Agencias 25 de marzo de 2024
La ley
implementada en Texas convierte en delito menor el que un extranjero «ingrese o
intente ingresar al estado desde una nación extranjera» de forma irregular. La
falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si
el infractor es reincidente
El
Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos se pronunció este martes 19
a favor del estado de Texas permitiéndole la entrada en vigor de una ley que
permite a la Policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de
forma irregular a ese país.
La legislación, conocida como SB4, podrá entrar en vigor mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por el Gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones defensoras de los migrantes.
El
caso llegó al máximo tribunal después de una batalla legal emprendida por la
administración Biden y defensores de los inmigrantes encabezados por
la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés),
que alegan que la iniciativa es inconstitucional.
Los
demandantes habían pedido al Supremo que detuviera la implementación de la
medida mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de
Apelaciones. El pasado lunes, el juez Samuel Alito había bloqueado la ley de forma indefinida a espera
que el pleno votará sobre esta solicitud.
Este
martes los seis jueces conservadores votaron a favor de
Texas, permitiendo que la ley entre en efecto mientras se da un fallo
final en el caso.
El
fiscal general de Texas, Ken Paxton, aplaudió en un mensaje en X la
decisión del alto tribunal. «Texas ha derrotado las mociones de emergencia de
la Administración Biden y la ACLU», y subrayó que la ley ya está en vigor.
La
ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados
Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero «ingrese o intente
ingresar al estado desde una nación extranjera» de forma irregular.
La
falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si
el infractor es reincidente.
La
iniciativa también permite que la justicia estatal ordene la expulsión de
personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán
arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente
al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez
de arrestarlo.
Inicialmente,
la medida promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott,
debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del
lado de los demandantes y la prohibió.
El
fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones
donde obtuvo respaldo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo
para evitar que entrara en vigencia la ley pidiendo una moción de
emergencia, que finalmente fue negada.
Anand
Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los
Inmigrantes de la ACLU, calificó la decisión de este martes como
«decepcionante».
El
abogado añadió en un comunicado que la ley «amenaza la integridad de las leyes
de inmigración de nuestra nación y los principios fundamentales del debido
proceso» por lo que seguirán luchando hasta derrotarla.
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