Sebastiana Barráez 21 de marzo de 2024
@SebastianaB
La Operación
“Venezuela Honor y Gloria”, presentada por el entonces ministro de Comunicación
e Información, acusó a 10 funcionarios que fueron detenidos en diciembre de
2019
La
Operación “Venezuela Honor y Gloria”, presentada por el entonces
ministro de Comunicación e Información, Jorge de Jesús Rodríguez Gómez,
se refería a 10 funcionarios, que fueron detenidos el 14 de
diciembre de 2019. Todos ellos, luego de cuatro años de retardo procesal,
fueron condenados la noche del 18 de marzo de 2024, por la juez Primera de
Juicio con competencia en casos de Terrorismo, Henni Carolina Mesa López,
a 30 años de prisión por traición a la patria, terrorismo y
asociación para delinquir.
En la cárcel El Rodeo III está Juan Carlos Macualo Orozco, Marcos de Jesús Fuente González, Alexis Rafael Jiménez Jiménez, Luis Eduardo Lira Cupare, Sixto José Salamanca Jiménez, César David Mayora Guacare, José Miguel Yeguez y Deivis Miguel Malavé Ruíz; en el Rodeo II: Jesús Antonio Castro Gómez; y en la cárcel militar de Ramo Verde: el Sargento de Primera Víctor Ignacio Rodríguez Romero.
Hace
unos años, un informe del Observatorio de Derechos Humanos (ONDDHH)
reveló que los diez policías y militares “fueron llevados a una sede
judicial para imponerles la acusación por su presunta participación en el caso
Honor y Gloria, coaccionados a admitir los hechos so pena de ser condenados
a 30 años de prisión si este caso era llevado a juicio”.
La
oferta que les hicieron era que se declararan culpables en la primera
audiencia y que ahí mismo los condenarían a 17 años de prisión,
lo que resultaba inaudito para los 10 hombres quienes insistían en ser
inocentes y con la certeza de que no existía prueba alguna contra ellos.
Ellos
no ejecutaron ningún acto de rebelión, no tomaron ningún puesto militar, no
atentaron contra nadie. Los acusaron de que querían, pensaban, tenían ganas o
intenciones de asaltar, el 15 de diciembre de 2019, por instrucciones de Leopoldo
López y Juan Guaidó, dos unidades militares: la Base Gran
Mariscal Sucre y el Comando de la Guardia Nacional número 53. Eso dijo el
entonces ministro Jorge Rodríguez.
El
cuento narrado por el ahora presidente de la Asamblea Nacional, Jorge de Jesús
Rodríguez Gómez, es que los jefes de la conspiración eran Leopoldo Eduardo
López Mendoza y Juan Gerardo Guaidó Márquez; con ellos estaría Yanet Fermín y
el diputado Fernando Orozco, de quien dijo que “reclutó a dos policías del
estado Sucre: Sixto Salamanca y José Miguel Yeguez”, y se reunían con Josnars
Adolfo Baduel Oyoque, hijo del fallecido en el SEBIN General en Jefe Raúl
Isaías Baduel.
La
Juez del Tribunal 2do. Especial de Terrorismo, que lleva el caso es Hilda Rosa
Villanueva Peralta y los fiscales Elin Teodoro León Aguilar, Dinora Bustamante
Puerta y Farik Karin Mora Salcedo; los defensores públicos eran Marjorie Maily
Maggiolo Díaz y Chiriannys Pacheco.
Presos
sin protesta
La
esposa del funcionario policial José Miguel Yeguez, le dijo a Infobae,
en mayo de 2021, que a su concubino lo detiene una comisión de policías, la
madrugada del 13 de diciembre de 2019, cuando estaba en su residencia en
Cumaná, estado Sucre. Se lo llevaron sin ninguna orden de aprehensión,
diciéndole que el jefe lo mando a buscar para un trabajo, y esa misma noche, lo
trasladaron, junto con Sixto Salamanca para la sede de la DGCIM en Caracas.
Una
hora después de que la Policía se lleva a Yeguez, llega a su casa una comisión
de la DGCIM y, sin ninguna orden de allanamiento, “se llevaron la computadora y
una laptop escolar, entre otras cosas”. Seis días después de estar incomunicado
de su familia y sin asistencia legal de confianza, fue presentado ante el
Tribunal el 16 de diciembre 2019.
La ONG
ONDDHH había denunciado que el caso de los detenidos por la Operación Honor y
Gloria “es muestra del patrón documentado y denunciado por este
Observatorio, respecto a la utilización del sistema de justicia, como brazo
ejecutor de políticas represivas y de persecución política, violando así el
derecho al debido proceso y todas las garantías constitucionales”.
Marcos
de Jesús Fuente González se había graduado un año antes como
funcionario policial. Varios compañeros van a su casa y les dijeron que él
estaba en casa de su suegra, y lo encontraron frente a la misma. Le dijeron que
su jefe lo estaba solicitando y por ello se va con sus entonces compañeros
policías. En realidad, fue para detenerlo y trasladarlo a la DGCIM Caracas.
Igual
sucedió con su compañero Deivis Malavé Ruiz, a quien una comisión
policial lo busca el 15 de diciembre de 2019, mientras disfrutaba de ese fin de
semana libre; le dijeron que necesitaba que se presentara porque hubo un cambio
de guardia. Fue un engaño; al llegar supo que estaba detenido y también fue
enviado a la Dgcim Caracas.
Malavé
permaneció en desparición forzada un mes. El 15 de enero 2020 le permitieron
hacer una llamada y se supo dónde estaba detenido.
En el
caso Juan Carlos Macualo Orozco, Policía del municipio Páez del
estado Apure, lo detiene la Dgcim, el 16 de diciembre 2019, en Guasdualito y
luego lo envían a la DGCIM Caracas.
Al
Sargento Primero (GNB) Víctor Ignacio Rodríguez, quien estaba
destacado en el regimiento Guardia del Pueblo en Barinas, la Dgcim lo detiene
el 12 de diciembre de 2019 en el estado Barinas, a donde fue citado por el
General del comando; allí le dijeron que había un video de su hermano, quien
está fuera del país, hablando mal del gobierno.
Se lo
llevaron a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en
Valencia, estado Carabobo, narrando después a su familia que ahí recibió golpes
y maltratos para que dijera dónde estaba su hermano porque de lo contrario
“pagaría por él”. También confesó que en la sede principal de la DGCIM en
Caracas sufrió torturas y tratos crueles.
Algo
similar ocurrió con la detención de Alexis Rafael Jiménez Jiménez,
oficial agregado de la Policía de Sucre. “Solo le dijeron que lo mandó a llamar
su comandante, lo que era extraño porque se encontraba de vacaciones”,
revelaron sus familiares.
Luis
Eduardo Lira era oficial agregado de la policía de
Anzoátegui cuando fue detenido el martes 17 de diciembre de 2019, cuando se
encontraba en el puesto policial Boyacá del distrito 15 de Barcelona. “Llegó
una comisión de la DIGCIM y se lo llevó para Caracas”.
A Sixto
José Salamanca Jiménez, lo detienen el 13 de diciembre a las 9 de la noche.
“Se encontraba de guardia en un punto de control cuando se presenta al lugar
una unidad de la policía del estado con 2 funcionarios de DGCIM”. El jefe
inmediato de Salamanca le pide que suba a la unidad. Así empieza el proceso que
lleva de ser acusado de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.
El
Sargento Primero de la Guardia Nacional César David Mayora Guacare tenía
siete años viviendo en Colombia cuando el 18 de diciembre 2019 a la altura de
Hoyo de la Puerta un funcionario de la DGCIM sube al autobús y le pide su
identificación. “Una vez que baja del autobús le colocan una capucha y lo suben
a un vehículo, donde lo golpean preguntándole por fusiles, explosivos C4 y por
determinadas personas que él aseguró desconocer”.
La
puerta giratoria
El 30
de mayo de 2021, Infobae visibiliza la historia de los diez
funcionarios militares y policiales, que tenían casi dos años presos. Ellos
aparecen en una de las ya 36 operaciones, la gran mayoría fabricadas en los
laboratorios de Inteligencia del régimen venezolano, y que apadrina un ministro
o alto funcionario.
En la
revolución Bolivariana, cada uno de los altos jefes, tiene sus operaciones y
presos: entre las de Jorge Rodríguez está Venezuela Honor y Gloria; Diosdado
Cabello tiene varias, una infiltrada por él como la Operación Gedeón; la
almirante Carmen Teresa Meléndez con Operación Boicot. Ya van 36 operaciones de
conspiración, cada una de las cuales activa la puerta giratoria de los presos
políticos, con la que el régimen judicializa a críticos del gobierno de Nicolás
Maduro.
El
guión es el mismo:
1. Un
mensaje de teléfono, de WhatsApp, de Instagram, de X
(twitter), de Facebook, otros, donde se diga, se insinúe o se interprete que se
debe hacer justicia, o se muera a uno de los altos jefes de la revolución, casi
siempre se incluye a Nicolás Maduro para darle la connotación de magnicidio.
Los deseos, los sueños o los pensamientos cuentan también para la trama
conspirativa.
2. Uno o
varios testigos estrella que son anónimos. Militares o
funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), del
Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), de las Fuerzas de Acciones
Especiales (FAES) o de cualquier otro.
3. Actas
policiales elaboradas por funcionarios de inteligencia, casi
siempre sin ningún soporte; solo “se tuvo conocimiento” sin precisar de quién
ni cómo. ¿Las pruebas? Registro de llamadas telefónicas o de WhatsApp, aunque
la conversación haya sido sobre la jugada de Messi o Gustavo Dudamel con la
orquesta de Viena, incluso coincidir en un lugar público o privado.
4. Declaraciones
de presos políticos, obtenidas bajo tortura o amenazas de tortura contra su
familia. Padres, madres e hijos detenidos para forzar la
“confesión”. Algunos aparecen en videos grabados por los cuerpos de
Inteligencia donde se autoinculpan y señalan a dirigentes políticos, militares
o comunicadores.
5. El
triángulo de la administración de justicia. Jueces, fiscales y
defensores públicos, subalternos del poder ejecutivo y sus cuerpos de
Inteligencia. Todos se mueven al ritmo de las órdenes que reciben. No importa
la verdad; ni la verdadera ni la procesal. La orden es condenar o mantener
presa a la víctima del régimen así no haya ninguna prueba en su contra. El
detenido puede permanecer en desaparición forzosa hasta que consigan que se
quiebre con la presión o la tortura. Incomunicado, incluso de abogados y
familiares. Algunos recluidos en sótanos inmundos o centros de tortura de la
DGCIM o el Sebin.
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