Marta de la Vega 06 de junio de 2022
La
primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia puso en evidencia
la aguda polarización de un país escindido entre el deseo de inclusión y de
justicia social, la necesidad de acabar con la corrupción como mecanismo de
participación de los distintos sectores y la urgencia de un cambio estructural
que apunte a la rectificación de los efectos perversos del amiguismo y el
cacicazgo en la práctica del poder en las regiones, que afiance a la vez transparencia,
ética y probidad de los funcionarios públicos, sean estos electos o designados.
Pero, sobre todo, reveló el fracaso de la política tradicional y de sus élites. Han sucumbido en esta batalla electoral los partidos políticos hegemónicos, los dirigentes que habían sido referentes consagrados en la vida nacional, los líderes y movimientos del statu quo.
La
corrupción que carcome las bases de la democracia y la impunidad que la
facilita, un sistema de justicia inoperante, además del manejo impúdico de los
recursos del Estado y la desviación de fondos para favorecer a individuos o
parcialidades políticas, o intereses particulares y partidistas en detrimento
de las colectividades y en sentido opuesto a la misión y los fines del Estado,
han sido los detonantes del vuelco de los electores hacia candidatos que
expresan la lógica antisistema.
Los
resultados obtenidos obligan a una segunda vuelta o balotaje. Los escogidos, en
orden de preferencia, son Gustavo Petro, con el 40,3% de las votaciones,
Rodolfo Hernández, con el 28,1% y Federico Gutiérrez, con el 23,9 % de los
sufragios. Los tres fueron alcaldes de Bogotá, Bucaramanga y Medellín
respectivamente. Los dos últimos tuvieron un desempeño muy exitoso en el
ejercicio de sus gobiernos, mientras que el primero hizo una gestión bastante
polémica y cuestionable en la capital de la república.
Podemos
decir que Petro es un político curtido, populista y complaciente con políticos
de dudosa reputación como Roy Barrera, Armando Benedetti o el convicto por
gravísimos escándalos de corrupción, Emilio Tapia, coterráneo del jefe del
«Pacto Histórico». Este depuso la violencia guerrillera subversiva con su
filiación al llamado M-19 por la acción política y la legalidad. Ha
interactuado de manera confrontativa con líderes del establishment como
el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero no se ha desligado con claridad de
delincuentes y grupos criminales, como el ELN, algunos cabecillas de las FARC y
de sus disidentes, el cartel narcotraficante conocido como el Clan del Golfo o
regímenes como el del usurpador tirano Nicolás Maduro.
Hernández
aparece como un outsider, empresario recién llegado a la política,
que también ha sido cuestionado, como antes Petro, por supuestos actos de
corrupción y tiene una causa judicial abierta en este sentido. Con rasgos
populistas, está decidido a acabar con la corrupción endémica del sistema
político colombiano. Repudia las componendas «politiqueras», usa un lenguaje
llano, «claro y raspao», a veces vulgar, y propone soluciones para frenar el
despilfarro, la recuperación del dinero público para destinarlo a programas de
desarrollo social; aspira a lograr una política de transición energética
paulatina con el apoyo de la principal empresa de hidrocarburos, Ecopetrol, una
estrategia productiva de sustitución de importaciones enfocada principalmente
en el desarrollo económico del campo y la mejora de las condiciones materiales
de vida rural mediante programas de educación y promoción social.
Federico
Gutiérrez es un líder emergente, al que no se le ha podido indiciar de actos de
corrupción ni malos manejos públicos. Principalmente conocido en el ámbito
regional en el que desplegó su área de influencia, no es por casualidad que
ganó solamente en dos de los departamentos «paisas»: Antioquia y Quindío.
Petro, en cambio, sin duda un líder nacional, ganó en diecinueve de los
departamentos, los que abarcan las costas del Atlántico y del Pacífico, así
como en las regiones del sur y oriente del país, marcadas precisamente por la
presencia y control de grupos irregulares, por las zonas de cultivos ilícitos y
las rutas del narcotráfico.
Hernández,
considerado una figura de la antipolítica, resultó victorioso en trece de los
departamentos, especialmente en el centro y nororiente del país. Esta
preferencia de los electores por el ingeniero demuestra el hartazgo de la
población y la fatiga generalizada ante los vicios de los «gamonales» de la
política.
Los
dos candidatos que pasan a la segunda vuelta tienen a mujeres como
vicepresidentas. Ambas son afrodescendientes. A pesar de la imagen
estereotipada de que tal cargo es inocuo, casi de «jarrón chino», al menos
Marelen Castillo no parece estar dispuesta a quedarse quieta o callada. Al
contrario. Es muy católica, viene de sectores modestos y es un ejemplo de
superación. Muy bien preparada como académica y como profesional universitaria,
ha ejercido responsabilidades de alto nivel; puede contrarrestar la actitud
frontal y soez de Hernández, su trayectoria con historias graves de falta de
escrúpulos en su carrera de constructor como ingeniero civil y abre una
posibilidad diferente a la de la vicepresidenta de Petro, Francia Márquez,
activista ambiental.
La
democracia significa también un modo ético de convivencia pacífica y es el
sistema político que mejor responde a las demandas sociales porque, a pesar de
sus fallas, ha demostrado históricamente ser el mayor garante de las
transformaciones institucionales y de los procesos de cambio social en función
del bien común y del desarrollo individual, sin violencia ni conflictos.
La
crisis de la democracia y la consecuente desconfianza en sus instituciones
exige, no su desmantelamiento sino su profundización. Implica, no la
repartición de cargos por parcelas de poder sino establecer los méritos y
disposición de servicio al país como criterios en la escogencia de los funcionarios
públicos; consolidar la separación y contrapesos de los poderes públicos, y
sanear los procedimientos e instrumentos de la acción estatal.
El 19
de junio de 2022 se vota en Colombia o por un oscuro resentimiento y
revanchismo que torpedean el Estado social de derecho y la democracia
libertaria o, con la participación de los ciudadanos, por un futuro luminoso,
de inclusión social y sentido del logro.
Marta
de la Vega
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