Nos permitimos
un previo: el título del artículo no contiene ingenuidad pero si el interés por
aclarar algunos conceptos. Conceptualizar precio
justo ha ocupado un largo espacio en la historia económica, siendo que hace más de 4.300 años ya existía el
control de precios que fue luego tratado con rigor científico desde Carlomagno,
Rey de Francia, en el año 884 y relevantemente Tomás de Aquino (1226-1274)
quien reconoció que el precio justo no
se puede determinar con precisión, pasando por John Mayor (1469-1550) quien
expresó que el precio justo correspondía
al costo incluyendo la ganancia normal y la compensación por riesgo; hasta
Martin Azpilcueta (1493-1587) opositor a la regulación de precio al considerar
que era innecesario cuando había abundancia e inefectiva o dañina cuando había escasez. En la actualidad aún la teoría económica dice muy poco sobre precio
justo, a la par de mencionar la dificultad que representa fijar un precio caso a caso en cada
compra-venta; en lo atinente a Venezuela desde el año 1958 se vienen estableciendo controles de precio
y en 2003 se estableció un control de precio para 103 productos de la canasta básica, para luego aprobar en 2004 la
Ley del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios (Indepabis), luego de 7
años (14/07/2011) se promulgó vía Ley Habilitante la Ley de Costos y Precios
Justos (LCPJ) mediante la cual se
intentaría establecer las reglas para la estructura de costos de los bienes;
posteriormente en 2013 se crea el Órgano Superior para la Defensa de la
Economía en aras de asumir directamente la responsabilidad de garantizar el
abastecimiento de productos; actualmente se tiene previsto, de nuevo vía Ley
Habilitante, promulgar una ley para el control de precios y ganancias, en un
país ya repleto de controles que nos ha llevado a ocupar este 2013 la posición 174 de 177 países en el Índice de
Libertad Económica superando sólo a Zimbabue, Cuba y Corea del Norte. Tal
escenario refleja que en el período democrático que nace a partir de 1958 con
inflexión en 1998 se ha despreciado al
mercado y la función económica del precio, entendido esto último como el
monto de dinero asignado a un producto o servicio, teniendo como funciones
principales ser regulador de la producción y regulador del uso y disposición de
los recursos económicos.
Es de resaltar
que con la LCPJ el Estado pretende tener un control sobre los costos,
incluida la amortización (activos intangibles) y la depreciación (activos
fijos); cara a tal pretensión aspiran abarcar
cada una de las miles de empresas (Misión Imposible) las cuales en promedio
utilizan un Catálogo de Cuentas contentivo de 8 Cuentas Principales, 119
Subcuentas y 395 Cuentas auxiliares hasta
aproximarse a las 500 en total, con el agravante de existir diferencias
entre las empresas aunado al hecho que en su mayoría otorgan relevancia a la contabilidad tributaria sobre la
contabilidad de costos. Todo este desconocimiento técnico en materia de
estructura de costos, no contuvo al Gobierno para aplicar (coercitivamente)
este noviembre 2013 una rebaja lineal de
precios de 40% en promedio, dando por cierto que todos los comerciantes
obtienen “ganancias anormales” (que
sin duda existen), soslayando por una parte, la carga fiscal que las afecta dentro de un rango del 30% al 52% de los
ingresos brutos, a la luz de la existencia de 22 impuestos y contribuciones; y por la otra sin distinguir lo
relativo al margen de ganancia (diferencia
entre el costo y precio de venta), que en un primer momento se denomina Margen de Contribución Bruta que al
deducirle los gastos operativos y cubrir los impuestos se obtiene el Margen de Ganancia Neto. Desde otro
ángulo vale aclarar lo que es especulación
en economía, la cual puede definirse como el conjunto de operaciones
comerciales destinadas a obtener un beneficio económico, basándose en las
variaciones de precio en el tiempo; tal definición nos permite afirmar que todos, como consumidores, como
productores o como inversionistas somos especuladores ya que actuamos
racionalmente inducidos por la volatilidad e inestabilidad de los precios (el problema de fondo) y por nuestra
visión de su comportamiento futuro. En lo específico de los acontecimientos que
se observan en este conflictivo noviembre 2013 pareciera coincidir con aquel
adagio: si los precios suben es mejor
(electoralmente) que la culpa sea de otros.
Econ. Jesús Alexis González
@jessalexis11
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