Por Marino González y Félix
Seijas
Como en pocos países, la
relación de los venezolanos con el Estado ha sido parte fundamental de la
agenda pública en el último siglo. La explotación petrolera, sin dudas, ha
marcado una forma de relacionarse con el Estado que afecta a todos los
ciudadanos. De esa vinculación se desprenden pautas de conducta que afectan
múltiples áreas de la vida social. Podría decirse que la imagen del Estado, en
consecuencia, ha sido mediada por la forma como nos situamos ante el hecho
productivo. Y siendo una economía que ha dependido fundamentalmente de las
ventas de petróleo, tiene sentido que se haya interpretado más bien como un
Petro-Estado. Ahora bien, conviene indagar sobre las dimensiones y
características de la opinión que los venezolanos tienen sobre el Estado, especialmente
en tiempos en que se ha convertido en un tema más relevante. Ese es el
propósito de este análisis.
Las encuestas realizadas por
Latinobarómetro desde mediados de los noventa del siglo pasado han indagado la
opinión de los latinoamericanos sobre distintos aspectos de la realidad
política. Entre esos aspectos se ha incluido la opinión sobre la posibilidad de
que el Estado resuelva los problemas de la sociedad. En 1998 (primer año que se
realizó esta pregunta), el 16% de los venezolanos expresó que el Estado podía
resolver todos los problemas de la sociedad (Gráfico 1). Para ese momento este
porcentaje era el más alto de la región, casi cuatro veces superior al
presentado en Perú, Honduras y Bolivia. Conviene recordar que este porcentaje
se obtuvo antes del inicio del gobierno de Hugo Chávez en 1999.
También el Gráfico 1 muestra
la evolución de este porcentaje en los años en que fue incluido en las
encuestas de Latinobarómetro. En 2010, último año en que se incluyó la
pregunta, la proporción de los que pensaban que el Estado podía resolver todos
los problemas de la sociedad había aumentado a 47%, prácticamente la mitad de
la población. De nuevo, este porcentaje fue el más alto en los 17 países
analizados por Latinobarómetro. Es decir, en los años transcurridos entre 1999
y 2010, el porcentaje de personas que expresaron que el Estado podía resolver
todos los problemas de la sociedad aumentó tres veces.
La inclusión de la misma
pregunta en la medición de opinión pública realizada en el Estudio Nacional del
Instituto Delphos entre mayo y junio de 2017, permite analizar la variación
sucedida al comparar con los resultados del estudio de 2010 en factores como la
edad (Gráfico 2), el grupo socioeconómico (Gráfico 3), y la autoidentificación
política (Gráfico 4).
Entre 2010 y 2017, la
proporción de personas que sostiene que el Estado puede resolver todos los
problemas de la sociedad se redujo a la mitad (esto es, de 47% a 24%). Este
porcentaje es todavía superior en 8 puntos al registrado en 1998. El grupo de
edad con mayor proporción de esta posición es el de mayores de 50 años (26,7%),
mientras que en el grupo entre 18-24 años es el menor (18,8%), pero todavía
superior al de la población general en 1998.
Al analizar por grupos
socioeconómicos (Gráfico 3), se obtiene que el de mayor apoyo a la posición de
que el Estado puede resolver todos los problemas es el grupo E (38,1%), más de
14% que el promedio nacional, y más de tres veces que el apoyo registrado para
el grupo C (el de menor apoyo con 11,9%).
En el caso de la
autoidentificación política, los personas reconocidas como Chavistas Extremos
son las que expresan mayor apoyo a la opción de que el Estado puede resolver
todos los problemas de la sociedad (38,7%), y aquellos reconocidos como No-Chavistas
extremos son los que reportan menor apoyo (14,5%).
Una mirada desde las políticas
públicas
Ya es prácticamente una
convención internacional que las soluciones a los problemas de las sociedades
requieren el concurso del Estado y muchas expresiones de la sociedad. La
experiencia de los regímenes estatistas del siglo XX ilustra sus grandes
limitaciones y perversiones. Por otro lado, las realizaciones de los países en
los cuales existen acuerdos entre el Estado y la sociedad demuestran la efectividad
de estas alianzas.
Es profundamente llamativo y
preocupante que ya finalizando el siglo XX, los venezolanos, en comparación con
otros países de América Latina, expresaran mayor apoyo al Estado como factor de
solución de los problemas de la sociedad. Se puede inferir que la dependencia
del petróleo fue un factor influyente en ese apoyo.
La opinión a favor del
estatismo, previa al gobierno de Hugo Chávez, era el terreno abonado para el
proyecto ejecutado desde 1999. Ha resultado evidente que las tendencias
estatistas en los venezolanos se incrementaron con el boom de consumo
(2004-2010) y la estrategia de propaganda que lo acompañó. De allí que en 2010
el nivel de apoyo de quienes pensaban que el Estado podía resolver todos
los problemas y quienes pensaban que podría resolver la mayoría de los
problemas, se elevó a más de 80% de la población. Esto evidencia que el
estatismo es sensible a la percepción de bienestar, aun cuando sea solo una
sensación y no una realidad. Ahora bien, el proceso de “desencanto” ocurre de
manera similar, pero más lento, por lo que era de esperar que el derrumbe
productivo y social que ha vivido el país desde 2013 haya venido acompañado de
una pérdida de apoyo al estatismo.
Una mirada desde la opinión
pública
Los estudios cualitativos
ayudan a entender la evolución de los indicadores que hasta ahora se han
analizado. Gracias a una política agresiva de programas sociales, y de haber
elevado en la gente la sensación de empoderamiento, el país vivió años en los
que la percepción de bienestar penetró en las clases más vulnerables. El
Gobierno, de manera efectiva, vendió la impresión de que ahora el pueblo tenía
poder. Las personas se acostumbraron a que el Estado protegía y proveía, y el
ciudadano se encargó de convertir aquello en un derecho. Sin embargo, el piso
sobre el que se sustentaban estas ideas era sumamente frágil, y al cambiar la
realidad del mercado petrolero la escasez comenzó a minar la vida de los
venezolanos, que no tardaron en percibir que algo andaba mal. Se les habló de
guerra económica, pero la realidad cada día se hacía más cruda y en algún
momento tal excusa comenzó a ser insuficiente. Entonces las aguas desbordadas
por la angustia hicieron que algunas nociones entre economía nacional y
economía doméstica empezaran a conectarse en el imaginario popular modificando
la visión de dos grandes aspectos: la administración del dinero de la nación y
el rol de la empresa privada en la salud económica del país. Todo esto
articulado alrededor de un concepto que hoy es clave en el cambio perceptual de
la gente con respecto al rol del Estado: sin producción no hay bienestar.
La ola de expropiaciones de
empresas privadas enseñó a la gente lo ineficiente que resulta el Estado como
productor. Cada empresa expropiada perdía de inmediato su capacidad de generar
bienes, convirtiéndose en una especie de programa social que paga sueldos sin
recibir nada a cambio. La persecución al empresario vino ocupando parte del
discurso oficial, y el estrangulamiento en el acceso a las divisas extranjeras
trascendió las fronteras que separan a las élites informadas del ciudadano
común. Entonces encontramos a personas de estratos sociales bajos argumentando
que negar dólares al empresario conduce a que este no pueda operar y por lo
tanto producir, trayendo como consecuencia anaqueles vacíos en abastos y
supermercados. “Es como si a mí alguien no me dejara trabajar, entonces no
puedo producir para llevar a la casa, y mis hijos sufren las consecuencias”,
afirmaba un motorizado en una sesión de grupos focales. Así la imagen del
empresario, satanizada durante 18 años de discurso revolucionario, comenzó a
mutar de enemigo a aliado, y se posicionó como una pieza importante en la
dinámica de generación de bienestar en el esquema mental del venezolano.
La visión del manejo de las
finanzas de la nación es el otro elemento que sufrió transformaciones
importantes durante estos años. Cuando los programas sociales de la revolución
comenzaron a perder capacidad en cobertura y eficacia, las personas empezaron a
cuestionar la conveniencia de que el Estado distribuyese beneficios sin que el
beneficiado reportase algo a cambio. En este sentido, los señalamientos apuntan
a hechos concretos como la baja productividad de los trabajadores en empresas
expropiadas, las viviendas que entrega el Gobierno a beneficiarios que no las
pagan, y los programas de transferencias de recursos a quienes no producen. “El
principal error de Chávez fue acostumbrarnos al regalado”, expresaba una señora
afecta al oficialismo en un grupo focal. “Está bien que ayuden al que
necesite”, continuaba la señora, “pero si el beneficiado no devuelve algo al
país, entonces mañana no habrá para ayudar a otros”. Este aspecto guarda
estrecha relación con la visión que se tiene del rol del individuo en la sociedad.
Los ciudadanos cada día expresan con mayor vehemencia el impacto que pueden
tener en su comunidad: si no cuidas, dañas tu entorno; si te organizas, puedes
lograr cosas. “No hay que echarse y esperar a que el Gobierno te resuelva todo;
aquí entre nosotros podemos hacer cosas”, decía en tono de regaño un muchacho
obrero de un barrio caraqueño.
Incluso la percepción sobre el
tema de acudir a multilaterales para pedir ayuda financiera ha experimentado
cambios interesantes. Hace unos años resultaba impensable que personas de
clases populares, mayoritariamente afectas al Gobierno, aceptaran la idea de
algo asociado a políticas neoliberales. Hoy, ellos empiezan a expresar su
acuerdo con la posibilidad de tocar estas puertas: la conciencia de que la
situación del país ha llegado a un punto en el cual es indispensable recurrir a
algún tipo de auxilio financiero que está presente en esos estratos. Eso sí,
con la innegociable condición de que tales recursos se destinen de manera
directa y transparente a la producción. “Si piden prestado y lo gastan en otras
cosas, entonces quedamos peor a como estábamos”, afirmaba una ama de casa
entrada en sus treintas. “Eso es como si mi marido y yo pedimos un préstamo a
un vecino para montar un negocito, y resulta que nos lo parrandeamos. ¿Cómo
quedamos después?, sin negocio y endeudados”, culminaba sabiamente la señora.
Tenemos entonces que la
dinámica de generación de bienestar ha mutado en el imaginario colectivo de un
esquema en el que un gran actor, el Estado, domina el juego y es quien puede y
debe dar respuesta por todos los aspectos a un esquema donde varios actores
comparten la responsabilidad y cada pieza es capaz de cumplir lo que le toca de
manera eficiente, si el resto hace lo propio.
Por supuesto que este análisis
habla de un proceso en desarrollo que cada vez gana terreno en una parte
sustancial de los venezolanos, sin dejar a un lado las limitaciones que se
evidencian en el proceso de formación de la cultura cívica y productiva: que la
cuarta parte del país (y el 20% de los jóvenes) aún considere que el Estado
puede resolver todos los problemas de la sociedad es indicador de que la
opinión está moldeada por factores estructurales muy sustantivos, desde la
ideología hasta el nivel de información, pasando por los efectos de dependencia
de las asignaciones del Estado, mostrando una brecha de formación que se deberá
enfrentar para alcanzar una sociedad independiente del Estado y más productiva.
En este contexto, muchas
aristas se abren para el tratamiento de la relación entre los ciudadanos y el
Estado. En primer lugar, se puede indicar cuál será la evolución del apoyo al
estatismo en condiciones de mayor deterioro, pero también cuál será la
estrategia oficial para seguir aprovechando estas lealtades. En segundo lugar,
resulta imperativo que el liderazgo alternativo de Venezuela tome en cuenta el
entorno aquí discutido, que exige manejar una realidad que no se puede romper
de manera brusca, pero que se puede moldear si se aprovechan las múltiples
oportunidades que ofrece el proceso de cambio que experimenta la percepción
ciudadana, encausándolo hacia la construcción y consolidación de una sociedad
madura, consciente de sus derechos y deberes, y del sistema justo, democrático
y estable, que aspiramos.
24-08-17
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