Por Carlos Julio Rojas
Ciudadanos de España, Portugal e Italia se apostaron en la sede de la Unión Europea (UE) para solicitar apoyo en su lucha para lograr la devolución de sus inmuebles, los cuales fueron invadidos por colectivos armados con complicidad del Gobierno de facto de Nicholas Maduro. Los manifestantes destacaron que más del 25% de las víctimas de violaciones a la propiedad privada en Caracas son migrantes del lejano continente. Los activistas revelaron cómo el discurso xenofóbico está presente en los invasores y altos jerarcas del chavismo al justificar las tomas ilegales.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente Norte de Caracas, calificó de
política de Estado las invasiones a las propiedades de los migrantes europeos,
teniendo como ejemplo centenares de casos sólo en Caracas, donde el argumento
principal de los invasores a la hora de tomar los inmuebles es un discurso
xenofóbico cargado resentimiento. “Dicen textualmente que este español o
portugués tiene plata y por eso recuperamos esa propiedad para el pueblo, pero
la realidad es que le están robando el fruto de años de trabajo, brindando
empleo y progreso al país”, dijo.
Rojas reveló que aproximadamente el 25% de las víctimas de invasiones o
expropiaciones en Caracas son ciudadanos o descendientes de europeos, siendo
esto no una casualidad sino una política de estado, donde el discurso de odio
siempre está presente, incluso en altos representantes del Gobierno de facto de
Maduro. “Los ataques a esta comunidad llegan al nivel de meter preso a un
ciudadano italiano de nombre Lucio Camardella, quien protestaba exigiendo el
desalojo de su local comercial invadido por colectivos en Los
Chaguaramos, fue esposado y hasta le bajaron los pantalones en plena calle por
funcionarios del CICPC. “Este es uno de los muchos casos de migrantes
violentados en su derecho humano a la propiedad”, expresó.
El también luchador social solicitó a la UE, y en específico al jefe de la
delegación en Venezuela, Rafael Dochao Moreno, que investiguen a profundidad
los casos de invasiones a víctimas de nacionalidad europea y les brinden apoyo
jurídico, asimismo desde el organismo eleven su voz en defensa del derecho
humano a la propiedad privada. “Le pedimos que intercedan ante el Gobierno de
facto de Maduro para que como en el caso del Sambil Candelaria se ejecute la
devolución de inmuebles a sus legítimos propietarios”, indicó.
“Yo llegué a los 17 años a Venezuela desde España sin un centavo y me iré
de este país sin un centavo por culpa de los colectivos de Maduro”
Antonio Dos Santos Peregil narró cómo perdió su restaurante ubicado en la
esquina del Conde, en el edificio Bapgel, al lado del Ministerio de Relaciones
Exteriores, por colectivos armados en el 2020. “Yo estudié, trabajé, creé mi
empresa y di empleo en este país, y luego de 20 años de trabajo viene un
colectivo a decirme que tengo que salir de mi local porque el edificio está
tomado, ahora tengo 62 años y lo perdí todo, yo cumplí mi convenio social con
la nación, pagué impuestos, pagué Seniat, pagué Ince y seguro social y resulta
que tengo menos derechos que un antisocial que se roba la luz, el agua y el
gas”, destacó el comerciante.
También dio su testimonio Fiorenzo Ianarella, propietario del edificio
Beltrán en la Av. Fuerzas Armadas de la parroquia Santa Rosalía, invadido desde
el 2009. “Soy italiano naturalizado venezolano desde hace 40 años, pero estoy
siendo agredido con actos xenofóbicos tanto por los invasores como por las
autoridades, hemos recibido hasta intentos de homicidio por defender mi
propiedad, Hoy solicitamos que la Unión Europea haga algo con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, para nuestra ayuda”.
“Yo llegué a los 17 años a Venezuela desde España sin un centavo y me iré
de este país sin un centavo por culpa de los colectivos de Maduro”, sentenció
Orencio Mariñas Lozada de 83 años de edad, quien perdió todos los bienes,
materia prima, maquinaria, herramientas, etc, al ser invadido el Edificio
Padrón, en la parroquia San Pedro, donde se encontraba su empresa de confección
de textiles, al igual que los otros tres comercios que allí laboraban.
Olga Gilá, Costarricense, propietaria de una residencia en la parroquia
Altagracia fue incluso agredida por un grupo de invasores, provenientes de
cariaco, que irrumpieron en el inmueble y se niegan a desalojar. He acudido a
la fiscalía, CICPC y otras autoridades y no he recibido ningún tipo de apoyo o
respuesta. En vista del desamparo decidió ofrecerles en venta la propiedad a
los invasores, ya que a raíz de toda esta situación sufrió un ACB y estos se
niegan totalmente a cualquier mediación. “Ya que ninguna autoridad nacional
presta ninguna respuesta hemos decidido acudir a instancias internacionales
para buscar algún tipo de justicia”, declaró.
Video : https://twitter.com/CarlosJRojas13/status/1530263178994663424
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