EFE 27 de junio de 2022
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La
Defensoría del Pueblo de Venezuela celebró esta semana una sesión plenaria de
la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, pero
no dio detalles sobre casos relacionados con este delito en el país
Varias organizaciones no gubernamentales y partidos políticos contrarios al Gobierno de Venezuela denunciaron este domingo la persistencia de la tortura en el país, especialmente la que, según sus registros, sufren personas privadas de libertad por motivos políticos.
En
2021, registramos 241 denuncias de torturas. Eso fue un aumento de 148,4 %
respecto al número de víctimas reportadas en 2020", recordó en Twitter la
ONG Provea, a propósito de conmemorarse el Día Internacional en
Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
Asimismo,
la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia publicó en
la misma red social varios mensajes para remarcar la prohibición,
vigente en el país, para establecer "penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes".
Seguimos
alzando la voz por cada preso político torturado y por aquellos que murieron
estando bajo la custodia del Estado", apuntó la ONG.
Por su
parte, los partidos políticos La Causa R y Voluntad Popular (VP) emitieron
breves pronunciamientos en Twitter para condenar que este flagelo siga vigente,
sin dejar de mencionar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)
abrió formalmente una investigación al país en 2021 por crímenes de lesa
humanidad.
En
Venezuela está evidenciada, en numerosos informes, la práctica de la tortura
contra detenidos. Consta en los recaudos de la comisión de DDHH de la ONU y en
denuncias interpuestas ante la CPI (...) seguiremos alzando la voz para que los
crímenes del régimen no queden impunes", señaló VP.
La
Defensoría del Pueblo de Venezuela celebró esta semana una sesión plenaria de
la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, pero
no dio detalles sobre casos relacionados con este delito en el país.
La CPI publicó
un informe anual en diciembre de 2020 en el que enumeraba delitos
cometidos por las fuerzas de seguridad de Venezuela, entre ellos el de tortura,
violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos
políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del
derecho internacional.
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