Agencias 22 de mayo de 2022
Ella
custodiaba las riquezas de Venezuela mientras su esposo resguardaba la vida de
Hugo Chávez. Ambos, de carrera militar, exudaban poder y mantenían el orden en
sus asuntos, a ojos del pueblo. Aquella imagen de Claudia Patricia Díaz Guillén
y Adrián José Velásquez hoy palidece en los tribunales que les acusan de lavado
de dinero.
La
dupla se fue acercando al entorno más íntimo del fallecido presidente hasta
que, para el año 2010, ya prácticamente no había distancias: ella era
la enfermera de cabecera del mandatario y él dirigía el Departamento de
Seguridad del palacio presidencial.
En los dos años siguientes, su enriquecimiento creció exponencialmente y cruzó los límites de lo lícito, pues, según la fiscalía venezolana, fue en esos años cuando crearon siete empresas con ventajas fiscales en Panamá y una en Estados Unidos “para ocultar transacciones financieras irregulares”.
Ahora,
a sus 48 años, Díaz Guillén -conocida como la “enfermera de Chávez”-
pasa sus noches tras las rejas en una celda del estado de Florida, mientras
Velásquez, de 42, agota los recursos, ya casi inexistentes, para permanecer en
España y no seguir los pasos de su esposa, extraditada la semana pasada desde
el país europeo a EEUU.
Además,
ambos tienen deudas con la Justicia venezolana, que los reclama por delitos de
corrupción.
El
ascenso
Antes
de que Chávez enfermase de cáncer en 2011, su salud había estado supervisada
por un equipo médico del que formaba parte Díaz Guillén, una suerte de “favorita
presidencial” que impedía o facilitaba la interacción de funcionarios
con el mandatario, o al menos así lo describe una fuente consultada por EFE que
trabajó para el Gobierno durante aquellos años.
Mientras
tanto, Velásquez, el verdadero jefe de seguridad presidencial, rondaba
los 30 años y ya había trabajado para la Dirección de Contrainteligencia
Militar (Dgcim), un cuerpo acusado de cometer atropellos contra detenidos y que
ha estado en la mira de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de Naciones Unidas.
La
cercanía de Díaz con el presidente Chávez se fortaleció conforme ella avanzaba
también en la cartera financiera del país, donde ocupó el cargo de directora
nacional de egresos en 2008, cuando el gasto público de Venezuela se estimó en
más de 60 mil millones de dólares, para luego tomar las riendas del Fondo de
Desarrollo Nacional (Fonden).
Entre
enero y mayo de 2011, la sargento pasó de subdirectora a jefa
plenipotenciaria de la Oficina Nacional del Tesoro, dos cargos adjudicados por
Chávez en los últimos meses en que gozó de buena salud.
El
matrimonio, supuestamente enriquecido con más de 10 millones de dólares, salió
de Venezuela en 2013 para instalarse en España, poco después de morir su mentor
y entonces mandatario, y asumir el poder Nicolás Maduro, lo que supuso un
frenazo en seco en su escalada política y económica.
La
caída
Al
fallecer Chávez, Venezuela se convirtió en un lugar inseguro para ellos, al ser
el escenario donde, supuestamente, habían cometido numerosos delitos de
corrupción bajo el paraguas del todopoderoso presidente, que se cerró el mismo
día que su sucesor llegó al palacio presidencial de Miraflores.
Tras
un breve lapso residiendo en República Dominicana, se instalaron en
España con la confianza de estar a salvo de cualquier persecución o control,
pero la jugada no salió bien y ambos comenzaron a caer a la misma velocidad con
que se conocían nuevas acusaciones en su contra.
La
misma fuente, que pidió el anonimato, recuerda a la exenfermera como una
mujer “controladora” que era vista más como “una
especie de jefe de seguridad”, impresión que puede estar relacionada con la
formación militar de Díaz, que alcanzó el rango de sargento técnico de la
Armada venezolana.
Mientras
se trasladaban de un lugar a otro para garantizar su seguridad, las autoridades
venezolanas ponían la lupa sobre ellos y, en 2016, la fiscalía allanó varias
propiedades del matrimonio en el país caribeño y comenzó una investigación que
duró más de dos años.
Durante
los registros “se les detectaron innumerables técnicas de legitimación
de capitales y enriquecimiento ilícito que les obliga a comparecer ante las
autoridades competentes de Venezuela”, razón por la que el país
caribeño solicitó a España su extradición en 2018, según el fiscal general,
Tarek Saab.
El 25
de octubre de 2018, la Audiencia Nacional de España aprobó la extradición de
Díaz Guillén, requerida, junto a su esposo, por los delitos de legitimación de
capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento en su propio país,
explicaron a EFE fuentes de la Fiscalía.
Pero
España revirtió su decisión, al considerar que en Venezuela corría “peligro
su integridad”, un argumento que la fiscalía de la nación suramericana
rechazó por ver en este giro “una decisión política, motivada por el
apoyo brindado por el Gobierno español” a la oposición.
Sin
embargo, pese a lograr esquivar, hasta el momento, la Justicia venezolana, no
lograron lo mismo con la española -que los investiga por blanqueo de capitales-
y la estadounidense, que mantiene la solicitud de extradición de Velásquez, y
juzga a Díaz Guillén por su presunta participación en una trama de lavado de
dinero y cambio de moneda.
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