Editorial de EL PAÍS 16 NOV 2013
La campaña contra los
comerciantes agrava la crítica situación económica de Venezuela
Cuando parece que ya nada puede ir a
peor en Venezuela, Nicolás Maduro logra elevar la tensión con iniciativas
alarmantes. Al conseguir poderes especiales que le permiten gobernar por
decreto, el presidente venezolano ha emprendido una guerra contra los
comerciantes, a quienes responsabiliza de la elevada inflación y el
desabastecimiento que padece la población. En los últimos días, Maduro ha
ordenado la ocupación de cientos de tiendas en todo el país y las ha obligado a
liquidar sus existencias a precios reducidos, fijados por el Gobierno. Empezó
con los electrodomésticos y en la mira están los repuestos de automóviles, la
ropa y los juguetes. Como era de esperar, la iniciativa se ha visto coronada
con altercados y pillaje. Cerca de un centenar de “capitalistas parásitos” han
sido detenidos.
El objetivo de la cruzada,
ha dicho Maduro, es defender al pueblo de los acaparadores. Pero esa
explicación difícilmente se sostiene. En primer lugar, porque el
desabastecimiento más grave y crónico afecta a los alimentos y otros artículos
de primera necesidad. Y, después, porque es evidente que, lejos de garantizar
el suministro, esta oleada de intervenciones va a causar justamente lo
contrario: los comerciantes, de hecho, ya han alertado de que se avecinan
cierres en cadena.
La verdadera razón es más prosaica: el
8 de diciembre se celebran elecciones municipales y, después de su ajustada (y
cuestionada) victoria en las presidenciales de abril, Maduro necesita
revalidarse y reforzar su posición dentro del chavismo. En su búsqueda
desesperada del voto, esta vez no solo engrasa la maquinaria clientelista con
fondos públicos, sino que directamente reparte “gangas” ajenas, como un Robin
Hood caribeño. Claro que algunos analistas han preferido recordar al dictador
de Zimbabue, Robert Mugabe, que declaró ilegal la inflación.
Que una potencia petrolera sufra
escasez de divisas, una inflación anual del 54%, y el hundimiento del aparato
productivo no es culpa de los vendedores de lavadoras, sino el resultado de
tres lustros de una gestión económica disparatada. En lugar de atajar las
causas, Maduro va a ahondar en ellas, ahora sin intervención parlamentaria: ya
ha anunciado que limitará por ley los precios y las ganancias de las empresas,
y endurecerá el control de cambios (aparte de instalar sistemas antiaéreos en
los barrios para protegerlos del enemigo imperialista). El drama continúa.
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