Txomin Las Heras Leizaola 03 de junio de 2022
Iván
Gaitán Gómez es el alto consejero para los Asuntos de Migración de la Alcaldía
Mayor de Bogotá. Reivindica que la gestión de la alcaldesa Claudia López ha
regularizado a 143 mil migrantes venezolanos, que han recibido sus Permisos de
Protección Temporal que les permite trabajar legalmente, lo que hace de la
capital de Colombia «la ciudad que ha regularizado más en toda América Latina
en toda la historia, incluso en el hemisferio occidental y en el hemisferio
oriental también».
Bogotá
bien podría estar en el ranking de las 10 primeras ciudades con más venezolanos
en el mundo, incluyendo las principales urbes del vecino país, tras haber
recibido a alrededor de 500.000 migrantes en poco más de cinco años.
Su alcaldesa, Claudia López, después de haber generado grandes polémicas en 2020 y 2021 por haber asociado a la migración con los problemas de seguridad que enfrenta la capital de Colombia, designó a Iván Mauricio Gaitán como Alto Consejero para Asuntos Migratorios, para que dirija y coordine las políticas bogotanas en este tema. TalCual conversó con él.
—Algunas
declaraciones de la alcaldesa de Bogotá en 2020 y 2021 sobre los migrantes
venezolanos en la ciudad, tachadas en su momento de xenófobas, despertaron gran
polémica no solo en Colombia sino en el exterior. Hoy, ella misma creó una Alta
Consejería para Asuntos Migratorios a cuyo frente lo ha designado a usted. ¿Se
produjo un giro de 180 grados en el abordaje del tema migratorio por parte de
la Alcaldía bogotana?
—Uno
de los baluartes de los tomadores de decisiones es saber reconocer que hubo un
error y corregirlo. Pienso que es más valiente reconocerlo y tomar decisiones
trascendentales. Eso fue lo que hizo la alcaldesa. Reconoció una declaración
(que se contrapone) a una oferta institucional totalmente poderosa en favor de
los migrantes. Una declaración no puede borrar el gran papel que juega Bogotá
respondiendo a los migrantes. Somos la ciudad que no solo es la que más
migrantes recibe, el 21,6% (de los venezolanos en Colombia), sino la que más
presupuesto destina en América Latina y el Caribe. Adicionalmente, esto se
cruza con el Permiso por Protección Temporal (PPT), y la alcaldesa está
comprometida con la regularización, al punto que ella no habla de migrantes
sino de nuevos bogotanos.
—Usted
tiene pocos meses (desde febrero de 2022) como Alto Consejero para Asuntos
Migratorios de Bogotá. ¿Qué encontró al asumir el cargo y qué se propone hacer?
—Primero,
se le dio un alto estatus a sus funciones. El Alto Consejero depende del
despacho de la alcaldesa, cosa que manda un mensaje institucional y político
sobre el nivel de la respuesta que ella quiere brindar. Segundo, el rol que va
a jugar la Alta Consejería como articuladora y facilitadora de todas las
acciones de 19 instituciones distritales, con todo lo que eso implica en una
ciudad como Bogotá, que en términos poblacionales es como si sumaras Paraguay y
Uruguay. Entonces, una de las funciones principales es coordinar respuestas y
la segunda dar información totalmente fidedigna y cercana al fenómeno. La
tercera, lograr incidencia en espacios estratégicos para superar las barreras
de acceso e integración de los migrantes. Y, en cuarto lugar, lograr niveles de
financiación, tanto de la institucionalidad como de la cooperación
internacional, para complementar la respuesta que ya viene desarrollando el
Distrito Capital. Creemos que con la estrategia que ya se diseñó y se aprobó en
marzo y la inauguración de la comisión intersectorial, donde están todas las
entidades distritales, algunas nacionales y otras de cooperación internacional,
va a haber un espacio muy fuerte de coordinación. Igualmente tendremos un
portal donde el próximo semestre todo el mundo va a poder consultar lo que se
está ofertando. Va a haber proyectos especiales por cada una de las secretarías
distritales de la Alcaldía.
—Bogotá,
una metrópolis de ocho millones de habitantes, es la ciudad con más migrantes
venezolanos en Colombia. ¿Qué ha supuesto este flujo migratorio para la vida de
Bogotá?
—Bogotá
es la ciudad, no solo de América Latina y el Caribe, sino una de las que más
acoge en el mundo a migrantes de Venezuela. Una de las claves está en que
Bogotá, además de su demostrada solidaridad, generosidad y bondad en términos
presupuestales tiene capacidad institucional. La ventaja es que va a tener un
beneficio en el bono pensional, en la dinamización de nuevos sectores
económicos y en una población juvenil que tiene mucho que aportarle a la
ciudad. Estamos conscientes de que va a traer más aportes a la economía y que
la integración cultural también generará riquezas culturales. Sabemos que a
pesar de la presión migratoria, que calculamos en alrededor de 500.000 personas
según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y con una
proyección nuestra por servicios un poco superior, se va a generar más
desarrollo que otra cosa. Igualmente va a traer algunas ventajas comparativas
en la asignación presupuestal, pues Bogotá, tenderá a aumentar su presupuesto.
A la fecha tenemos el mismo presupuesto.
—La
migración venezolana tiene un carácter mixto y una gran complejidad. A Bogotá
han llegado desde grandes empresarios con importantes inversiones que han
cambiado el paisaje urbano, como es el caso de la cadena de farmacias
Farmatodo, hasta familias empobrecidas que mendigan en las calles. Tenemos
también exitosos profesionales, académicos y técnicos y trabajadores que
sobreviven en la informalidad. ¿Cómo se lidia con todo este panorama tan
contradictorio?
—Son
varias las decisiones que hemos tomado para que esa contribución que pueden
hacer los migrantes sea más efectiva. Uno, en las próximas semanas
implementaremos en 19 de los 51 CADE y Supercades, que es una red de servicios
de atención al ciudadano en toda la ciudad, un circuito donde Migración
Colombia realizará el registro biométrico y entregará el PPT a los migrantes y
podrán ingresar en el sistema de aseguramiento en salud y en el de
protección social a través del Sisben. Van a tener la posibilidad de
inscribirse en la agencia pública de empleo, van a tener búsqueda activa
escolar y habrá también una ventanilla para colombianos retornados, aquellos
que se fueron hace 20 o 30 años y que tienen doble nacionalidad a los que
daremos otra ruta del servicios. Este es un ejemplo de cómo estamos integrando.
Otro
ejemplo lo vemos en el sistema de transporte público masivo de Transmilenio
donde tenemos una convocatoria para más de 3.000 conductores donde habrá un
porcentaje muy alto de migrantes. Asimismo, entre quienes trabajan en ventas
ambulantes informales estamos tratando de ofrecer protección social,
aseguramiento en salud y que sus hijos estén en la escuela. Se trata de un tema
de procesos, primero hay que cumplir con la regularización, que sin duda es el
primer paso para salir de la informalidad, y una vez estén regularizados, con
salud y educación, pienso que las condiciones para la integración van a ser más
veloces.
—Los
medios de comunicación siguen emitiendo mucha información sobre la
participación de personas provenientes de Venezuela en hechos delictivos de
diversa índole. ¿Cuál es su percepción sobre este tema tan delicado ante la
opinión pública?
—El
tema de la securitización con las migraciones es global y no es exclusivo ni de
Colombia ni de Bogotá. Las migraciones tienen una connotación de peligro y ese
es el gran error que cometen los países cuando no identifican y caracterizan al
ciudadano que está llegando. Hay ciudadanos que tienen, muchas veces, mejores
condiciones de calificación o certificación laboral, así como competencias
humanas y laborales que la población de acogida, por lo que hay que tener una
mirada menos punitiva. Por el contrario, ver a esta población como vulnerable.
Hemos
encontrado que los migrantes se suicidan más y que la tasa como víctimas de
homicidios es más alta entre ellos.
El
delito no tiene nacionalidad, el delito lo puede cometer cualquiera. No es
necesario estigmatizar a una nacionalidad, a una raza o a una etnia. El delito
es delito. La alcaldesa ha dicho que estamos dispuestos a ofrecer todas las
garantías, no solo a los nuevos bogotanos sino a los viejos bogotanos también,
para que en vez de tomar un camino de ilegalidad tengan oferta para que no
cometan delitos ni engrosen las filas de la delincuencia.
—Colombia
ha logrado incluir en su sistema educativo a más de 400 mil niñas, niños o
jóvenes venezolanos, alrededor de 66.000 en Bogotá. ¿Cómo está llevando
adelante Bogotá este proceso para garantizar sus derechos a decenas de miles de
menores de edad venezolanos?
—Antes
de llegar el Estatuto de regularización migratoria Bogotá tomó la decisión de
aceptar a los niños en condición de irregularidad sin ninguna exigencia. La
orden de la alcaldesa, que con las poblaciones vulnerables tiene especial
afecto, es abrir las puertas porque, primero, con esa medida se generan espacios
protectores para los niños; se generan altos niveles de escolaridad; tienen
alimentación escolar y se ubican en colegios más cercanos a donde viven, y eso
pasa en el 95% de los casos. Dentro de los colegios se desarrollan los Planes
Integrales de Ajuste Razonable (PIAR) que se aplican a las poblaciones
vulnerables, con carácter individual. Se trata de un gran desafío porque ahí
está el chico desplazado, al que le hacen bullying, el que viene de otra región
del país y el migrante. El otro elemento clave son los Planes Educativos
Institucionales (PEI) para que el impacto de derechos humanos de la migración
sea muy fuerte y no haya distinción por parte de las directivas ni de los
docentes ni rutas paralelas por el hecho de ser migrante en cuanto a trato, enseñanza,
salones, materiales o desayunos escolares con el migrante.
Creo
que somos un modelo demostrativo. La única barrera que esos chicos están
encontrando es que cuando llegan a 11º grado, el último grado de bachillerato,
y no tienen aún su propio Permiso por Protección Temporal (PPT) no se pueden
graduar, pero eso no depende del Distrito sino de Migración Colombia y estamos
haciendo toda la incidencia para que las jornadas de inscripción, biometría y
entrega de PPT funcionen.
—El
Gobierno Nacional de Colombia ha emprendido un gran programa para regularizar a
más de dos millones de migrantes venezolanos. ¿Cómo se ha desarrollado el
Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en la capital de la
República?
—Somos
los gobiernos locales los que realmente estamos poniendo la infraestructura y
la capacidad institucional en el territorio porque Migración Colombia tiene un
personal limitado. Lo que hacen los gobiernos locales, como en el caso de
Bogotá, es prestar no solamente los CADE y Supercade para los Puntos Visibles
de Migración Colombia con el fin de atender a los migrantes, sino también
jornadas masivas como la del Palacio de los Deportes que pudo entregar 40.000
PPT aproximadamente, 27.000 en otra jornada y 19.000 en otra.
Bogotá
ha colaborado con toda su institucionalidad. Adicionalmente hay que resaltar el
rol de la cooperación internacional en estos procesos porque ellos cofinancian
la organización de los espacios y de las personas que hacen el registro. Bogotá
se ha lucido, pues ya ha aportado el 35% de las actividades de regularización,
hemos orientado a 358.000 personas prerregistro, en biometría y en entregas de
PPT. Si sumas todo se trata de la orientación de servicios más fuerte en el
país.
Hemos
entregado 143.000 PPT, lo que quiere decir que se trata de la ciudad que ha
regularizado más en toda América Latina en toda la historia, incluso en el
hemisferio occidental y en el hemisferio oriental también.
No ha
habido un TPS (Estatus de Protección Temporal) igual en ningún país, ni
siquiera en los Estados Unidos, según lo ha reconocido ellos mismos en
reuniones públicas. Creo que esa garantía de derechos tiene que ser una prenda
de garantía para decir que Bogotá se sumó, pero entregó, se sumó pero aportó.
Ahora hay unos desafíos muy grandes, pues el link de prerregistro en el
Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) de Migración Colombia se dañó y
los gobiernos locales estamos muy preocupado porque no estamos pudiendo
adelantar el registro de migrantes que es la verdadera medición de cuántos
migrantes hay. Nos queda también algo importantes y es que el PPT lo acepten en
todas las entidades públicas nacionales, regionales y locales, así como en las
privadas, como un documento de identidad válido del gobierno colombiano. Ese es
el verdadero proceso de integración y vamos apenas en el 30 por ciento.
—Las
encuestas en Colombia reflejan que la mayoría de los colombianos no está de
acuerdo con las políticas gubernamentales para acoger a la población venezolana
y tienen una opinión desfavorable sobre los migrantes. Esto plantea grandes
retos de cara a la integración de los venezolanos, especialmente en aquellas
localidades más pobres de Bogotá donde se concentran los migrantes venezolanos.
¿Qué se está haciendo o se piensa para manejar la convivencia en estos barrios?
—Es
uno de los temas más trascendentales de convivencia, justicia y me atrevería a
decir de integración social y cultural, porque muchas de las poblaciones han
llegado a asentamientos donde las comunidades de acogida ya tenían unas
dinámicas económicas propias y unas fronteras barriales invisibles y tenían
unos negocios particulares que usufructuaban como comunidades de acogida. Ahora
encuentras una competencia entre carreteros, recicladores y personas que
trabajan en el área de belleza y estética y eso para nosotros es lo más
delicado, porque el carretero disputa rutas y una basura se la pueden disputar
con violencia un reciclador colombiano y uno venezolano.
Un
salón de belleza o una barbería le quita mercado a otro salón que había
contiguo. Este tipo de cosas nos está generando lesiones personales, agresiones
y hasta homicidios por riñas que terminan en muerte.
Esto
es lo que más nos preocupa y vamos a trabajar en acciones de convivencia. La
estrategia tiene seis ejes. Una es la convivencia y la otra la xenofobia que
van muy pegadas.
Vamos
a trabajar en el sistema escolar que tiene más de 66.000 matriculados en Bogotá
que si lo multiplicas por 3.2 estamos hablando casi 200.000 personas con las
que podemos interactuar. Adicional a esto, el sistema de convivencia tiene unos
mecanismos de resolución de conflictos en el Distrito y los ofrece a través de
las Casas de Justicia, de las que tenemos 19, donde se dirimen esas
controversias para no colapsar el sistema judicial. Los idiomas, las palabras,
el lenguaje y las formas de las poblaciones migrantes y las de acogida son muy
diferentes para resolver los conflictos y nos toca acercar esos dos mundos en
lo local. Ese desafío lo vamos a trabajar de la mano precisamente de la
cooperación internacional con el programa Panas y Parces, junto con el
Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC). Tenemos también un
programa que se llama Conectando Caminos por los Derechos, de USAID, que está
apoyando a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en las Casas de
Justicia. Ahí te mencionó tres proyectos que están andando, pero van a venir
más.
—La
integración de los migrantes pasa en gran medida por su inclusión y
formalización laboral. Las grandes ciudades suelen tener una mayor capacidad de
absorción de mano de obra y ofrecen más oportunidades laborales. ¿Es el caso de
Bogotá? ¿Necesita Bogotá la migración venezolana?
—Sí,
cualquier país, sea Colombia o cualquier otro, debe contemplar que sus
pirámides poblacionales están comenzando a reducirse y cada vez hay menos
población joven que quiere tener hijos y el adulto mayor que ingresa a
pensionarse no va a tener quién le pague esa pensión. Esto es un ganar-ganar.
Vienes, trabajas, obtienes beneficios sociales, protección del Estado y
garantías laborales, pero tú aportas al sistema de salud y eso contribuye a las
pensiones. Un ejemplo de eso es España donde el rechazo a colombianos,
ecuatorianos, peruanos o venezolanos en Madrid y en otras localidades era muy
agresivo, pero hoy quienes viven de la pensión allí están financiados por el
bono pensional que aportan los inmigrantes y que hacen trabajos que los propios
españoles no quieren hacer. Aquí también hay unos sectores que están
abandonados por los colombianos y vamos a reforzarlo con población migrante que
tienen la vocación, las ganas y la necesidad. Es el caso de los sectores
textil, cafetero, floricultor. Hay sectores que están requiriendo de manera
periódica población que está dispuesta a trabajar y el ejemplo que te ponía del
transporte público donde hay un déficit de 3.000 conductores y otras funciones
de mantenimiento.
—Bogotá
ha sido un importante receptor de las migraciones internas de Colombia, por un
lado producto de los conflictos políticos y armados vividos por el país y por
otro del proceso de urbanización del país, pero nunca había tenido una
inmigración proveniente de otro país como es el caso de la venezolana. ¿Cómo ve
el futuro de la ciudad tras este fenómeno?
—Yo
veo una ciudad ideal, una metrópoli totalmente multicolor, una ciudad que
claramente va a desacostumbrarse y a desaprender del conservadurismo y del
regionalismo. A veces, las ciudades latinoamericanas tenemos ese fenómeno de
ser conservadoras y muy parroquiales. Pero con la llegada de migrantes vamos a
ver una sociedad multicolor y diversa donde cuando te paras en una esquina
puedes escuchar diferentes acentos, diferentes nacionalidades, al estilo de
Nueva York. Creo que eso nos va a brindar la oportunidad de ser una ciudad
megadiversa. El segundo elemento es que vamos a sentir el aporte de la
migración para el desarrollo. Eso lo veremos en menos de una década porque el
bono pensional y el sistema de aportes a salud y pensiones va a pasar del 2%
dónde está ahorita al 4%, al 7% con el aporte de los migrantes. Y un tercer
elemento es que uno nunca puede negarse a aprender y creo que las
nacionalidades siempre traen nuevas cosas en el ámbito cultural, deportivo,
recreativo, en los negocios, en la genialidad y en la innovación. Nosotros nos
hemos llevado sorpresas con la migración venezolana. Hay mucha gente con
potenciales exorbitantes. Creo que en 10 años vamos a estar celebrando que
ellos trabajen en Colombia para sus familias y para Colombia.
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