Por Roberto Patiño
La semana pasada destacaron
como noticias principales las muertes de un infante en el J.M. de los Ríos, el
aumento de la violencia criminal en la zona de Petare, y la subida del pasaje
en el transporte público a Bs 280. Las tres informaciones coinciden en mostrar
la agudización de la crisis histórica que nos aqueja, afectando a grandes
sectores de la población y afincándose en los problemas de salud, violencia y
economía. La falta de insumos ha incidido en que se produzcan contaminaciones
por bacterias y virus en el J.M. de Los Ríos, la renovada presencia de
armamento y municiones ilegales ha recrudecido la violencia en Petare, y el
aumento de pasaje se da en el contexto de un encarecimiento de repuestos y
servicios de mantenimiento que se suma a la escasez de efectivo y la espiral
inflacionaria, que sin duda impactarán negativamente en la gran mayoría de
usuarios del transporte.
Estas noticias hablan de la
orfandad de la sociedad frente a un Estado que ha sido secuestrado por un grupo
en el poder, desconociendo las necesidades y problemas de las personas. Peor
aún, este grupo, de manera premeditada, utiliza y promueve la crisis para
generar zozobra, crear dependencia, chantajear, hostigar y agredir a la gran
mayoría del país, para someter a las personas y mantenerse en el poder. Una
especie de pranatocracia, cuyas víctimas somos todos los venezolanos.
La actual coyuntura es de
enormes dificultades al enfrentarnos ante un régimen dictatorial y una realidad
de crisis profunda: el régimen malogra intencionadamente nuestras condiciones
de vida para mantenerse en el poder y someternos. Como sociedad, debemos, al
mismo tiempo, sobrevivir a este embate mientras buscamos maneras de salir de la
dictadura.
En estas líneas hemos
insistido en la participación y organización como formas de empoderamiento de
la gente que posibilitan, de manera efectiva, transformaciones en la realidad.
Esta afirmación surge de la experiencia de nuestro trabajo en el municipio
Libertador al lado de las comunidades y organizaciones locales, y el
reconocimiento de experiencias en contextos similares al nuestro en
Latinoamérica y el mundo, con casos tan elocuentes como el de la ciudad de
Medellín, en Colombia. En este ejemplo, el empoderamiento de comunidades,
sumado a la participación de organizaciones sociales y en conjunción con
agrupaciones políticas e instituciones del Estado, lograron generar grandes
cambios, logrando disminuir índices de criminalidad y violencia, modificando el
escenario urbano y generando progreso social y cultural, con un impacto
significativo en la calidad de vida de sus habitantes.
En nuestro caso, es necesario
dar los primeros pasos en esa dirección, sobre todo ahora que nos enfrentamos a
un Estado secuestrado, cuya estructura ha sido puesta en nuestra contra por el
grupo en el poder. Dar una respuesta en la que lo social y lo político actúen
mancomunadamente. Empezar a pensar en términos de una política de verdadera
convivencia, que logre articular a los diversos actores sociales para enfrentar
a la crisis, y al Estado que la genera y manipula, sentando las bases para
lograr la salida del régimen y reconstruir al país.
Particularmente estamos
trabajando en esa vía buscando reproducir iniciativas como Alimenta la
Solidaridad en otras zonas de Caracas, involucrando a comunidades, líderes
sociales y organizaciones particulares con gobiernos locales democráticos. Es
un trabajo de aprendizaje y replanteamiento de esquemas para todos los que
participamos en ello. Para los actores políticos supone abrirse a las críticas,
modificar estrategias, maneras de actuar, para que las acciones políticas estén
ligadas a las necesidades sociales, y sus resultados y alcances se evalúen
dentro del apoyo a la población y la resistencia a una dictadura. Para las
personas significa profundizar en el camino de la participación y la
organización (ya expresados, por ejemplo, en las protestas) para generar redes
de apoyo, organizándose en torno a la solución de necesidades comunes y nuevas
vías de oposición no violenta al régimen.
La política de verdadera
convivencia se opone por completo al régimen de poder violento y corrupto,
empobrecedor y excluyente, que impone la dictadura. Esta incluso utiliza el
término de “convivencia democrática” en su discurso para ocultar de manera
torpe su clara naturaleza autoritaria y opresora.
En su manera más básica, una
política de la convivencia comprende el priorizar a la gente, sus problemas,
necesidades, y aspiraciones a través a de la partición y organización,
estableciendo relaciones de respeto y solidaridad entre los grupos diversos que
conforman la sociedad. Creemos que debemos reflexionar acerca de esto para
encontrar soluciones pertinentes, novedosas y efectivas que nos permitan
encontrar salidas a la actual situación de tragedia, crisis y dictadura que
vive el país.
28-08-17
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