ALFREDO MEZA Caracas 9 NOV 2013
El anuncio del Gobierno
sobre el derribo de aeronaves parece una respuesta a las críticas por su poco
compromiso con la lucha contra el narcotráfico.
La avioneta mexicana
interceptada en Venezuela fue quemada en tierra
La rutina es la misma. Los altos jefes
militares del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reciben una
fotografía de un avión incinerado que luego
publican en las redes sociales. No hay registro gráfico de todas las
operaciones contra el narcotráfico pero el presidente Nicolás Maduro asegura
que han “inutilizado” 30 aeronaves. "Inutilizar” es el eufemismo que mejor
define el misterio que encierran esas operaciones. No hay detalles de la
nacionalidad de los pilotos, no se sabe si murieron en combate o si fueron
obligados a aterrizar. Se desconoce cuántos kilos de droga transportaban. Lo
que sí hay son imágenes de hierros retorcidos y humeantes y un amplio ejercicio
propagandístico para reivindicar el compromiso de Venezuela en la lucha contra
el tráfico de drogas.
La
última aeronave interceptada –la número 30- tenía matrícula mexicana.
La noticia, revelada el miércoles, provocó que la cancillería de ese país
pidiera explicaciones a Caracas. Solo así se han podido conocer algunos
detalles de la operación. La avioneta fue obligada a aterrizar e incinerada en
tierra por los oficiales venezolanos. El Gobierno mexicano ha informado de que
en la aeronave viajaban cinco personas y dos pilotos, que supuestamente la
abandonaron antes de ser quemada, pero se desconoce el sitio dónde podrían
encontrarse. La falta de detalles parece no interesar al Gobierno venezolano.
Solo se hacen advertencias: “Vamos a combatir (el narcotráfico) con todo, que
lo sepan quienes lo saben y quienes no lo sabían que lo vayan sabiendo”, dijo
Maduro a mediados de esta semana.
Esa opacidad ha sido cuestionada por
los expertos en temas militares vinculados con la oposición, que han demandado
mayor transparencia en las operaciones. A todos les llama la atención que el
Gobierno diga que al menos tres de esas aeronaves han sido derribadas debido a
las condiciones geográficas de los lugares donde habrían ocurrido las
interceptaciones. Consultado por el
diario venezolano El Nacional, el general retirado de la
aviación, Manuel Andara Clavier, afirmó que la forma en la que se presenta la
operación parece propia de un montaje. “Una interceptación nocturna es difícil
en el Alto Apure (una de las rutas aéreas utilizadas por el narcotráfico para
llegar hasta su destino). No está claro cómo se habría hecho esto. Ninguna
autoridad incinera una evidencia”.
El pasado 2 de octubre Maduro prometió
que derribaría los aviones que accedieran al espacio aéreo venezolano y que no
acataran las instrucciones para aterrizar. Una ley aprobada en 2012 faculta al
Gobierno a impedir la operación de todas aquellas naves declaradas hostiles. El
anuncio se produjo poco después de un escándalo de profundo calado en la
opinión pública. A finales de septiembre las
autoridades de Francia se incautaron de 1.382 kilogramos de cocaína repartidos
en 31 maletas transportadas en un vuelo de Air France procedente de Caracas.
El hallazgo puso en duda el compromiso del Gobierno de Maduro en la lucha
contra el narcotráfico, una idea que el presidente no está dispuesto a dejar
que cobre más cuerpo.
A la par del anuncio de las 30
aeronaves “inutilizadas” se suma la reciente declaración del presidente de la
Oficina Nacional Antidrogas, Alejandro Kerelis, quien aseguró que desde 2006
Venezuela ha capturado a 110 grandes capos del narcotráfico. Más que del
número, el Gobierno se enorgullece por otra razón mucho más política: todas
esas capturas se han producido después de que el entonces presidente Hugo
Chávez expulsara de Venezuela a la DEA, la agencia antinarcóticos
estadounidense.
Las noticias sobre los operativos
exitosos contra el tráfico de drogas son constantes para aislar cualquier
sospecha de falta de interés, pese a que las condiciones que han hecho que la
comunidad internacional cuestione a Venezuela aún se mantienen. Las autoridades
locales son muy reacias a la idea de que otros cuerpos actúen en el país por
razones de soberanía. Además, varios militares corruptos han facilitado a los
grandes carteles mexicanos el uso de los principales puertos y aeropuertos del
país para despachar sus envíos.
La pregunta es hasta cuándo el
Gobierno podrá mantener en secreto estas operaciones. En las 29 ocasiones
anteriores tal vez pudieron hacerlo porque no se conocieron las siglas de las
naves “inutilizadas”. Un simple desliz ha hecho que la cancillería tenga que
dar respuestas a las preguntas que también se hace la prensa no oficial. Esta
semana al menos ha quedado algo más claro dónde termina la propaganda y dónde
comienza la información.
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