Por Colette Capriles
¿Qué
impacto puede tener la sentencia
del Tribunal Supremo de Justicia
sobre la dinámica política nacional venezolana?
del Tribunal Supremo de Justicia
sobre la dinámica política nacional venezolana?
”Soberano es el que decide
sobre el estado de excepción”, dice Carl Schmitt. El Tribunal Supremo de
Justicia ha creado un estado de excepción al suspender las potestades de un
poder público y la separación de poderes, que es la arquitectura fundamental de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y ha usurpado la
soberanía popular atribuyéndose competencias constituyentes. Y ésa es la
situación actual. Independientemente de sus efectos legales y políticos
inmediatos (o mediatos) y de todos sus defectos de forma y de fondo, la
sentencia 16-0153 es un mensaje político muy simple:
la soberanía popular, esa
voluntad que se expresó electoralmente el 6 de diciembre para sustraerle al
chavismo parte de su omnímodo y corrupto poder, no es considerado por el gobierno
como el criterio fundamental para la distribución del poder.
En rigor, se trata de la
traducción en lenguaje jurídico del único mensaje que ofrece el gobierno de
Maduro: no permitirá que las penurias inhumanas de treinta millones de
venezolanos alteren el destino manifiesto de la nomenklatura que
reina sobre los escombros de un país exhausto.
Es obvio que el gobierno, fiel
a su tesis de que la victoria de la oposición en las elecciones fue apenas
“circunstancial”, percibe a la sociedad y a la oposición que representa a la
mayoría en la Asamblea Nacional como incapaces de prevalecer en una
confrontación institucional. Y menos aun en un choque extra constitucional o en
una situación de facto. En fin de cuentas, el Ejecutivo (blindado con la
complicidad del TSJ y confiado en su sustento militar) puede fantasear con
sobrevivir a la catástrofe si logra, en efecto, atravesar la “circunstancia”
anulando al Poder Legislativo y, con ello, intentando desarticular a la
oposición, todo esto mientras aplica el “ajuste con rostro socialista” a la
velocidad paquidérmica que acostumbra (pero que no hay que subestimar).
Lo que hay que examinar es
cómo sería eso posible.
En efecto, la dirección
política de la oposición se concentró en la Asamblea Nacional con una agenda
múltiple, política y legislativa a la vez. Sin embargo, la agenda de cambio
político, acelerada por la notable victoria del 6D, exige la conformación de
una instancia de conducción política unitaria, distinta a la conducción del
Parlamento, que es de suyo pluralista y que recibe una serie de demandas,
agendas particulares, intereses, aspiraciones diversas y a veces hasta
incompatibles, que por fin pueden recibir escucha institucional.
La dinámica parlamentaria
también ha mostrado que en el bloque opositor siguen existiendo diferentes
concepciones de la política y de la silueta que se quiere para el país futuro,
algo que cuando es leído por el gobierno resulta una debilidad estratégica. Y,
ciertamente, en el liderazgo político de la oposición ha habido más estridencia
que eficacia, junto a una preocupante falta de focalización y de jerarquización
del horizonte político de corto y mediano plazo.
Por otra parte, el sentido de
urgencia de la terrible experiencia en que se ha convertido la vida cotidiana
no sólo ha convertido el cambio de gobierno en una prioridad para la oposición
y gran parte de la sociedad: también ha permeado a sectores oficialistas que
entienden que la posición “insurgente” del alto gobierno está propiciando una
crisis de desenlace impredecible. Una urgencia que no alcanza a Maduro ni a su
entorno, confiados en que el auxilio de aliados políticos, la subasta de
concesiones mineras y la reingeniería financiera pueden permitirles continuar
con el mínimo metabolismo económico hasta el final del periodo.
Da la impresión de que el
chavismo ya no solamente es imitación de los fatídicos socialismos reales, sino
que se quiere imitar a sí mismo en un enloquecedor círculo temporal: pretende
actuar como en 2002 y como 2003, atrincherado, pacientemente agazapado,
protegido jurídica y militarmente, con diminutos movimientos tácticos, mientras
las fuerzas que lo adversan sobreestiman el papel de la espontánea iracundia de
la población en la construcción de una solución institucional que cierre el
ciclo del mal gobierno, y así se desgastan en la microgerencia del apoyo
electoral y opinático que tienen, sin ofrecer una ruta política consistente que
saque provecho de su fuerza electoral.
♦♦
Bajo las actuales circunstancias,
¿qué debería hacer la oposición
y qué debería hacer el oficialismo?
En mi opinión, no hay solución
puramente constitucional a la crisis, puesto que la Constitución tal como está
escrita (que no es la que emana del tenebroso TSJ) no es, desde la perspectiva
del gobierno, un marco de contención ni las reglas políticas en ella
establecidas le resultan respetables.
Y precisamente por eso la
acción de la oposición debe estar dirigida a recuperar la constitucionalidad.
Algo que implica movilizar focalizadamente su fuerza específica, aquella que
justamente no tiene ya el chavismo: la del voto popular y la demanda de cambio
que hay en la sociedad.
Las fórmulas constitucionales
para reemplazar en el corto plazo al gobierno no tienen por sí mismas eficacia
política alguna sin un contexto de presión política que vaya convocando el
cambio en una dirección clara y consistente.
Es evidente que el cambio de
régimen operado a partir de 1999 no fue exclusivamente el resultado de una
maquinaria constitucional. El aglutinante clima político creado por la victoria
electoral de Chávez le permitió legitimar una estrategia de desconocimiento de
la Constitución de 1961 y de todas las instituciones derivadas. Hoy se podría
decir, invocando la justicia poética, que la oposición debe hacer lo mismo para
proteger la Constitución de 1999 como marco de una transición política, en
condiciones bastante más complejas.
Porque la crisis por sí sola,
por más terrible que sea, no genera las condiciones para el cambio: es la
dirección política la que puede hacerlo posible.
Por lo tanto la primera
cuestión que la oposición debe resolver de manera inmediata es la conformación
de un comando político para la campaña del cambio (por así decirlo) que
conduzca ese proceso. Se debería separar este comando del liderazgo
parlamentario que hoy ocupa la escena, para poder actuar a la vez en el tablero
político y en el legislativo. Porque en el plano político no sólo hay que
dirimir la cuestión de la vía constitucional para el reemplazo del gobierno,
sino también el proyecto posterior que, obviamente, es en realidad el punto de
fuga sobre el cual se pueden enganchar acuerdos y desacuerdos.
Y, en efecto, si el activo
fundamental de la oposición es electoral, parece obvio que debería privilegiar
el mecanismo constitucional que más intensivamente se beneficia de ese activo,
que es el revocatorio.
Si bien la enmienda
constitucional contempla la realización de un referendo aprobatorio, supone una
infinidad de negociaciones y estipulaciones técnicas que incluso teniendo éxito
—algo supremamente difícil bajo las actuales circunstancias— privarían al mundo
del espectáculo de una población movilizada y activada en el proyecto de
terminar con el ciclo chavista. Y sin duda contribuiría con la confección de la
mitología del golpe parlamentario que tanto anhela el chavismo.
Sin embargo, creo que lo
fundamental, en cualquier caso, es la creación de un masivo clima político de
cambio que pueda generar suficiente apalancamiento de la oposición en algún
punto del proceso como para tener una política de negociación hacia factores
del chavismo (y en general de todos los actores políticos, sin descontar a los
militares) y atender la sucesión de crisis que se van a ir desplegando ante
cada obstáculo que la Sala Constitucional y los instrumentos del Ejecutivo
pondrán ante el proceso político y ante cualquier desenlace posterior.
De nuevo: el principal peligro
político no es ni siquiera el gobierno atrincherado, sino la amenaza de que se
produzca una situación de facto en medio de una multiplicidad de
actores y grupos desarticulados, en la que el misterioso factor militar tendría
un papel impredecible.
Visto desde el gobierno, el
escenario de un revocatorio puede no ser el peor. Algunos voceros del gobierno
lo han insinuado. En principio, porque quizás el gobierno piensa que le es
posible movilizar a ese 40% que obtuvo el 6D para impedir una victoria de la
oposición. Pero además, como se sabe, porque podría maniobrar para que el
Referendo Revocatorio tenga lugar en 2017, en cuyo caso, podría obtener algún
oxígeno para las presidenciales de 2018, lo que de paso supone que el
chavismo-archipiélago tendría que reconstituirse con nuevos liderazgos, algo
nada fácil.
Es necesario acotar que ese
escenario transicional (es decir: el chavismo aún en el poder, pero sin la
cúpula “insurgente”) podría ser menos malo para la oposición de lo que luce a
simple vista. Las elecciones de gobernadores, que deberían realizarse este año,
pueden convertirse en otro obstáculo o, por el contrario, facilitarle la labor
a la oposición si logra construir una estrategia en torno a ellas, algo que
luce complicado en las actuales circunstancias.
Es muy difícil recomendarle
algo al gobierno. Sí le diría que, a pesar del desorden, no subestime la
capacidad de la oposición para movilizar a una población que, al borde de la desesperación,
cercada por la inflación, la escasez y la madeja que enreda a delincuencias y
cuerpos del Estado, busca ávidamente una solución pacífica. Le diría que no
solamente está en juego el transcurrir de un gobierno, sino el devenir del
propio chavismo. Y que ninguna solución de facto puede reemplazar a
la solución política, al menos no sin un costo enorme para el pais.
09-03-16
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