Luis Alonso Lugo 09 de octubre de 2014
@luisalonsolugo
WASHINGTON
Un tribunal de arbitraje ordenó el
jueves a Venezuela compensar con 1.600 millones de dólares a la petrolera Exxon
Mobil por la expropiación de sus instalaciones en el año 2000, en medio de un
complejo escenario que enfrenta el país, que pasa por una crisis económica
dominada por la galopante inflación, serios problemas de abastecimiento de
productos básicos y dificultades de flujo de caja en las cuentas públicas.
El fallo fue saludado por las
autoridades venezolanas por considerar que puso punto final a las pretensiones
de Exxon Mobil de lograr una compensación cercana los 20.000 millones de
dólares.
El portavoz de Exxon, David Eglinton,
expresó en un comunicado que la decisión del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un ente adscrito al Banco Mundial,
confirma que "el gobierno venezolano no brindó una compensación justa por
los bienes expropiados".
Horas después, en un comunicado leído
por el canciller venezolano y ex ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, el
gobierno venezolano expresó su satisfacción con el fallo al considerar que es
un "final favorable... en la larga batalla legal de Exxon Mobil contra el
país".
Señaló que la petrolera estatal PDVSA
"logró demostrar que los reclamos de Exxon Mobil eran sumamente exagerados
y que si Exxon Mobil hubiese tenido el interés en negociar un acuerdo de buena
fe hubiera podido tener la compensación apropiada mediante un acuerdo
amigable".
Dijo que el tribunal de arbitraje
emitió su fallo definitivo, "que puso fin a las especulaciones
infundadas" que han circulado desde hace varios años en el sentido de que
el país tendría que pagar una indemnización de miles de millones de dólares,
dijo el canciller en una breve alocución transmitida por la estatal venezolana
de Televisión.
Se confirmó que "el nivel de
compensación buscado por Exxon Mobil por la nacionalización siempre ha sido
exorbitante y completamente injustificado", destacó.
El CIADI ordenó a Caracas pagar 1.400
millones de dólares por la expropiación de sus inversiones en el proyecto Cerro
Negro.
Además, estableció una compensación de
9 millones de dólares por las restricciones a la producción y exportación
impuestas en ese proyecto en 2006 y 2007, y 179 millones de dólares adicionales
por la expropiación de sus inversiones en el proyecto La Ceiba.
Asdrúbal Oliveros, director de la
firma venezolana de análisis económico Ecoanalítica, afirmó el jueves en
Caracas que el monto de compensación acordado por el tribunal "está muy
por debajo" de las expectativas iniciales de Exxon Mobil, pero que la
sentencia se emite en medio de una difícil situación para el gobierno
venezolano, que tiene "serios problemas de flujo de caja" e
importantes compromisos pendientes de pago de deuda pública en los próximos
meses, además de millonarias obligaciones que mantiene con algunas empresas del
sector privado.
Según cálculos de Ecoanalítica, el
gobierno venezolano aún tiene pendiente de decisión en la CIADI de 23 demandas
por nacionalizaciones de activos que podrían significar compensaciones cercanas
a los 12.927 millones de dólares.
Oliveros indicó que el caso más
relevante que está pendiente es la demanda de la gigante estadounidense
ConocoPhillips que podría significar para Venezuela el pago de unos 4.560
millones de dólares.
Exxon Mobil demandó a finales de 2007
contra PDVSA después que el gobierno venezolano nacionalizó ese año unos
activos que tenía la compañía estadounidense en la faja oriental del Orinoco.
La gigante estadounidense, con sede en
Irving, Texas, acudió a tribunales de Inglaterra, Holanda y Estados Unidos para
tratar de lograr una indemnización por sus activos. Las medidas de Exxon Mobil
fueron consideradas "terrorismo judicial" en ese momento por el
gobierno venezolano.
Exxon Mobil acudió a instancias
internacionales buscando la compensación por sus activos en la faja oriental
del Orinoco, que fueron nacionalizados en 2007, y para demandar a Venezuela por
los aumentos de regalías —impuesto de extracción— y otros tributos que comenzó
a aplicar el gobierno a partir del 2004.
En 2008, Exxon Mobil sufrió un revés
judicial cuando un tribunal de Londres desestimó la solicitud de congelación de
bienes por 12.000 millones de dólares a PDVSA.
La Cámara de Comercio Internacional
acordó en diciembre de 2011 que la petrolera estatal venezolana debía compensar
a Exxon Mobil con 907,58 millones de dólares por los activos que le
nacionalizaron en 2007.
"El CIADI ha reconocido un
crédito en favor de la república por el monto ya pagado por PDVSA de (unos) 907
millones de dólares en 2012 para el proyecto Cerro Negro, que deberá descontarse
del monto del laudo, quedando así reducido sustancialmente el monto restante a
pagar", indicó Ramírez, sin profundizar en el tema.
Los venezolanos dijeron en esa
oportunidad que de la suma descontaría 652 millones de dólares por obligaciones
pendientes por préstamos y sumas congeladas como parte del litigio.
Tras el fallo de la Cámara en el 2011,
el ahora ex ministro de Petróleo había descartado que Venezuela pudiese
reconocer alguna compensación económica a la firma estadounidense que acordara
el CIADI.
Acto seguido, Venezuela denunció el
tratado del CIADI el 26 de enero de 2012 y se desvinculó definitivamente del
convenio seis meses después.
"El retiro de Venezuela del CIADI
en 2012 como reacción a los elementos del sistema de arbitraje de inversión con
los cuales disentimos, en forma alguna disminuyó nuestro criterio de reconocer
el principio de compensación justa por la nacionalización, pero lo que la
república no aceptado y nunca aceptará es doblegarse ante reclamos
exorbitantes. El éxito final de este litigio se debe a la firme determinación
de la república de ser fiel a ese principio fundamental", dijo el jueves
Ramírez.
Según el Centro, Venezuela actualmente
enfrenta 23 procesos y demandas de arbitraje.
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