Humberto García Larralde 26 de julio de 2022
La
posibilidad de negociar con el chavo-madurismo bases mínimas de un acuerdo para
superar la terrible tragedia que sufren los venezolanos, descansa en la
suposición de que podemos entendernos y que estamos dispuestos a ello, que
usamos palabras con igual significado y hacemos referencia a una misma
realidad, aun discrepando en la manera como abordarla. Pero tal obviedad no
está dada.
Si hay algo que caracteriza a regímenes de naturaleza fascista es su sujeción a una realidad alternativa, construida con base en símbolos que sirven para proyectar una visión maniquea, moralista, de la lucha política, según la cual los buenos (“nosotros”) enfrentan a los enemigos del pueblo –aquellos que no se pliegan a los designios de la patria declaradas por el líder– para asegurar su necesaria derrota. De ahí la preeminencia de la jerga militar, de conspiraciones hostiles y de la búsqueda de culpables. En el caso venezolano, Chávez erigió esa falsa realidad invocando la lucha independentista, posicionándose como una especie de Bolívar redivivo y descalificando a todos que se le opusieran como “traidores”. Campañas de odio llevaron al acoso y la discriminación de estos “apátridas” y a la suspensión progresiva de sus derechos. En absoluto había interés en entenderse con estos; había que aplastarlos.
Pero
esto es historia conocida. El abandono del “socialismo del siglo XXI” con el
levantamiento de los controles, la dolarización de las transacciones y ciertas
privatizaciones, ¿no indicaría que estamos, hoy, frente a una realidad
distinta, que permite pensar que, al fin, el oficialismo empieza a entender la
realidad del país? Pero ahí está Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV,
recogiendo la costumbre del nefasto Motta Domínguez, de acusar, ahora no a las
iguanas o a un francotirador por la caída del servicio eléctrico, sino al
gobierno estadounidense por la ruptura de una tubería de gas. El ministro de
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, se molesta por la
denuncia que hace Valentina (¡valiente!) Quintero, del cobro de matraca por
militares en las alcabalas, denuncia repetida innumerables veces por
agricultores del Táchira, ganaderos y comerciantes en general. Declara que es
irresponsable “opacar la labor policial y militar enmarcada en la ética
profesional de quienes se dedican a la protección, defensa y servicio al pueblo
venezolano, poniendo a un lado su propia seguridad”. ¿En qué país vive este
señor? Con los miserables sueldos que se les paga y el patrón que exhiben sus
superiores, ¿por qué no la extorsión? El expolio de oro y coltán en Guayana, la
negociación de crudo, el contrabando de hierro y cabillas, el narcotráfico y
mucho más, dan cuenta de esta supuesta “ética profesional”. Cuentan, además,
con una impunidad cómplice al ser ensalzado como herederos del Ejército
Libertador. Y se lo creen.
El
problema está en que los militares traidores que sostienen a Maduro se
comportan, en realidad, como un ejército de ocupación. Sus patrones,
referencias y su desprecio por el mundo civil, inculcados por la retórica
patriotera de Chávez, reflejan la convicción de ser dueños del país, ungidos
por la Patria. Permanecen anclados en esta visión retrógrada y primitiva porque
les absuelve sus atropellos. Ampara, además, sus pretensiones patrimoniales
como columna vertebral de un sistema que expolia a la nación. ¿Dónde están los
resguardos institucionales que limitan el abuso de quienes tienen el poder de
las armas? ¿Cómo ponerles coto a sus arbitrariedades en zonas fronterizas, en
Guayana? ¿Y las torturas en la DGCIM y el SEBIN? ¿Es parte de la “protección,
defensa y servicio al pueblo venezolano”?
Pero,
algunos aparentan no estar anclados en el pasado. El propio protegido por este
gorilismo, Nicolás Maduro, anuncia medidas de apertura para atraer inversiones.
Rompe con el hechizo que lo ataba al charlatán español, Serrano Mancilla –aquel
que lo había convencido de que el financiamiento monetario del gasto no era
inflacionario– para suspender, primero, los controles de precio y permitir la
libre circulación de la divisa. Y, para darles contenido, contrae drásticamente
el gasto público, en el más rancio sentido neoliberal, y asfixia el crédito con
encajes prohibitivos para contener la hiperinflación. Y combina lo anterior con
la quema de escasas divisas para estabilizar el precio del dólar.
La
economía privada no podía dejar de responder a este pequeño respiro.
Entusiasmado, Maduro, lanza ahora un folleto anunciando las maravillas que
aguardan a quien invierta en el sector de hidrocarburos. Salvando el pésimo
gusto de ponerle el nombre de Hugo Chávez Frías a la Faja petrolífera del
Orinoco, sorprende que proyecta la imagen de una industria integrada:
yacimientos, gasoductos, mejoradores de crudo, oleoductos, refinerías y
empresas petroquímicas asociadas, operando al unísono, sin problemas. Y con las
mayores reservas probadas del mundo. El folleto culmina con una serie de
incentivos dispersos acumulados en distintos instrumentos jurídicos aprobados
por el chavismo, incluida una “Ley (in)constitucional de Inversión Extranjera
Productiva” aprobada en 2017 por la infausta asamblea constituyente. Cierra con
alusiones a la Ley de Zonas Económicas Especiales y una extraña referencia a la
“Ley Antibloqueo” como “mecanismo de protección de los activos públicos y de
los socios e inversores del país” (¡!). Todo el mundo sabe que esta ley se
aprobó para evadir controles y la rendición de cuentas al privatizar, bajo el
amparo de condiciones de confidencialidad otorgadas a discreción.
En
fin, nos enfrentamos a una oligarquía opresiva cuyo componente militar sigue
viendo a Venezuela como su coto particular de caza, mientras Maduro intenta
cambiar la narrativa para atraer inversiones. ¿Rompe con el pasado? El folleto
referido se delata con una foto a toda página, al comienzo, de un “comandante
eterno” visionario oteando el futuro, acusa a las sanciones impuestas por los
EE.UU. del deterioro de PdVSA, y repite frases emblemáticas de los planes
chavistas (“Suprema Felicidad del Pueblo”). Maduro va a tener que ir más allá
si quiere, de verdad, atraer inversiones. ¿O se trata sólo de un expediente
temporal para solventar problemas de caja? Hechos valen más que palabras.
Garantías, acuerdos bilaterales / multilaterales de inversión, financiamiento,
la taquilla única ofrecida, respuesta oportuna de la Administración Pública y,
por supuesto, servicios públicos –agua, luz, gas, seguridad, infraestructura
vial, de puertos y aeropuertos—confiables. Incompatible con el sistema de
expoliación que ha servido hasta ahora como base del apoyo prestado por
militares traidores, cobijada en mitos revolucionarios. Se pone a prueba la
autenticidad de la “normalización” alardeada por Maduro.
Es
posible que la dinámica desatada por estas medidas de liberalización, hasta
ahora incompletas e inconexas, pueda plasmarse en aspectos de una
institucionalidad favorable a la iniciativa privada y ello permita aprovechar
las enormes potencialidades existentes en el país para que los venezolanos
vayan conquistando, para sí, medios para una vida digna. Pero los intereses
atrincherados en el sistema de expoliación existente se resistirán a abandonar
sus privilegios. Muchos se amparan en el imaginario construido por Chávez para
desentenderse de toda presión de cambio.
Toca a
las fuerzas democráticas aprovechar la promoción anunciada por el gobierno para
recoger las aspiraciones de mejora de la gente y presionar por la concreción de
las reformas ahí implícitas. Y ojo, de ser sincero Maduro, muy probablemente
quiera ir hacia alguna modalidad del modelo chino, con control centralizado y
derechos restringidos. Y lo haría lentamente, para evitar afectar intereses. No
hay nada que indique, hasta ahora, que lo anunciado redunde en una ampliación
de los derechos civiles y políticos de los venezolanos y el retorno a un
eventual Estado de Derecho.
No hay
sustituto de una fuerza democrática mayoritaria, consustanciada con una
plataforma política unitaria de cambio, para forzar, cuanto antes, las
condiciones que nos permitan salir de esta tragedia.
Humberto
García Larralde
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