Ludmila Vinogradoff 25 de junio de 2022
@ludmilavino
El
estudio, realizado entre mayo de 2021 y abril de 2022, vuelve a alertar sobre
las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen chavista
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se hizo eco de las conclusiones de un nuevo informe en el que denuncia que el Gobierno del chavista Nicolás Maduro continúa con las torturas, ejecuciones arbitrarias y persecución a la oposición en Venezuela, además de atacar y criminalizar a las ONG por recibir apoyo internacional.
Bachelet
se refirió a un estudio llevado a cabo entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de
abril del 2022, en el que concluyó que se evidencian «ciertos
avances» respecto de las recomendaciones presentadas en anteriores
informes pero en el que también, sin embargo, vuelve a alertar sobre las graves
violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Su
oficina en Caracas documentó seis casos en los que los cuerpos de seguridad del
Estado actuaron en barrios populares, provocando la muerte de varios vecinos.
«En al
menos tres de esos casos, el fallecido había presuntamente sufrido
tortura o malos tratos antes de su muerte», advirtió.
También
registró «la detención arbitraria de al menos 13 personas» durante operaciones
policiales y recibió denuncias de detención en «régimen de incomunicación»,
dado que los familiares de los detenidos no recibieron
información sobre su paradero durante hasta un mes. «En al menos tres
de estos casos, los detenidos fueron presuntamente torturados o maltratados»,
afirmó.
Por
otra parte, reconoció avances
en la reducción de las demoras judiciales y del uso de la detención, aunque
aclaró que aún «persisten los desafíos para garantizar el derecho de todas las
personas acusadas a la libertad y a un juicio justo sin demoras indebidas».
Además, señaló «35 casos de violación del derecho a la libertad, incluyendo
de seis mujeres», al tiempo que, al momento de redactar el informe, «al
menos 22 personas seguían sometidas a medidas coercitivas más allá de los
límites establecidos en la legislación aplicable vigente».
El
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria emitió dictámenes en los que se
constataba que «once personas detenidas se encontraban en detención
arbitraria». «Se observaron detenciones arbitrarias en el contexto de
protestas pacíficas, aunque menos que en periodos de informes anteriores»,
precisó.
En
materia de integridad física y mental de personas detenidas, el Ministerio
Público «recibió 235 denuncias sobre presuntas violaciones a
los derechos humanos de personas privadas de libertad, incluidas 20
relacionadas con personas que enfrentan cargos relacionados con el terrorismo».
Por su
lado, Bachelet recibió de manera directa «denuncias de tortura o malos tratos
relacionados con 14 personas privadas de libertad» y se
lamentó de que «la falta de investigaciones adecuadas y de protección contra
las represalias desalienta a las víctimas a denunciar».
El
informe será presentado el próximo 29 de junio ante el Consejo de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas
Contra
la oposición
Según
el informe de Bachelet, se siguen observando en Venezuela «restricciones
indebidas al espacio cívico y democrático, en particular la
estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes,
la sociedad civil, los medios de comunicación y los sindicalistas, que afectan
a su capacidad para llevar a cabo efectivamente su legítima labor».
En ese
sentido, se documentaron «154 casos, incluidos 46 casos de penalización, 26
relatos de amenazas y hostigamiento, 11 actos de violencia y 71 casos de estigmatización de
personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la
sociedad civil». Además, al menos cinco miembros de la oposición política fueron
detenidos, mientras que «dos dirigentes sindicales y un activista de derechos
humanos» fueron privados de su libertad.
El
informe será presentado el próximo 29 de junio ante el Consejo
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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