Marta de la Vega 23 de mayo de 2022
Las
palabras del rector de la universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno,
convertidas en leyenda desde el mismo 12 de octubre de 1936, cuando las
pronunció en el paraninfo de la institución frente al héroe militar fascista
José Millán-Astray en réplica a este, resuenan hoy para recordarnos que es
permanente la lucha entre barbarie y civilización, militarismo y civilidad,
arbitrariedad del poder y estado de derecho, represión y libertad, terrorismo
de Estado y respeto a los derechos humanos, muerte y vida.
La pendenciera acusación del gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacava, plasmada en una demanda penal sin fundamentos, que no sean los de su propia soberbia, personalismo y afán de someter, es el resultado del informe presentado por los admirados defensores de los derechos humanos, Alfredo Infante, Sacerdote Jesuita, del Centro Gumilla, y Marino Alvarado, de la organización Provea, acerca de las ejecuciones extrajudiciales que las fuerzas de seguridad del Estado cometen en distintas regiones del país y, en este caso, de la policía regional de Carabobo, en simulados enfrentamientos que terminan con la muerte de ciudadanos indefensos.
Actuar
por la vida es también proteger la dignidad de las personas, poner límites al
poder de quienes gobiernan en nombre de la gente, pero pervierten el sentido de
su función. La alianza entre estos dos organismos de la sociedad civil fue
motivada por la urgencia de monitorear las presuntas ejecuciones
extrajudiciales, en el afán de defender el derecho a la vida y restablecer el
estado de derecho, a fin de que haya verdad, justicia, reparación y no repetición.
Su
misión es apoyar a los familiares de las víctimas, pedir que se establezcan
responsabilidades ante los asesinatos y poner de relieve la grave violación de
un derecho fundamental e inalienable, para que la impunidad no triunfe y no se
imponga su sombra siniestra sobre la sociedad.
Los
indiciados por “difamación” han buscado precisar públicamente algunos aspectos
de su tarea y plantear su perspectiva frente a la acusación penal. No
se trata de una campaña contra ningún gobernador. Es una campaña a favor de la
vida. Los informes son nacionales, georreferenciales, no enfocados en
el Estado Carabobo. Se evidencia que en 2021 hubo en el país 1.414 ejecuciones
extrajudiciales. Entre las policías regionales, la del Estado Carabobo fue la
más letal con 221 asesinatos extrajudiciales. Por primera vez estas fuerzas del
orden superan los indicadores del Estado Zulia, cuya policía tradicionalmente
ha sido la más mortífera.
Esta
organización civil aspira a que se realicen las investigaciones judiciales, no
solo para que los familiares de las víctimas conozcan la verdad, sino para que
cese el círculo de impunidad, al acceder los afectados por estos crímenes,
extendidos trágicamente por todo el país, al derecho a la justicia y se
aseguren reparación y no repetición. Pedir esta investigación no es un favor ni
un delito, sino un deber y un derecho ciudadanos, amparados por la Constitución
vigente.
No se
trata solo de identificar a los ejecutores de los hechos, sino también a la
cadena de mando, hasta llegar al más alto nivel de gobierno. Desde los juicios
de Nüremberg contra los Nazis después de la segunda Guerra Mundial quedó
establecida dicha obligación en el Derecho Internacional.
Urge
una reforma policial integral y efectiva, que incluya la formación y calidad de
vida de los policías. La función de estos es cuidar la vida de la gente, no
eliminarla. A la vez, es indispensable no criminalizar a los jóvenes de los
sectores populares, pues casi el 100% de los ultimados son hombres, que no
sobrepasan los 25 años de edad. Lo que espera «Lupa por la vida» es la
colaboración de las autoridades para determinar si la ejecución fue un hecho
aislado o es parte de una política de Estado. Es clave fijar las
responsabilidades en la cadena de mando. Porque pareciera en el imaginario colectivo
que, para los planes de seguridad del Estado en Venezuela, ser joven, varón, de
origen humilde, residente en barrios populares, es equivalente a ser
delincuente, lo cual es una suprema injusticia.
Por
último, no hay nada personal contra el gobernador Lacava. Al contrario, se
espera de un buen gobernante que, una vez visibilizadas por un informe serio y
objetivo en defensa de los derechos humanos conductas contrarias al bien común
por quienes son sus subordinados y tienen la custodia de la vida y bienes de
los ciudadanos, el máximo funcionario de una región agradezca y colabore, al
presionar a la fiscalía para el esclarecimiento de los hechos delictivos. Así
se fortalecen las instituciones, se ejerce un poder justo y se cumple con el
quinto mandamiento bíblico, a favor de la vida y la convivencia pacífica.
Marta
de la Vega
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