Agencias 02 de abril de 2022
Familiares
de Tarazona también han asegurado, en reiteradas oportunidades, que el
activista “corre peligro de muerte” por su estado de salud, y que su condición
fue evaluada por los médicos del cuerpo de seguridad que lo mantiene detenido
La
Organización No Gubernamental (ONG) Fundaredes, exigió
este sábado la “liberación plena” de su director general, Javier Tarazona,
quien cumple nueve meses detenido en las inmediaciones del Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional (Sebin), tras haber sido detenido en julio de 2021 y
acusado de “terrorismo, incitación al odio y traición a la patria”.
“Hoy, 2 de abril, nuestro director general, Javier Tarazona, cumple nueve meses de detención arbitraria. Hace unos días, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresó preocupación por su caso. Exigimos su liberación plena”, publicó Fundaredes en Twitter.
El
pasado 17 de marzo, Bachelet presentó una actualización oral sobre el caso de
Venezuela en la que se mostró “preocupada por el enjuiciamiento de miembros de
la ONG de Derechos Humanos Fundaredes; dos de sus miembros han sido puestos en
libertad condicional, pero siguen enfrentándose a cargos penales”.
El
activista fue detenido junto a su hermano Rafael Tarazona y el abogado Omar de
Dios García, “sin mediar argumentos, instrumentos procesales ni orden
judicial”, señala un informe publicado por la organización.
La
detención de los representantes de FundaRedes ocurre en medio de la realización
de una denuncia ante el Ministerio Publico por acoso y persecución por
funcionarios de la Policía, agentes Sebin y sujetos sin identificar, en la
ciudad de Coro.
García
y Rafael Tarazona fueron excarcelados posteriormente bajo régimen de
presentación.
La
libertad de Javier Tarazona, considerado la principal voz de denuncia en el
conflicto desatado el año pasado en el estado Apure, fronterizo con Colombia,
entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC, fue solicitada por diversas
organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI).
En
diciembre, AI emitió una “acción urgente” con respecto al caso en la que
catalogó al activista “preso de conciencia” al “haber sido detenido
arbitrariamente por su labor de defensa de los derechos humanos”.
Familiares
de Tarazona también han asegurado, en reiteradas oportunidades, que el
activista “corre peligro de muerte” por su estado de salud, y que su condición
fue evaluada por los médicos del cuerpo de seguridad que lo mantiene detenido.
Aseguran
que, hasta el momento, “aún no se ha llevado a cabo el respectivo juicio”.
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