
La
tentativa actual va mucho más lejos, pues pretende corregir, mediante una ley,
el intento del Gobierno electo en el año 2018, con dos providencias
administrativas, en marzo y mayo de 2021. Se recordará que en esa oportunidad
la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo, con base en la Ley Orgánica que lo crea −sin ninguna justificación
legal− crearon un Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina
Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
(RUSO-ONCDOFT), por el cual se pretendió, el establecimiento de ese registro,
en el que debían figurar, entre otros, los objetivos, actividades, aliados,
directivos y personal de las mismas.
Desde
luego, en esa oportunidad la reacción de las oenegés afectadas fue contundente,
denunciaron la ilegalidad de la providencia ante organismos internacionales, la
opinión pública nacional, el propio Gobierno y el TSJ; se declararon en
rebeldía frente a esta disposición y manifestaron que no procederían a hacer el
mencionado registro que, hasta la fecha, no ha podido establecerse y el
Gobierno no ha hecho intentos por forzar su aplicación. Lo anterior no quiere
decir que el gobierno se cruzó de brazos, pues bien sabemos de los intentos
de criminalización de la actividad de las oenegés.
Tras
esos intentos de criminalización, la Asamblea Nacional 2020, comenzó a discutir
un Proyecto de Ley de Cooperación Internacional para regular las actividades −y
sobre todo el financiamiento internacional− de las oenegés; el Proyecto tuvo
una sola discusión en la Asamblea Nacional y se paralizó su aprobación desde
hace más de un año. Resurge ahora como una “nueva” ley, que llamaremos de
Fiscalización.
Lo
importante, por los hechos descritos, del TSJ, el Gobierno y la Asamblea
Nacional 2020, es que la amenaza contra las organizaciones de la sociedad civil
sigue pendiente y −como ya hemos visto− tal parece que ahora se activa de
nuevo, al aparecer esta Ley de Fiscalización, que fue presentada el pasado
martes 24 de enero en la Asamblea y que pretende regular los recursos y el
financiamiento de las oenegés.
El
intento del 2023.
Con
respecto a esta nueva intentona, esperamos de las más de 500 organizaciones de
la Sociedad Civil, que frente a la anterior emitieron y circularon un documento
denominado: “Organizaciones de la sociedad civil rechazan proyecto de ley
anti-solidaridad que cierra la cooperación internacional.”, en el cual
analizaron a fondo dicha Ley y los prejuicios que podía ocasionar, vuelvan a
emprender iniciativas similares y alerten nuevamente al país y a la comunidad
internacional, acerca de los peligros que encierra este nuevo amago contra las
libertades públicas, los derechos humanos y los continuos intentos del régimen
venezolano de hostigar, controlar los recursos y criminalizar la actividad de
las oenegés, defensoras de los derechos humanos y asistencia humanitaria.
El
actual ambiente de protesta en el país, protagonizado por organizaciones de
maestros, profesores y trabajadores públicos y la recién finalizada visita al
país de Volker Türk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, son una buena ocasión para denunciar este nuevo intento
contra los derechos civiles, políticos y humanos en Venezuela.
Conclusión.
No
sabemos si se trata de uno de esos intentos de intimidación, un nuevo “trapo
rojo” para distraer la atención de cualquier de los múltiples y graves
problemas del país, sospechamos que sí; pero, debemos estar atentos, sin bajar
la guardia, para que no se cumpla la famosa fábula de “El pastorcito mentiroso
y el lobo”, que de tanto gritar y bromear: “Ahí viene el lobo, ya viene el
lobo, el lobo, el lobo…”, cuando éste llegó de verdad, nadie salió a
defenderlo.
Ismael
Pérez Vigil
@Ismael_Perez
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