Angeyeimar Gil 03 de agosto de 2023
@angeyeimar_gil
El
primero de agosto de 2023 se desarrolló la audiencia de conclusiones de un
juicio en contra de seis luchadores sociales y dirigentes sindicales que
comenzó en julio de 2022. Una sentencia a todas luces extralimitada, que los
condena a 16 años de prisión por supuestos delitos de conspiración y asociación
para delinquir que nunca fueron demostrados, ni mediante una mentira.
El tribunal ni siquiera se ocupó de incluir en el expediente una prueba de que hayan cometido o planificado algún delito. Ni siquiera un testigo. Nada. Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, fueron detenidos de manera arbitraria entre el 4 y el 7 de julio del año pasado, fueron sacados de sus viviendas por comando policiales sin orden judicial, encarcelados y torturados bajo condiciones abyectas.
Todos
fueron encontrados en sus viviendas y en distintos estados y ciudades del país.
Guárico, Falcón, Miranda y Distrito Capital. La acusación fue realizada por un
supuesto patriota cooperante que informó sobre un presunto plan conspirativo
que ejecutarían el 5 de julio de 2022 y otro para agredir a familiares de
Tareck El Aissami en Mérida. Sin embargo, todos los supuestos implicados
estaban en sus hogares, en ciudades distintas, haciendo labores propias de sus
vidas cuando los funcionarios, casi todos sin identificación, llegaron a
buscarlos.
El
juez que tomó la decisión de pasarlos a juicio privados de libertad, fue el
conocido José Mascimino Márquez García, juez Cuarto de Control con competencia
en delitos asociados al Terrorismo del Circuito Judicial. Hoy está acusado y preso
por corrupción y por sobornos para la liberación express de integrantes de Tren
del Llano, mientras realizaba juicios contra inocentes a través de su tribunal.
Llegó a juez sin haber tenido los méritos y el tiempo de ejercicio para ejercer
el cargo y fue capturado en medio del proceso anticorrupción ejecutado contra
Tareck El Aissami recientemente.
Este
mismo tribunal, con competencia en Terrorismo, aplicó una ley que viola todos
los parámetros del debido proceso y de la presunción de inocencia en el ámbito
penal. La ley contra el terrorismo ha sido la jugada más terrorista del
Gobierno, para practicar el Terrorismo de Estado y silenciar a la disidencia de
forma discrecional.
Estos
dirigentes sociales encarcelados, cuatro de ellos militantes del partido
Bandera Roja, llevan más de un año encerrados con presos comunes en
instalaciones de detención preventiva, con condiciones de salubridad precarias,
en las que deben pagar todo: el agua, la comida y el mantenimiento de las instalaciones.
Para visitarlos hay que pagar. Es un sistema penitenciario privatizado
totalmente. Y ellos, justamente, luchaban en las calles y estaban organizados
en gremios y organizaciones políticas para exigir salarios dignos, para exigir
el respeto de los derechos de la clase trabajadora. Esta prisión ha sido
incalculablemente costosa, económica y emocionalmente.
Cada
uno de los detenidos tiene una familia que padecía, al igual que la mayoría de
los venezolanos, la implacable pobreza y la incapacidad de compra de los bienes
más esenciales. Y en la mayoría de los casos eran responsables del ingreso
familiar.
Alonso,
ingeniero pesquero, estaba a cargo de su familia y cuidaba de su mamá y justo
al momento de la detención, cuando iniciaba un tratamiento de quimioterapia
para su madre. Reynaldo es el único hijo que se mantiene en Venezuela, de una
señora de 79 años. Hoy está preso injustamente y su madre ha quedado sin su
único apoyo en el país. Alcides, artista plástico y docente de educación
básica. Tiene dos hijos y asumió el cuidado de dos sobrinos tras la muerte de
su hermana. Estaba a cargo de todos y hoy no puede garantizar el sustento. Su
esposa ahora lleva sola la responsabilidad de conseguir comida para su familia
y para Alcides. Néstor, ingeniero civil, vivía con su madre, quien ahora tiene
que viajar a diario desde los Valles del Tuy para llevarle comida. Gabriel no
pudo estar con su madre el día en que murió y ella no pudo verlo en libertad
como merecía. También se perdió la graduación de bachiller de su hijo. Toda una
historia de injusticias irreparables.
El
juicio, a todas luces, fue amañado. Al igual que muchos otros juicios de presos
políticos, estuvo plagado de retrasos, audiencias sin celebrar, diferimientos.
Para cada audiencia, los luchadores eran trasladados muy temprano, para pasar
todo el día en el Palacio de Justicia, en una celda que todos los presos
políticos describen como nauseabunda, para que en al menos seis oportunidades
les devolvieran a su centro de reclusión sin que se llevase a cabo la
audiencia.
Los
testigos promovidos por la Fiscalía fueron oficiales de cuerpos de seguridad
del Estado que actuaron en la detención. Sus declaraciones solo dieron certezas
de lo indebido del proceso y lo arbitrario de las detenciones. Ninguno dio aporte
sobre la comisión de algún delito o la planificación de alguna acción
conspirativa. Lo único que pudieron decir es que había una relación entre ellos
y que se mandaban mensajes de WhatsApp. Y cómo no, si son compañeros de
partido, cuatro de ellos de Bandera Roja, el partido con más presos políticos
en el país. Dos son vecinos y varios son de gremios de trabajadores. Es decir,
se conocen, son amigos, camaradas o compañeros de lucha sindical y de derechos
humanos.
La
convocatoria a la audiencia de conclusiones se hizo en varias oportunidades,
pero se retrasó por la insistencia del Ministerio Público para que se
presentara el «testigo estrella» del caso, un patriota cooperante. Al menos
tres audiencias fueron diferidas por esta razón. Finalmente, los policías
informaron al tribunal la imposibilidad de conseguir a la persona y así
continuó el juicio. La última audiencia, diferida, fue particular por lo
caricaturesca de la situación. Cuando ya todo estaba listo para la audiencia,
en sala de juicio, a la espera del fiscal del MP, informaron que se suspendía
porque el fiscal había salido corriendo, literalmente corriendo, del Palacio de
Justicia.
El
martes 1 de agosto de 2023 se celebró por fin la audiencia de conclusiones del
juicio. Dos horas de exposiciones de la defensa de los luchadores, magistrales
clases de derecho penal y del debido proceso, así como una exposición detallada
de cómo el juicio demostró la inocencia de los luchadores. Hasta este punto, en
sala de juicio los familiares entendían que la decisión sólo podía ser
favorable, porque no había ni una sola prueba, ni un solo indicio, ni siquiera
una duda. Era claro que los seis luchadores eran inocentes.
Pero
la jueza Grendy Alejandra Duque Carvajal, los condenó a 16 años de prisión. Una
aberración. Fue realmente una decisión sin fundamento ni base legal. Una
decisión política en la que la jueza solo funge como la cara visible de la más
cruenta, inhumana e ilegal dictadura. Y es más cruenta, porque esta dictadura
mantiene una fachada de democracia para algunos gobiernos. Para muchos
movimientos y partidos de izquierda, Maduro es víctima de EE. UU. Pero hoy
Maduro está condenando a cuatro militantes comunistas, que luchan por demostrar
que el gobierno venezolano es una dictadura neoliberal.
Por
momentos, la desesperanza nubla el pensamiento. No deja de sorprender la
maldad, la injusticia y la miseria. Pero la lucidez y la confianza de estar en
lo correcto, es lo que nos mantiene firmes como se mantienen los seis
luchadores sociales sobre quienes pesa una condena de 16 años de prisión. Ellos
enviaron mensajes de entereza y gallardía frente a las pretensiones del poder
de amilanarlos. Esa lucidez de la maldad vivida en primera persona, es la que
nos empuja a seguir luchando por una Venezuela libre, en la que el pensamiento
no sea garantía de cárcel, en la que luchar por derechos no te cercene los
derechos. Por esa Venezuela vale la pena seguir luchando, porque solo será
posible cuando quienes están en el poder y quienes le soportan, sean echados
del poder.
ANGEYEIMAR
GIL
@angeyeimar_gil
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