NICOLÁS ALONSO/ SANDRO POZZI 25 de agosto de 2017
El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden
ejecutiva que prohíbe al sistema financiero estadounidense la compra de bonos
públicos y deuda del Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal, PDVSA. Las
sanciones, destinadas a crear un contundente bloqueo económico al Ejecutivo
venezolano, suponen un cambio respecto a las medidas anteriores, dirigidas
contra individuos del entorno de Nicolás Maduro y no a la maquinaria
gubernamental. Minutos después de conocerse la reprimenda, el canciller
venezolano Jorge Arreaza calificó la decisión como “la peor agresión en los
últimos 200 años, desde que el imperio español fuera desafiado por Simón
Bolívar” y acusó a Trump de querer crear una crisis humanitaria en su país.
Durante
una llamada con la prensa, altos cargos de la Casa Blanca y el Departamento del
Estado explicaron que el objetivo de las medidas es evitar que “el sistema
financiero de EE UU sea cómplice del régimen de Maduro”. La orden de Trump
también “prohíbe transacciones con ciertos bonos existentes propiedad del
sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al gobierno de
Venezuela”.
El
Departamento del Tesoro emitirá excepciones para “mitigar los daños a
ciudadanos estadounidenses y venezolanos”. Estas permitirán que la filial
estadounidense de PDVSA, Citgo, pueda seguir operando con normalidad. Y la
exportación e importación de petróleo entre ambos países siga libre de
sanciones. El comercio de otros bienes, así como las transacciones económicas
relacionadas a la ayuda humanitaria seguirán siendo permitidas.
Las
medidas llegan dos días después de que el vicepresidente Mike Pence volviera a
recalcar la necesidad de una solución pacífica y negociada a la crisis que
atraviesa el país bolivariano. También enfatizó, como ya ha hecho la Casa
Blanca en otras ocasiones, la importancia de trabajar en coordinación con sus
aliados latinoamericanos, a quienes Pence visitó la semana pasada. Pese a que Trump
llegó a sugerir que una solución militar estaba también entre las
posibilidades, numerosos mandatarios americanos rechazaron esta idea.
Washington
continúa así, sin prisa pero sin pausa, su presión al régimen chavista que
desde hace meses ha realizado maniobras ilegales para aferrarse al poder. El
último de estos gestos sucedió la semana pasada, cuando la Asamblea
Constituyente de Maduro despojó de sus funciones al parlamento electo
venezolano, controlado por una mayoría opositora.
Hasta
ahora, las sanciones de la Administración Trump solo habían sido impuestas a
miembros del gobierno de Caracas, como Maduro y numerosos individuos de su
cúpula, entre ellos su vicepresidente, Tareck El Aissami. La función de estas
es congelar los activos y propiedades de altos cargos venezolanos en EE UU.
Pese a que el gobierno de Trump ha sancionado a más de 20 altos cargos
chavistas, las medidas no han servido para detener la espiral de violencia
estatal y el afianzamiento de más poder en las manos del gobierno.
Desde
la sede de las Naciones Unidas, el ministro de exteriores venezolano afirmó que
Venezuela estudiará una respuesta contra EE UU pero no especificó en qué podría
consistir. Tras reunirse con el secretario general António Guterres, Arreaza
cuestionó si las medidas estadounidenses “quieren matar de hambre a los
venezolanos” y acusó a Washington de estar actuando de manera dictatorial. “En
este mundo, todos los problemas se deben resolver por vía del diálogo, de la
diplomacia, y no con amenazas de guerra”, defendió el chavista.
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