Luisa Quintero 13 de agosto de 2023
Ramón Aguilar, abogado de la
familia de Fernando Albán, aseguró a TalCual que estos funcionarios «prácticamente nunca
estuvieron presos. Ellos fueron imputados por un delito culposo, nunca fueron
condenados por un homicidio intencional. Se les juzgó como si hubiera ocurrido
un accidente, como si el señor Albán se cayó por la ventana, algo que no tiene
ningún sentido»
La justicia relacionada a casos de presos políticos sigue siendo parcial. Los dos efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) acusados por la «fuga» y muerte del exconcejal de Primero Justicia Fernando Albán se encuentran en libertad desde febrero de 2022, tras una sentencia que redujo la condena a dos años y ocho meses.
Así lo
denunció el exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray en
sus redes sociales, al tiempo que denunció que ambos efectivos «siempre
estuvieron en las oficinas del Sebin en El Helicoide, no pisaron un calabozo».
«Esa
es la falsa justicia revolucionaria, quienes asesinan, desaparecen y torturan
son premiados por su lealtad al proceso de autoritarismo y crimenes de lesa
Humanidad que padecemos. Mientras tanto el Ministerio Público pidió pena
máxima a 6 sindicalistas por defender derechos humanos», afirmó.
Ramón
Aguilar, abogado de la familia Albán, ratificó lo dicho por Mundaray y aseguró
a TalCual que estos funcionarios «prácticamente nunca
estuvieron presos. Ellos fueron imputados por un delito culposo, nunca fueron
condenados por un homicidio intencional. Se les juzgó como si hubiera ocurrido
un accidente, como si el señor Albán se cayó por la ventana, algo que no tiene
ningún sentido».
Recordó
que la condena contra los funcionarios Keiberth Cibelli Moreno y Miguel Dos
Santos Rodríguez –dictada en diciembre de 2022– era de cinco años y diez
meses, que luego fue rebajada por la Corte de Apelaciones de Caracas a dos años
y ocho meses. Según la Fiscalía, los efectivos del Sebin «admitieron los
hechos» y se les encontró culpables por los delitos de homicidio culposo,
quebrantamiento de obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de
fuga agravada.
«Ellos
estuvieron detenidos algunos días, pero más nada. Cuando se impuso la pena, ya
estaba cumplida por el trámite de procedimiento. Efectivamente lo que dice el
doctor Mundaray es absolutamente cierto y es peor, porque prácticamente nunca
estuvieron presos, solo unos pocos días. Además con la opacidad propia de la
Fiscalía y del régimen», afirmó el abogado de la familia Albán.
El
exconcejal de Primero Justicia Fernando Albán murió el 8 de octubre de 2018 en
las instalaciones del Sebin Plaza Venezuela, en Caracas, donde permanecía
detenido por, presuntamente, estar involucrado en un supuesto atentado con
drones contra el gobernante Nicolás Maduro.
La
primera versión de los hechos ofrecida por el fiscal impuesto por la extinta
constituyente, Tarek William Saab, fue que el exconcejal se había suicidado,
aprovechando un descuido de sus custodios, pero sus familiares insisten que
falleció mientras era torturado por funcionarios del Sebin, y su cuerpo
fue lanzado por una ventana para encubrir estos delitos.
Según
datos obtenidos por la familia del exconcejal, habría sufrido descargas
eléctricas y ahogamientos mientras estuvo detenido.
El
caso de Fernando Albán fue denunciado en la Corte Penal Internacional (CPI) por la exfiscal Luisa
Ortega Díaz en 2019 y fue llevado por sus propios familiares al sistema
interamericano. El abogado Ramón Aguilar explicó que el gobierno venezolano
nunca se presentó ante los requerimientos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
«Como
no presentaron pruebas ni respondieron a lo que se les solicitó, la Comisión
Interamericana avanzó con un procedimiento acelerado. Lamentablemente el
adjetivo acelerado no es tan rápido como uno desearía para los términos de
justicia, pero esperamos que posiblemente este año la Comisión dicte una
decisión», señaló.
El
abogado también destacó que esa resolución de la CIDH deriva en acudir a la
Corte IDH. «Esperamos que sea este año o comienzos del próximo, ante una
decisión que será la primera instancia».
En
2021 los familiares del exconcejal presentaron una demanda en Estados Unidos
contra Nicolás Maduro y varios funcionarios de su gobierno, acusándolos de
secuestro, tortura y asesinato y de formar parte del «Cartel de los soles».
Tras las investigaciones, un tribunal de la nación norteamericana decretó que
la mencionada «organización delictiva» debe pagar 73 millones de dólares a los parientes del fallecido
dirigente político.
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