José Pineda: “Sin acceso a la información, no hay credibilidad” / Hugo Prieto

 Por Hugo Prieto

@prodavinci

Son dos asuntos muy difíciles de resolver, pero que han marcado la realidad venezolana desde el año 2013. La debacle fiscal y la emergencia humanitaria compleja. No se pueden encarar los problemas si antes no hay transparencia que, a su vez, es la base de la credibilidad. No hay de eso en el país. Solo incertidumbre, vulnerabilidad y reglas de juego que se cambian de la noche a la mañana. En el prólogo del libro Propuestas para resolver la crisis económica de Venezuela, José Guerra, quien, además, es el editor, describe el arco que abarca la desastrosa historia económica del chavismo.  

Del tema fiscal y el endeudamiento habla José Pineda*. Sin ingresos petroleros que hagan la magia de ofrecer villas y castillos, solo queda el difícil camino de ser responsables, de hablar con la verdad, y eso duele. 

Esta coletilla: “Venezuela se arregló” llegó hasta Italia. Se ha extendido por todo el mundo, dejando una estela de alivio y esperanza. Le pregunto: ¿Venezuela se arregló?

En el mejor escenario posible, nuestra economía está por debajo (alrededor de 65 por ciento) de lo que era en 2013. Diría que es muy triste que eso sea suficiente para decir que “Venezuela se arregló”. Para el momento en que se manifiesta la hiperinflación (2013-2014), la institucionalidad del país, y particularmente la institucionalidad fiscal, era muy precaria. Aún hoy, sigue siendo un país donde no se reportan ni se rinden de manera transparentes las cuentas fiscales, donde el fisco tiene una política de financiamiento para las empresas públicas vía Banco Central. Tiene un pequeño alivio gracias al rebote pospandemia de la economía mundial y la guerra en Ucrania. Entonces, ese pequeño alivio no es por méritos del gobierno de Maduro. Venezuela es un país en default y no tiene acceso a los mercados financieros para hacer las inversiones mínimas que se necesitan para recuperar una infraestructura que está destruida. Es una situación fiscal tan precaria como la que teníamos en 2013. Aunque, coyunturalmente, por los factores (externos) que mencioné, el flujo de caja ha mejorado. Venezuela no está aprovechando el aumento de los precios del petróleo, porque no tiene una capacidad real de producción. La inflación es de tres dígitos y cuando los elementos coyunturales cambien, el panorama seguirá siendo sombrío. Entonces, en términos fiscales, Venezuela no se arregló. 

¿Cuáles son los impuestos inflacionarios? ¿Cómo afectan al ciudadano de a pie?

Los impuestos en Venezuela -producto de la inflación- experimentaron un cambio que tiene dos vías. La primera de ellas tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo de los impuestos que se recaudan de manera regular (el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, entre otros). En el caso del Impuesto sobre la Renta, se hace el pago con relación a los ingresos del año anterior. Debido al proceso inflacionario, el monto que termina pagando el contribuyente representa una fracción del impuesto que recauda el fisco. Eso tiene un efecto muy importante. En realidad, los impuestos que pagan los venezolanos tienen muy poca repercusión en el financiamiento de la actividad pública. Ese es el principal factor que afectó y sigue afectando la capacidad de financiamiento del aparato público venezolano. La segunda vía es lo que llamamos el impuesto inflacionario y la forma tangible en que puedes visualizarlo está en el balance del Banco Central. Existen los créditos que el Banco Central le da a PDVSA o a las empresas públicas, créditos que registra en su balance. Son pasivos porque es dinero que emite el Banco Central. A cambio recibe una cuenta por pagar que sabemos el Estado no va a honrar, lo que termina siendo un financiamiento gratuito. En realidad, es dinero que se lanza a la calle. En ese momento, los agentes económicos advierten que se puso a funcionar “la maquinita” de hacer dinero (dinero inorgánico, sin ningún valor) lo que exacerba el proceso inflacionario que todavía experimentamos. Si bien es cierto que dejamos atrás la hiperinflación, tenemos una inflación anualizada del 154 por ciento, que sigue siendo una de las más altas del mundo y pulveriza el salario. No estamos viviendo momentos dramáticos, pero tampoco estamos viviendo buenos momentos. 

En 2017, la deuda pública venezolana explotó. Es una deuda inmanejable, impagable. El país está en cesación de pagos. Este asunto que se mantiene en suspenso, pero en cualquier momento los acreedores van a hacer valer sus derechos. 

Están allí, están atentos a los activos que la república tiene (en particular la empresa Citgo, en Estados Unidos y las reservas de oro bajo custodia del Banco de Inglaterra). Esos activos están protegidos por las autoridades de ambos países. Los acreedores no han ido contra esos activos, pero eso no quiere decir que no lo vayan a hacer. No te voy a decir que los acreedores son la caperucita roja. Hubo préstamos que se hicieron de mala fe, porque se sabía que nuestra capacidad de pago estaba agotada. Probablemente, tendremos que ir a un proceso de reestructuración de deuda. Pero ningún acreedor se va a sentar a la mesa de negociación si antes no ve un plan de cuentas fiscales que garantice a futuro una capacidad de repago, tal como se hizo recientemente en Puerto Rico. El Gobierno de la isla consigue una reducción considerable del monto de deuda, pero antes se vio en la necesidad de emprender una serie de reformas y de mejoras fiscales, que les garantiza a los acreedores el cobro de una fracción mínima del valor facial de los bonos, según lo acordado. Pero eso no está planteado en Venezuela, al menos en el corto plazo. Sin un plan de reestructuración de deuda, que le vuelva a dar acceso al país a los mercados internacionales, no habrá financiamiento para los planes de infraestructura o para rescatar nuestro sistema educativo o de salud o para el sector privado, lo que nos condena a vivir en una economía minúscula, porque no hay capacidad de financiamiento. 

Durante un lapso prolongado, la economía venezolana ha sido sometida a choques fiscales, de magnitud e intensidad variable. ¿Cómo podemos identificar esos choques fiscales y cómo han afectado la vida de las personas?

Lo importante es identificar cuáles son los choques fiscales que aumentaron la deuda de una forma insostenible. ¿Por qué? Porque son choques que no pudimos financiar. Son choques que afectaron negativamente la sostenibilidad fiscal. ¿Cuál es su característica principal? La tendencia a generar una caída sustancial de la economía y a propiciar un aumento muy fuerte de la inflación. Podemos puntualizar, en la historia económica venezolana, cuándo hemos visto ese tipo de eventos: 1983, justo antes del viernes negro. 1989, justo antes del Caracazo. 1994, justo antes de la crisis financiera. Y si quieres ver los orígenes de la hiperinflación más reciente, en el momento en que el expresidente Chávez le pidió al Banco Central un millardito (mil millones de dólares de las reservas internacionales), por eso es que hay una gran conexión entre lo monetario, lo fiscal y la inflación. Ese fue el comienzo del fin por una actitud irresponsable de la administración del difunto Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque en ese momento el país estaba recibiendo choques fiscales positivos, gracias al aumento de los precios del petróleo. ¿Qué hizo el Gobierno? En vez de ahorrar, que es lo que aconseja la prudencia económica, Venezuela empezó a endeudarse de manera exacerbada, empezó a comerse las reservas internacionales y para ejercer el poder absoluto de la economía, el expresidente Chávez forzó a un Banco Central muy débil institucionalmente a entregar financiamiento a PDVSA y a las empresas públicas. Valga decir, al Gobierno. 

A los años que identificó con antelación, habría que agregar como el choque fiscal más reciente al 2013.

Las decisiones que se tomaron ese año abrieron la puerta para un manejo fiscal totalmente irresponsable. El expresidente Chávez, antes de su muerte, aumenta sustancialmente el gasto para garantizar su reelección, lo que pone a la economía venezolana en una vulnerabilidad muy grande. En 2014, empiezan a caer los precios del petróleo y la manifiesta incompetencia del gobierno de Maduro dejan al Banco Central como único refugio para que el Gobierno pueda seguir gastando. En ese momento, queda claro cómo se conectan decisiones de mayor gasto, decisiones de expansión fiscal, aunadas a un financiamiento que no viene por más impuestos o por más ingresos, lo que origina la hiperinflación.  

Ese año también se manifiesta la crisis de PDVSA. A ningún Gobierno se le había ocurrido matar a la gallinita de los huevos de oro. Ese hecho, en sí mismo, es un elemento autónomo, del choque fiscal, francamente negativo, que experimentamos en 2013. 

Un choque muy profundo. Al día de hoy tenemos precios del petróleo por encima de 120 dólares. Lo previsible, con un precio a ese nivel, es que Venezuela tuviera ingresos fiscales y reservas internacionales cuantiosísimas. Algo parecido al año 2006, la gran bonanza, los años dorados del chavismo. ¿Por qué no ocurre eso? Por el hecho de que Venezuela no tiene capacidad de producción. Pero eso no es lo peor. La industria petrolera venezolana está destruida, en un momento en el cual el mundo está pensando en un proceso significativo de descarbonización. Es decir, el horizonte en los próximos 30 años es que el consumo de combustibles fósiles se reduzca en forma significativa. Ese lapso, seguramente, lo van a aprovechar otros países petroleros. Venezuela requiere de una inversión muy importante para elevar la producción, pero la gran limitante es el contexto mundial. 

¿Quién fija los precios en Venezuela? Aparentemente es el sector privado, en función de las expectativas que tienen, todas negativas, y por eso tenemos una inflación en dólares. ¿Eso es así?

El gobierno de Maduro destruyó un elemento muy importante para que el mercado fije precios que sean estables y que reflejen la productividad de los distintos sectores. Ese elemento es la capacidad de competencia. Tenemos una producción muy escasa. Y eso no permite que la oferta sea suficientemente elevada para que haya una competencia y los precios se mantengan de una manera razonable. Además, son pocos los oferentes y eso tiende a fijar precios relativamente altos. Las expectativas que se tienen alrededor de las medidas que se toman es que pueden revertirse de la noche a la mañana. Un ejemplo es todo lo que fue el proceso de apertura de cuentas en dólares, de pagos en dólares, que venía a fortalecer la recuperación del consumo. Entonces, cuando el sector privado fija los precios, tiene que tomar en cuenta todos esos factores. 

No solo hay opacidad en las cuentas, sino en las propias expectativas y la línea en el horizonte es difusa. 

Antes de la guerra de Ucrania y de las distorsiones que provocó en la economía mundial, en Venezuela había un proceso desordenado de ajustes discrecionales, de licencias de importación, por ejemplo, que suscitaron varias preguntas. ¿Quién puede montar un bodegón? ¿Quién tiene el apetito de riesgo? ¿Quién puede montar un casino? O es una persona que obtuvo su dinero muy fácil o tiene una conexión y entiende, ante cualquier decisión que se tome, que su dinero está garantizado. ¿Pero el sector privado normal? Ellos están viendo que enfrentan una gran vulnerabilidad, porque las medidas económicas pueden revertirse de la noche a la mañana. Sería injusto pensar que hay un proceso especulativo. No, no es eso. El problema es que no hay una capacidad doméstica que nos permita competir. Hay una incertidumbre gigantesca, porque todo puede cambiar de un día para otro. Es el reflejo de la precariedad económica. El peso recae sobre el eslabón último de la cadena. Aquél que tiene acceso a dólares, sea por la vía de las remesas o porque gana una fracción en dólares, están sobreviviendo. Pero los que no están conectados a esos flujos en divisas la pasan realmente mal. Ni sueñes tú que vas a poder comprar algo en un bodegón. Y esa es la situación de la mayoría de las familias venezolanas, la clave de lo que tenemos que entender. 

Otro obstáculo importante es la falta de acceso a la información pública y la opacidad que rodea la toma de decisiones. ¿Cómo podría hacerse un programa de estabilización fiscal si no se pueden cuantificar las variables macroeconómicas?

La clave, en el momento en que se haga el programa de estabilización fiscal, radica en la credibilidad que podamos tener para sanear las cuentas fiscales, para restituir la institucionalidad fiscal y, por ende, devolverle la independencia al Banco Central. Nosotros tenemos que garantizarles a los mercados que ese va a ser un esfuerzo sostenible. Uno de los principales elementos es que seamos responsables con los objetivos y metas que nos tracemos. Para eso necesitamos dos cosas: una, monitoreo y dos, que los mercados tengan información transparente para que puedan corroborar que las cuentas fiscales en las distintas áreas se están cumpliendo o no. Sin ese compromiso, sin darle a la ciudadanía, a los mercados, a los agentes económicos, un cronograma que, a su vez, se cumpla, lo que vamos a tener son pañitos calientes. Tenemos que recorrer el camino difícil de ganarnos la confianza a través del cumplimiento y de las metas que nos estamos trazando. No podemos prometer villas y castillos. Esa disciplina nos obliga a ser más realistas, más sostenibles.

El país está en ruinas y los recursos para acometer el programa fiscal son escasos. Diría que para colmo parió la abuela con la emergencia humanitaria compleja: la pobreza, el hambre y la ausencia de servicios básicos. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar, en forma simultánea, las dos cosas?

Nosotros tenemos que tener dos conversaciones, tanto con los organismos multilaterales como con la propia ciudadanía. Sí, tenemos que atender la emergencia humanitaria y reconstruir el país. Pero de una forma transparente, que le permita entender, a los donantes, a la ayuda internacional, a los mercados, que ellos no están financiando ineficiencias. O todo el sobre empleo que generó el chavismo en las empresas públicas. Que no están financiando empresas públicas quebradas y un aparato fiscal ineficiente. Tenemos que tener un programa fiscal que elimine lo que no se necesita y haga efectiva la ayuda humanitaria, de manera que recuperemos la educación, la salud y los servicios básicos. 

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*Economista por la UCV. Doctor en Economía (Universidad de Maryland). Docente en la Universidad de Western (Ontario, Canadá). Senior Advisor de DevTech System. 

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