Américo Martín 06 de abril de 2020
“los
estados no deben abusar de medidas de emergencia para violar derechos humanos”
(Relatores
de DDHH/ONU citados por Feliciano Reyna)
Dos
artículos fundamentales me mueven a respaldar la urgencia de negociaciones de
paz entre Miraflores, Asamblea Nacional y el Departamento de Estado de EEUU.
Han sido escritos por Feliciano Reyna, el enaltecido defensor de DDHH en
Venezuela y el profesor Léster Rodríguez, ex-Rector de la ULA y consecuente
luchador democrático y defensor de la autonomía universitaria.
Feliciano
y Léster, respaldan con extremada angustia el mensaje de Guaidó y lo exhortan a
negociar con Maduro los dolorosísimos problemas sanitario-asistenciales
agravados por la mayor pandemia que afecta al mundo desde la Gripe Española de
1918 y la igualmente trágica desembocadura a la que nos conduce la crisis
política, si una negociación seria y de fondo no le da un destino pacífico,
evitando así el desborde de la violencia.
No
son los únicos testimonios en favor de la negociación, pero quizás el hecho más
notable en favor del salvador acuerdo, ha sido el respaldo por unanimidad de
los veintisiete países miembros de la Unión Europea a favor de la propuesta
norteamericana, aceptada por el Presidente Guaidó y la AN, resaltando la
solicitud de que ni Guaidó ni Maduro formen parte del Consejo de Estado o
gobierno de transición.
Es
una sólida fuerza que, sin duda, infla las velas de la causa del cambio
democrático que con seguridad será tomada muy en cuenta para vencer las últimas
resistencias del gobierno de Maduro.
Quisiera
resaltar por qué, aparte de la AN y Miraflores, es protagonista de ella el
Departamento de Estado de EEUU, con el espaldarazo que acaba de darle la Unión
Europea. La respuesta es obvia, EEUU ha venido aplicando sanciones alegando,
con pertinencia, violaciones del régimen madurista a la Constitución y, en
general, a los DDHH. Maduro, expresamente, había solicitado a Donald Trump que
levantara las sanciones por “razones humanitarias”.
Es
un doble reconocimiento, Miraflores acepta que realmente se trata de eso, de
sanciones contra violaciones a los DDHH y el Departamento de Estado admite a su
vez que puede levantarlas si se logra un gobierno unitario de transición, se
pone en libertad a los presos políticos y se encomienda a ese gobierno la
atención de los graves problemas actuales y la organización, en cosa de un año,
de elecciones libérrimas e internacionalmente observadas.
Es
decir, la materia a debatir está delineada por los tres protagonistas, ¿por qué
razón, entonces, no llevar adelante inmediatamente la negociación de paz?
Aceptando
que el Departamento de Estado no solo participe como protagonista en la
negociación a tres, sino que prometa, como lo hizo, el levantamiento
condicionado de las sanciones conforme a unas medidas, por cierto ajustadas al
mensaje de Guaidó aprobado por unanimidad por la AN y al reclamo que en ese
sentido ha formulado la cúpula de Miraflores, todos deberían recibir como un
paso adelante la propuesta acerca de la secuencia de las medidas y el
levantamiento gradual de las indicadas sanciones.
El
resultado debería ser el más satisfactorio: constitución de un gobierno
interino durante el año o año y medio que se estime la organización de los
procesos electorales presidencial y del Parlamento y la normalidad política de
nuestra estremecida Venezuela.
¿Acaso
semejante logro no obliga a esforzarse, no entorpecer, las negociaciones
encerradas en el mensaje de Guaidó, ahora de la AN, y la propuesta del gobierno
norteamericano? Supongo que en forma similar recibieron los protagonistas de la
interminable guerra de Indochina los acuerdos firmados por Kissinger y Le Duc
Tho, y la alianza atlántica Roosevelt, Churchill, Stalin que terminó haciendo
añicos la horrenda amenaza mundial del eje nazi-fascista.
La
propuesta del Departamento de Estado de EEUU, aprobada por la AN y la UE, es
muy amplia, variada y podría ser de compleja ejecución, sino se precisan a
tiempo algunos puntos que -en mi opinión- podrían acarrear problemas.
Por
ejemplo, cuando se habla de gobierno de transición queda claro que su duración
será sometida a término: el tiempo que se necesite para realizar la elección
presidencial que los proponentes estiman entre seis meses y un año.
En
cambio las funciones del Presidente del Consejo de Estado podrían dar lugar a
confusiones capaces de afectar su operatividad. “El Consejo de Estado estaría
conformado por cuatro miembros, que elegirían a un Secretario General, un
quinto miembro que se desempeñaría como Presidente interino hasta las
elecciones. No podría ser candidato para los comicios presidenciales”.
O
es presidente interino con las atribuciones que le otorga la Constitución o es
un simple asesor, como han indicado algunos factores muy importantes
representados en la AN. Lo pertinente -me parece- es que si se le llama
Presidente, conforme al texto arriba citado, debería reconocérsele sin
ambigüedades.
Como
puede verse, son precisiones por hacer cuanto antes, para evitar gratuitas
contradicciones. ¡Bienvenida la aprobación del mensaje de Guaidó por la AN! y,
todavía más, las propuestas contenidas en la declaración del Departamento de
Estado de EEUU apoyada por la UE, que Nicolás Maduro debería considerar con
seriedad, porque -si se observa bien- limpian de abrojos un panorama político
que parecía inmanejable y restablece la normalidad y la convivencia posible
entre duros adversarios, en la medida en que desaparezcan detonantes, como la
marcha inexorable de las sanciones, las cárceles repletas de presos políticos
civiles y militares y la explosiva conflictividad que desgarra a los venezolanos,
no importa las banderías a las que estén aferradas.
Américo
Martín
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