Por: Miguel González Marregot
A principios del pasado mes de Junio, las organizaciones políticas de oposición crearon la Mesa de la Unidad Democrática como una instancia para “superar las divisiones y defender la democracia”. En realidad, la iniciativa representa un paso sustantivo para aumentar; tanto sus capacidades estratégicas como operativas. De ello, no hay duda. Sin embargo, el arranque de las distintas mesas ha sido lento, lo que supone impulsar los correctivos necesarios.
La crisis del país ha desbordado -desde hace un buen rato-, la acción gubernamental. Así el deterioro institucional, la inseguridad pública, la carestía y escasez de bienes y servicios, la creciente impunidad y la deficiente actuación de los órganos de justicia se han convertido en las variables determinantes de la calidad de vida de la inmensa mayoría de los habitantes del país. Esto ha hecho que, los distintos sectores sociales comiencen a defender legítimamente su derecho a una vida mejor. Frente a esta circunstancia, el Gobierno Nacional como única respuesta ha emprendido una política de criminalización y persecución de la protesta social y de la disidencia política.
En este contexto, resulta indispensable la acción coherente de los factores populares y políticos vinculados a la Mesa de la Unidad Democrática con el preciso y claro objetivo de conformar un bloque político y social que permita de restitución del equilibrio democrático en el país. Conceptualmente, siempre respondo que el marco constitucional vigente; es decir, la Constitución Bolivariana debe ser el punto de partida para la reconstrucción del país en una democracia social y donde la gestión de las políticas públicas garantice la inclusión de todos los sectores sociales que conforman nuestra nación.
Por otra parte, el enfoque de derechos tendría que ser asumido como la herramienta fundamental en la gestión de políticas públicas que propicie de manera inequívoca la inclusión de todos los venezolanos a los beneficios de una nueva gestión gubernamental. La prédica que sentencia de forma afortunada “que todos los derechos para todas las personas”, tendría que ser el paradigma de cada Mesa de la Unidad Democrática que se constituya en Venezuela.
La conformación de las Mesas de la Unidad debería responder a criterios programáticos, técnicos y no sólo políticos. Si bien esto supone un gran esfuerzo para las organizaciones populares y políticas que participan en cada una de esas instancias, también implica una garantía de mayor sincronía la amplia problemática que caracteriza la situación del país. Pero también las Mesas de la Unidad Democrática deben ser justamente eso: instancias para la construcción de visiones compartidas y corresponsables de cada actividad ideológica y política que se impulse desde allí. Por lo tanto, resultará ocioso contraponer falsamente a las entidades asociativas de la sociedad, contra los movimientos sociales o los partidos políticos. En las Mesas de la Unidad Democrática (en sus distintos niveles político-territoriales) deben caber todos, con sentido de equidad para aportar elementos que contribuyan a construir en forma progresiva el factor de cambio que todos necesitamos.
El bloque oficialista se encuentra enredado cada vez más en su visión hegemónica del cambio social y, ha venido perdiendo espacios en los distintos sectores sociales que conforman nuestra nación. Así, con la clase media casi perdida, el oficialismo trata de refugiarse en un segmento de los sectores populares mediante el clientelismo, por medio de la cooptación o simplemente a través del amedrentamiento. No todo está abonado para los sectores democráticos; pues el posible resurgimiento de la anti-política en la clase media, las peleas intestinas entre los partidos políticos y la consolidación de un sentimiento de frustración en amplios sectores del pueblo venezolano, pudieran convertirse en factores que apuntalen la posición gubernamental por un nuevo período.
Las Mesas de la Unidad Democrática deben ser el pivote para impulsar de manera abierta, constructiva y permanente las luchas democráticas del pueblo venezolano. Para ello, los partidos políticos, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil deben integrar esfuerzos reconociendo sus diferencias y su diversidad; pero caminando de manera cierta hacia la construcción de esa Venezuela democrática, incluyente y próspera que todos merecemos. Ese el camino.
Publicado por:
Ciudadano Libre
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