Marta de la Vega 20 de junio de 2022
Las
elecciones presidenciales en Colombia ya habrán ocurrido y definirán al ganador
en la segunda vuelta antes de que este texto sea publicado. Cualquiera que sea
el resultado, los desafíos serán grandes para el nuevo mandatario porque están
en juego gobernabilidad, por un lado, y gobernanza, por el otro. La
gobernabilidad significa la capacidad de un sistema político, a través del
Estado o del gobierno, de responder a las demandas sociales de una manera
eficaz y legítima. La gobernanza apunta, en cambio, a cómo se gobierna, a las
reglas de juego establecidas que aseguran un consenso entre actores
estratégicos y población, así como la necesaria estabilidad para que las
demandas sociales sean respondidas o satisfechas con transparencia y
eficiencia.
Hoy se contraponen dos modelos de democracia y de gestión pública en el ejercicio del poder con Hernández y Petro. La confrontación más significativa está en el dilema al cual se han enfrentado los electores entre dos modos de entender la democracia y dos formas de ejercer el poder. O bien se trata de una concepción liberal de la democracia que busca la inclusión social y a la vez combate el personalismo y la estructura clientelar en la participación política, que han sido vicios reiterados y la mayor amenaza contra instituciones y valores democráticos o la corrupción que carcome todo esfuerzo institucional de cambio social.
O bien
se trata de una visión estatista y dirigista de la democracia, que tiende a
favorecer una visión mesiánica y caudillista, con la confluencia de actores muy
heterogéneos, a la vez que excluye a los sectores considerados «anti-pueblo» u
oligárquicos y reivindica todos los derechos, pero no exige deberes ni
obligaciones a los ciudadanos.
En el
caso de Petro se han juntado, desde los nostálgicos de la redención social de
los dogmas del socialismo histórico autoritario o «socialismo real» de cuño
estalinista, o los idealistas románticos de la justicia social sin aclarar cómo
financiar las correspondientes políticas públicas, hasta grupos criminales
provenientes de las FARC o el ELN, o integrantes de carteles narcotraficantes
como los del «Clan del Golfo», o personas como los asesores de estrategias de
comunicación y ataque contra los contendientes, cuyas conductas –ha quedado
claro– tienen implicaciones penales.
Así lo
ha visto la opinión pública, asombrada por la bajeza y ruindad de los intentos
de destrucción del adversario, marcados por la anomia moral del «vale todo», en
los videos filtrados desde el propio entorno de Petro y recibidos anónimamente
por los medios de comunicación social.
La
coalición petrista responde a pactos y adhesiones acomodaticias de carácter
utilitario, a la manera de las alianzas populistas que han tenido lugar en los
países de América Latina donde irrumpieron estos movimientos de ruptura
del statu quo en el siglo XX, sea como movilización de sectores antes
excluidos, sea como reacomodo de las élites tradicionales.
En el
caso de Hernández, su impulso apunta a una coalición por Colombia, con dos
propósitos prioritarios: acabar con la corrupción y componendas de los grupos
de poder o de los partidos políticos a los que llama «politiqueros» y erradicar
la pobreza con políticas sociales de apoyo a las actividades económicas más
deprimidas como el sector productivo agropecuario o las pequeñas y medianas
empresas, golpeadas por el impacto de la pandemia de covid 19.
Propone,
además, empujar entre los sectores más vulnerables la superación y ascenso
social mediante programas educativos de muy alta calidad. En este sentido, la
vicepresidenta escogida para acompañarlo en su gobierno, está más que mejor
preparada para lograr estos objetivos. Ella misma es ejemplo de que sean los
méritos los que definan las responsabilidades en los cargos públicos.
Al
apelar a todos los compatriotas que quieran apoyarlo para llevar a cabo sus
propuestas de gobierno, sin establecer ni alianzas ni compromisos pagaderos con
posteriores prebendas o parcelas de poder, ni a personas ni a partidos
políticos, está buscando establecer nuevos modos de gestión política entre los
diversos poderes del Estado y en la ciudadanía. Esto plantea el riesgo de
ingobernabilidad entre los opositores al desarrollo de su proyecto de país.
Esperemos
que sean preservadas la democracia y las libertades ciudadanas con equidad. Y
se mantenga como apuesta, con el mandatario nacional electo, un mejor futuro
para el país. Con ambos aspirantes, ante un país martirizado por altos índices
de desigualdad y pobreza y por una violencia persistente de parte de grupos
irregulares, hay un riesgo imprevisible, ya sea porque se produzca un retroceso
a causa de la demagogia populista en relación con los logros alcanzados desde
la instauración de un Estado social de derecho con la Constitución de 1991, ya
sea porque se incite una permanente subversión de los que intentan destruir las
instituciones vigentes o de los adversarios de la lucha contra la corrupción.
Marta
de la Vega
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