Veneconomía opina, 29/03/2012
El desarrollo de
los acontecimientos en los últimos días está evidenciando que la decidida
posición colectiva de gobernantes regionales, Ong, población y medios de
comunicación independientes para exigir derechos sin dejarse amedrentar, está
forzando al Gobierno a tomar incipientes medidas correctivas en la grave
situación del agua potable que afecta a millones de venezolanos.
Haciendo un vuelo
rasante sobre los hechos que hicieron la diferencia y están torciendo el brazo
renuente y soberbio del Gobierno se tienen:
Tres gobernadores
que entendieron que su responsabilidad está con los ciudadanos y asumieron la
defensa de los derechos de éstos.
José Gregorio (El
Gato) Briceño, gobernador de Monagas de las filas del oficialismo, quien
contraviniendo órdenes expresas del poder central se opuso a surtir de agua
contaminada a la población de Maturín, tras el derrame petrolero de Jusepín. Su
justa posición le costó su expulsión del partido del presidente (el PSUV) y el
ataque frontal de los poderosos del chavismo, entre ellos, el diputado y
presidente del PSUV, Diosdado Cabello.
Pablo Pérez,
Gobernador del Zulia y militante del partido opositor Un Nuevo Tiempo, quien
denunció la contaminación de las aguas del Sur del Lago de Maracaibo tras un
derrame petrolero en la zona. Y Henrique Salas Feo, Gobernador de Carabobo y
dirigente del opositor Proyecto Venezuela, quien denunció que Hidrocentro
enviaba agua envenenada a varios estados del centro del país y a Caracas. Ambos
recibieron advertencias del primer mandatario de abrirles una investigación por
supuestamente estar creando con sus denuncias un estado de zozobra en la
población, tildándolas de estar haciendo “terrorismo mediático”.
La sociedad
organizada, los expertos en el tema y los ciudadanos que no han acallado sus
voces, han investigado y presentado pruebas irrefutables de la situación en
diferentes medios informativos y redes sociales. Es más, el Movimiento por la
Calidad del Agua, introdujo esta semana un recurso de amparo ante el Tribunal
Supremo de Justicia para detener el nuevo trasvase del Lago de Valencia al
embalse Pao-Cachinche, que aumentaría aún más la contaminación de la represa.
Los medios de
comunicación, en especial Globovisión y los caricaturistas del país, quienes no
silenciaron sus denuncias a pesar de la insólita medida cautelar que prohíbe
informar sobre aguas contaminadas sin el aval de un informe técnico.
A pesar de negar
todas las denuncias, el Gobierno aprobó un financiamiento por Bs.640 millones
“para la rehabilitación, modernización y optimización de las plantas de
potabilización del agua en todo el territorio nacional”.
La lección es que
el empoderamiento ciudadano sí marca la diferencia.
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