Por Jesús Alexis González, 13/10/2014
La política
fiscal (PF), como parte integral de la política económica que promueve el
desarrollo de un país, tiene como
finalidad darle estabilidad a la actividad económica a la luz de las medidas
que toma el Estado para procurar ingresos que permitan la realización de la actividad
pública, no como una función directa sino como propiciador de un entorno que
facilite el desenvolvimiento de los factores de la producción, y para lo cual
integra dos componentes: (1) gasto
público y (2) ingresos públicos. La
gestión tributaria, se vincula con la fijación y aplicación de prestaciones en
dinero como una exigencia del Estado con el objeto de obtener recursos para
adelantar sus fines por intermedio del financiamiento del presupuesto nacional;
cumpliendo al propio tiempo cuatro roles básicos: (A) equilibrio macroeconómico; (B)
distribución de la renta; (C)
asignación de recursos a la economía; y (D)
controlar las fluctuaciones cíclicas (p.ej. exceso de liquidez e
inflación). En resumen, la PF es la utilización del gasto público y los impuestos
para controlar la actividad económica nacional.
La CRBV,
consagra en su Art. 316 que “El sistema tributario procurará la justa
distribución de las cargas públicas (….) y la elevación del nivel de vida de la
población….”; principio que orienta, suponemos, la denominada “revolución fiscal” que pretende
instrumentar el Gobierno (con antecedentes desde 2006) en función de una
revisión de las leyes tributarias para “elevar la cultura tributaria del
pueblo” y hacer menos regresivo el sistema para impulsar que quienes más ganan
sean los mayores contribuyentes (¡¡elemental!!), o lo que es lo mismo más
progresivo (mandato constitucional) en aras de elevar la recaudación no
petrolera. Tal pretensión revolucionaria, está muy lejos de integrar un proyecto
coherente en materia de política económica al orientarse fundamentalmente a
(1) disminuir la presión sobre el
mercado de divisas(recogiendo dinero inorgánico) apartado de un concreto plan de ajuste (o como quieran
llamarlo); y (2) obtención de
mayores ingresos (fines recaudatorios) al margen de una racionalización y
eficiencia en el gasto público que facilite una disminución del déficit fiscal
que para finales de 2014 puede superar el 19% (ceteris paribus). Ambos
lineamientos, permiten inferir la intención de mantener el ritmo del gasto
(mayormente corriente y populista) haciendo uso de los impuestos como
herramienta estratégica; habida cuenta de la
obviedad en cuanto a que el Gobierno evitará a toda costa una
disminución del gasto en una antesala al evento electoral 2015
(parlamentarias), que pudiera propiciar una mayor desaceleración de la economía
con el consecuente aumento del malestar social. Cabe destacar, que en el
presupuesto nacional 2014 el IVA aporta
un 35% del gasto, el I/lr a personas jurídicas aporta el 15% y las personas naturales un 1%, para un total del 51%.
La propuesta de nuevas cargas tributarias, en conjunto
con la revisión de las exenciones y exoneraciones del i/lr, descansa sobre
ciertas afirmaciones que no necesariamente se corresponden con la realidad: (a) la carga fiscal del i/lr (personas
jurídicas) es muy baja; enfoque que
no contempla los impuestos parafiscales
(antidrogas, ciencia y tecnología, deporte, cultura, vivienda, turismo y otros)
y los municipales que al sumarlos
sitúa la carga fiscal entre un 50% y 60%
de las ganancias, las cuales están limitadas a un 30% mediante la ley de
precios justos disminuyendo evidentemente la recaudación vía i/lr ante la
disminución de la rentabilidad (contrario al deber ser), a la par de
obstaculizar la conformación de nuevos gravámenes (punto de quiebre); y (b) la evasión fiscal (no petrolera) es
marcadamente alta; enfoque que en
todo caso hace referencia a unaineficiencia
burocrática que facilita acciones impropias por parte de los
contribuyentes, que deben ser supervisadas y controladas por la administración
tributaria. Seapropicio señalar, que ante la corrupción imperante (enriquecimiento alabado socialmente por
muchos como un éxito de vida) se hace
viable rebrotar el impuesto al
patrimonio de las personas naturales (Anteproyecto Seniat, 2006) que
gravaría la titularidad de sus activos tangibles e intangibles; acción
tributaria prioritaria al observar, que en los últimos 10 años (2003-2013) a
través de Cadivi y Sitme se asignaron
más de US$ 260.000 millones muchos de los cuales adquirieron la figura de “fuga de capitales” desviándose de la
posibilidad de contribuir en la generación de riqueza nacional, en un país que
le han ingresado (1999-2013) más de US$
1.250.000 millones y acumulado deuda financiera y comercial superior a los US$ 280.000 millones.
Capítulo aparte (y vinculante) merece la crítica
situación referida a la generación de
ingresos, que por una parte están afectados por la caída de la cesta de crudo (5 semanas consecutivas) hasta US$ 82,72
(10/10/2014) alejándose del promedio 2013 que se ubicó en US$ 98,08 y de los
US$ 90,00 como precio de equilibrio financiero; y por la otra por el comportamiento de las reservas
internacionales, que para octubre 2014 se situaron en unos US$ 19.814 millones en una estructura
donde las reservas liquidas (disponibilidad
e inversiones en divisas) se ubicaron en US$
1.668 millones (8,4%), el oro
monetario en US$ 14.266 millones (72%),
los DEG (derechos especiales de
giro) en US$ 3.400 millones y los créditos del Fondo Monetario Internacional unos
US$ US$ 480 millones (2,4%). Ante
tal contracción de los ingresos e iliquidez de las reservas internacionales
(para una economía de puertos que supera los US$ 80.000 millones en
importaciones), ha de incorporarse tanto los efectos perversos de la inestabilidad cambiaria, como el
remanente de deuda por cancelar 2014 por US$
3.073 millones.
A manera de conclusión, debemos resaltar que los
conductores de nuestra economía no están escuchando ni la voz del pueblo cuando los encuestados expresan (Datin Corp,
Estudio coyuntura septiembre 2014), entre otros aspectos, que la economía está mal o pésima (62%), que la situación seguirá igual o empeorara (83%)y que la
gestión del Gobierno es negativa (68%); ni
la voz de los comerciantes e
industriales, quienes señalan como condicionantes negativas de actividad al
control de cambio (82,4%) y la falta de divisas(87%). Finalmente nos
permitimos una reflexión: la mayor irracionalidad económica es seguir
haciendo lo que se viene haciendo y esperar
un resultado distinto!!!.
Econ. Jesús Alexis González
@jesusalexis2020
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