JUAN DIEGO QUESADA 07 de marzo de 2024
La
principal líder opositora no se da por rendida pese a que el oficialismo ha vetado
la posibilidad de que se enfrente a Nicolás Maduro en julio
En Venezuela van a chocar este año electoral dos realidades. El chavismo, que controla el aparato gubernamental y de justicia, encara las elecciones presidenciales del 28 de julio con la seguridad de que una vez más vencerá y continuará en el poder, como ocurre desde 1999. El oficialismo ha despejado el camino para que el presidente Nicolás Maduro no encuentre ningún obstáculo y se reelija por otro periodo, con el que superará los años que gobernó un mito como Hugo Chávez. La oposición entiende que hay algo de ficción en la idea de que estas son unas elecciones libres y justas, pero aun así no quiere ponerlo fácil y en los próximos meses desplegará una campaña con el apoyo de la comunidad internacional para exigir que el chavismo respete un proceso muy cuestionado del que se siente ganador incluso antes de empezar.
Maduro,
que tiene una popularidad muy baja, lleva meses haciendo campaña. El presidente
lideró un referéndum
para exigir como suyo parte del territorio de la vecina Guyana. Era una
forma de insuflar un ánimo nacionalista que mejorase su imagen de líder. No lo
consiguió. Los venezolanos no salieron apenas a votar por un asunto que tampoco
es que les quitara el sueño. Sí lo hicieron, sin embargo, para escoger a la
candidata de la oposición, María
Corina Machado, en octubre del año pasado. Machado se impuso al resto de
antichavistas en unas primarias que superaron todas las expectativas, incluidas
las de los dirigentes chavistas. Hubo colas en los centros de votación y
Machado ganó con más del 90% de los votos. Era evidente que suponía el
nacimiento de una alternativa real al chavismo.
Pero
el Gobierno no va a permitir bajo ninguna circunstancia que ella pueda disputar
el poder a Maduro, al que aventaja en la mayoría de las encuestas. Machado ha
sido inhabilitada por 15 años por su supuesto apoyo a las sanciones
internacionales impuestas por Estados Unidos a Venezuela y su respaldo a Juan
Guaidó como presidente interino después de que Maduro iniciase un
segundo mandato tras unas elecciones consideradas fraudulentas por Washington y
la Unión Europea. Machado, en enero, dijo que no le constaba que sobre ella
pendiese ninguna inhabilitación, pero el Tribunal Supremo respondió que está
inhabilitada para ocupar cualquier cargo público.
La
opositora está convencida de que, sin su participación, las elecciones no
tienen validez. “Yo recibí un mandato. El mandato de conducir a este país a
unas elecciones limpias y libres. Yo estoy comprometida a llegar hasta el final
con esto”, dijo tras conocerse la fecha electoral, que fue anunciada el mismo
día de la muerte de Chávez y coincide con el de su nacimiento, por si queda
alguna duda de quién las ha escogido. “Así como salieron de la negociación”,
prosiguió, “ahora se quieren salir de la ruta electoral porque tienen miedo. Mi
compromiso es lograr elecciones limpias, y con la fuerza de la gente lo haremos
posible”.
Crisis
institucional y económica
Al
menos públicamente, Machado confía todavía en la vía democrática en la que
venía trabajando la comunidad internacional en los últimos años. Washington,
Bruselas, Francia y Colombia han tratado de convencer al chavismo de que la
mejor manera de arreglar la grave crisis institucional y económica en la que
está sumergida el país pasa por llegar a un gran acuerdo nacional que incluya
al chavismo y a la oposición. El primer paso de ese plan era celebrar unas
elecciones competitivas, donde los partidos no oficialistas tuvieran opciones
reales de victoria. Maduro pareció dar por buenos estos escenarios al firmar
los acuerdos de Barbados, en octubre de 2023, donde se comprometía a no poner
ninguna excusa y celebrar elecciones en el segundo semestre del año, además de
habilitar a opositores que tuvieran prohibiciones expresas de participar, como
la propia Machado o Henrique Capriles, que en su día estuvo cerca de derrotar a
Chávez.
Daba
la sensación de que el diálogo había entrado en una etapa feliz de entendimiento.
El presidente de EE UU, Joe Biden, quiso dar más pasos y levantó
provisionalmente las
sanciones al petróleo y al oro, una forma de permitirle al Gobierno
venezolano participar en los mercados oficiales que hasta entonces tenía
vetados. Caracas, a continuación, liberó cinco presos políticos. En 24 horas la
política venezolana se movió más que en todo el año y medio anterior. Dos meses
después, Washington dejó en libertad a Alex
Saab, al que había detenido y encarcelado por ser supuestamente el
testaferro de Maduro. Sin embargo, todos estos movimientos han resultado
inútiles al final.
El
Gobierno no ha dejado ni va a dejar que Machado se enfrente a Maduro bajo
ninguna circunstancia. En eso los jerarcas chavistas se han mostrado
inflexibles. Por si fuera poco, han iniciado una campaña de detenciones de
opositores, activistas y hasta de ciudadanos corrientes. ¿La acusación? Un
supuesto intento de asesinar a Maduro que derive en un golpe de Estado. La Casa
Blanca ya ha anunciado que volverán las sanciones al no ver que Caracas haya
dado pasos hacia la democracia, que básicamente consistían en que se celebrasen
unas elecciones justas y competitivas.
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