Por Katherine Abréu
Líderes vecinales enviaron un
mensaje a la comunidad internacional para que se aplique “mano dura” contra
funcionarios del Gobierno.
Dirigentes comunitarios
aseguraron que las acusaciones por parte de la exfiscal Luisa Ortega Díaz
confirman la “escalada” de corrupción que vincula al presidente Nicolás Maduro,
a través de la iniciativa de la bolsa de alimentos que venden los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (Clap). Los líderes vecinales
exigieron que este caso sea investigado ante organismos internacionales.
Las denuncias de la extitular
del Ministerio
Publico (MP) las dio a conocer este miércoles en la reunión
de fiscales y procuradores de Mercosur en Brasilia, en donde detalló que la
distribución de los Clap en el país está encabezada por una empresa mexicana de
nombre Group Grand Limited, donde se “presume” la participación de Maduro y
cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab.
Omaira Montero, líder vecinal
de la parroquia Altagracia, manifestó que las acusaciones de la fiscal
destituida sobre bolsas del Clap eran señalamientos que en su sector la
comunidad “rumoreaba”, y que la misma gente denunció en su momento, sin
embargo, no fueron escuchados en ninguna institución. Además, expresó que la
corrupción inició desde que los encargados de distribuir los alimentos vendían
la caja a sobreprecio.
Esas acusaciones tienen que
ser ciertas, esa misma empresa mexicana que se relaciona con Maduro, solo
demuestra que siempre se estuvieron enriqueciendo a costa del hambre del pueblo
y se tiene que condenar a los implicados”, sentenció.
Domingo Pérez, dirigente
comunitario en el sector de Antímano, explicó que en el país las denuncias del
Clap “pasan debajo de la mesa” de la justicia, y no hay ningún control sobre
qué personas manejan el dinero recibido por parte de los vecinos de la
comunidad para adquirir la bolsa.
Desde mucho antes se sabía que
el dinero de las bolsas era cobrado por alguien del Gobierno, que sea el mismo
Presidente y que esté implicado en ese caso, sería un acto de ilegalidad que
debe pagar con su renuncia”, enfatizó.
Pérez recalcó que toda la
corrupción en al área alimentaria del país radica en las medidas
gubernamentales sobre la importación de los productos de primera necesidad, que
no han brindado soluciones a la crisis. “El Gobierno tiene dependencia de
productos extranjeros, que nunca fueron para alivianar la crisis sino que
produjo el efecto contrario y fue aumentar la corrupción”, explicó.
Julio César Reyes, líder
vecinal en Catia, señaló que a la misma población venezolana no le generan
“sorpresas” las acusaciones. A su juicio, siempre se ha “intuido” la existencia
de corrupción en la distribución de alimentos Clap. “En otros años se han
ventilado acusaciones parecidas sobre ese tema, y no han habido la denuncias
suficientes para que aplique una averiguación pertinente”, puntualizó.
Reyes alertó que en el país
los niveles de corrupción han “mutado” a todos los ámbitos tanto para la
población como para el Gobierno. Precisó que las declaraciones de Ortega Díaz,
más que generar un impacto en las zonas populares, quedarían en “expectativas”
si las acusaciones a funcionarios del Ejecutivo no se materializan en sanciones
concretas por parte de instituciones internacionales.
José Quintero, quien ejerce su
labor en la Asociación Civil Histórica ProCatia, aseveró que los mismos
dirigentes comunitarios han sido testigos de funcionarios que actualmente
ejercen altos cargos en el poder y “se enriquecieron a costa del pueblo”.
Quintero denunció que aumentó
el tiempo de espera de los vecinos para ser entregadas las bolsas Clap en el
sector, “antes las recibían cada 15 días, ahora llegan cada 20 ó 30 días.
Ya es grave que a una persona le cueste pagarlas y ahora ha quedado en
evidencia que el Gobierno siempre se benefició con el hambre de la gente”,
aseguró.
Ortega Díaz se “lava las
manos”
Líderes vecinales consideraron
que la exfiscal se “lava las manos” de todos los casos que no fueron imputados
mientras ejercía su cargo en el Ministerio Público, pese a que ha mostrado
actuaciones contra el presidente Nicolás Maduro en estos últimos meses, y
actualmente develó “pruebas” sobre hechos de corrupción ejecutados por
funcionarios del Gobierno.
Pérez cuestionó que después de
exiliada es que Ortega Díaz asume una posición más crítica contra el
Ejecutivo. “Ahora que está en el exilio, ahora sí revela todas las pruebas
de corrupción contra el Gobierno ¿por qué si ya se estaban haciendo ese tipo de
investigaciones, no salieron a relucir cuando estaba ejerciendo el cargo de
fiscal en el país?”, preguntó.
Montero sostuvo que la
exfuncionaria tiene su “cuota de responsabilidad” en todos los hechos que sacó
a luz pública. “Ella también tendría que justificar por qué no hizo estas
mismas acusaciones cuando estaba en el país. Recibió la cucharada de su propia
medicina, la misma gente que apoyó la acusa de traición a la patria, ahora los
tiene a todos en su contra”, agregó.
Luisa Ortega declaró en el
acto del pasado miércoles que tiene la intención de entregar las pruebas de
corrupción a las autoridades de distintos países: Estados Unidos, Colombia,
España, entre otros, para que se investigue el caso. Los representantes de las
zonas populares hicieron un llamado a la comunidad internacional para aplique
“mano dura” ante las graves acusaciones y apuestan a que se logre una
“verdadera condena” contra todas las personas implicadas.
Foto cortesía: AVN
24-08-17
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