Trino Márquez 12 de junio de 2022
@trinomarquezc
En Estados Unidos las noticias acerca de los tiroteos colectivos se repiten con una frecuencia asombrosa. Un día el incidente ocurre en un supermercado; otro, hay una balacera en una escuela primaria de una zona humilde de Los Ángeles; al día siguiente, o pocos días antes, un fanático arremete contra los fieles que asisten a un oficio religioso en una pequeña iglesia. No existe lugar seguro en ese país. Los desequilibrados pueden desencadenar su furia y su odio contra la humanidad en un parque de diversiones, en un colegio de secundaria, en una calle. Cualquier sitio es propicio para que suceda una tragedia. Hasta los hogares son lugares donde la gente corre peligro. Hace pocos días, un niño de solo dos años mató en una localidad de Florida a su irresponsable padre, quien había dejado una pistola cargada a su alcance. Ahora, la madre de ese infortunado niño se encuentra detenida por homicidio culposo, y los tres hijos de la pareja están sin sus padres, bajo la protección del Estado. El armamentismo desaforado e indiscriminado de la sociedad norteamericana causa estragos. Genera un miedo y una inseguridad que está provocando el efecto opuesto al que aspira el antiguo valor de poseer y portar armas para defender la libertad.
La
gravedad de los sucesos que ocurren, el hecho de que Estados Unidos es el único
país donde esos acontecimientos se repiten constantemente y el enfoque con el
cual están aproximándose al tema algunos dirigentes fundamentales del Partido
Republicano y líderes de opinión pública vinculados con esa agrupación, obligan
a pensar acerca del futuro de la libertad y la democracia estadounidense, la
más importante del planeta.
Resumiendo,
esas figuras, entre ellas Donald Trump, sostienen que las personas
mayores de 18 años tienen el derecho constitucional a armarse para defender su
vida y sus bienes. Este es un derecho constitucional que forma parte de las
raíces y la tradición de esa cultura, y por ello resulta
incuestionable e inalienable.
Los
sectores más conservadores de Estados Unidos y, sobre todo, la poderosa
Asociación Nacional del Rifle (NRA) –cúspide del lobby de las armas-, se han
aprovechado de la Constitución para impedir cualquier disposición federal que
coarte de forma severa la adquisición de armas de fuego, incluidas las más
mortíferas, que se venden libremente en el mercado. Los ciudadanos en numerosos
estados para obtener un rifle de asalto, solo necesitan mostrar una
certificación en la que comprueben haber cumplido 18 años y carecer de
antecedentes penales. Con estos simples requisitos pueden dotarse de un
arsenal.
Permitir
que la gente se arme se proclama en nombre de la libertad. Sin embargo, el
mismo valor no rige para que un joven compre, digamos, una cerveza. Para ello,
se necesita haber llegado a 21 años. Esa clase de libertad está asociada con la
posibilidad de acabar con la vida de otra u otras personas, no con el placer de
disfrutar un licor suave como es una ‘fría’.
Los
defensores del ojo por ojo proponen que todos los ciudadanos
se armen. Que los maestros, profesores y vigilantes de los centros educativos,
se apertrechen. Los colegios deben convertirse en campos de batalla, donde la
transmisión de conocimientos no está vinculada con los valores más elevados del
ser humano, sino con el temor a que incursione al recinto escolar un psicópata
decidido a asesinar a quien se le atraviese por delante, y con la factibilidad
de repelerlo.
Esa
visión de la sociedad y del proceso educativo marcha a contracorriente del
curso seguido por las naciones democráticas de Occidente. En Europa, e incluso
en América Latina, la tendencia desde el siglo XIX –cuando se forman los
Estados nacionales dotados de una constitución, ejércitos profesionales,
cuerpos de seguridad especializados y un aparato judicial de alcance nacional-
se dirige a despojar de las armas a los civiles, acabar con los ejércitos
particulares de los gamonales locales y concentrar el ejercicio de la violencia
legítima en el Estado, sometido este a regulaciones estrictas para
preservar el derecho a la vida, los derechos individuales y las garantías
constitucionales. Ese curso lo siguieron, de forma desigual, la inmensa mayoría
de los países democráticos. Este factor no acabó con las armas en manos
particulares, ni con los abusos de autoridad, pero redujo sensiblemente la
posibilidad de que los particulares anduviesen como gatillos alegres,
resolviendo de acuerdo con su criterio problemas que debían dirimir los
tribunales o los cuerpo de seguridad del Estado. Para conseguir un arma, un
ciudadano está obligado a cumplir un conjunto de engorrosos trámites. Las armas
son para los militares y la policía, que cada vez deben ser más controlados por
la ciudadanía, más profesionales y eficientes en la prevención de delitos y la
represión.
Según
la NFA, la mayoría de los republicanos y, hay que admitirlo, una franja del
Partido Demócrata, la trayectoria apunta en la dirección opuesta. La manera de
defenderse de los ‘malos’, como los llama Trump, es que los ‘buenos’ se armen,
o preferible, se blinden. Mejor es retornar al Far West. Al mundo
de los vaqueros, sin sentido de la ley y de un orden que debe respetarse.
Conviene vivir en el estado de naturaleza donde se imponen los criterios del
mejor armado y de quien tiene mayor puntería. Todo es preferible a construir
una sociedad civilizada, con Estado de derecho, desarmada, con cuerpos de
seguridad profesionales, guiada por valores ciudadanos fundados en la
solidaridad, el respeto a la vida, a la diferencia y a la dignidad del
otro.
Algunos
de los grupos guerreristas dicen ser cristianos. ¿Cómo ser ‘cristiano’ si
proclaman quebrantar el quinto mandamiento, no matarás, dotando de armas a
todos los ‘buenos’?
En
algunos países, acosados por la violencia derivada del narcotráfico, las
guerrillas o la delincuencia, distintos gobiernos han propuesto desarmar la
población civil, canjeando las armas por ciertos beneficios. Con esa política
se han logrado notables éxitos. Los norteamericanos deberían aprender de esas
experiencias. La libertad nada tiene que ver con la adquisición irresponsable
de armas letales. Al contrario, la acaba.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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